Universia convoca 1.500 nuevas
becas de movilidad

Madrid. Universia, la mayor red de universidades del mundo, ha celebrado su VII Junta General de Accionistas en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, en Santander. En el acto, que ha contado con la asistencia de la totalidad de los accionistas (75 universidades españolas e instituciones de educación superior socias de Universia España) se ha repasado la actividad desarrollada durante 2006 y se han abordado los planes futuros de esta red, que engloba ya a 985 universidades en España, Portugal y Latinoamérica.
Presidieron el encuentro Emilio Botín, presidente de Universia; Federico Gutiérrez-Solana, rector de la Universidad de Cantabria; Juan A. Vázquez, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), y Jaume Pagès, consejero delegado de Universia.
Emilio Botín afirmó con satisfacción que, en el 150 aniversario del Santander, que se celebra en este año, la colaboración con el mundo universitario se ha consolidado como una seña de identidad del banco que preside. Universia se creó en el marco de esta relación con las universidades, que la entidad bancaria inició en 1996 al firmar un convenio, precisamente, con la Universidad de Cantabria. Para la gestión de su colaboración con el ámbito académico, el Santander ha creado recientemente su División Global Santander Universidades.
El presidente de Universia insistió durante su intervención en el papel fundamental para el desarrollo económico y social que ha desempeñado en los últimos veinte años la Universidad como “clave para la modernización y conformación de la España actual” y añadió que “el desarrollo futuro y la innovación de nuestro país pasa por la potenciación de nuevos sectores económicos”, que consideró “inconcebible sin la participación directa de la Universidad”.
Botín se mostró convencido de la necesaria internacionalización de la Universidad española en un mundo cada vez más globalizado, y aprovechó este marco para anunciar que el Santander, que en 2006 financió más de 10.000 becas para universitarios de 21 países, ampliará estas ayudas y concederá en 2007, con motivo del 150 aniversario del banco, 1.500 nuevas becas para favorecer la movilidad geográfica entre estudiantes y profesores de España, Portugal y países latinoamericanos. Según precisó Botín, “se trata de un primer paso para la creación de un Erasmus Iberoamericano”.
El objetivo es ayudar a la incipiente creación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, proyecto en el que Universia desempeña ya un importante papel. Emilio Botín recordó algunas iniciativas de cooperación promovidas por la red en el seno de la comunidad universitaria iberoamericana, como OpenCourseWare-MIT, a través del que las universidades ofrecen acceso libre a sus contenidos docentes, y del que forman parte, por el momento, catorce instituciones académicas españolas, cuya participación coordina Universia.

Red de oportunidades. Sobre las nuevas tendencias de Internet y las oportunidades que ofrece para la innovación en contenidos y servicios universitarios centró su intervención Jaume Pagès, consejero delegado de Universia. “Desde Universia queremos ayudar a las universidades a construir el futuro. Un futuro que bajo el nombre de web 2.0 nos presenta nuevos retos ligados a la interactividad, la creación de comunidades, la sindicación de contenidos, el desarrollo multimedia y, en definitiva, el aumento de la participación de los usuarios, el activo principal”.
En el marco de las actividades paralelas al desarrollo de la Junta General de Universia, se celebró la reunión mundial del Consorcio OpenCourseWare con la presencia de universidades de diferentes partes del mundo.
La realización de este encuentro permite a Universia vincularse más con esta iniciativa de colaboración mundial, en la que participan más de 100 instituciones vinculadas con la educación superior ( Austria, Canadá, China, Colombia, Francia, Japón, Korea, México, Holanda, Arabia Saudi, Sudáfrica, España, Portugal Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Vietnam).
Entre los asistentes al encuentro figuraban John Dehlin, director del Consorcio OCW; Anne Margulies (Executive Director MIT OCW),  y Catherine Casserly y Susan Bell, rRepresentantes de la Hewlett Foundation.
El encuentro también contó asimismo con la participación de Tom Caswell, de la Utah State University, creador de la herramienta de administración y publicación de contenidos en código abierto que utilizan la mayoría de las universidades, y David Wiley pionero de la utilización del contenido abierto.
Durante dos días, estos profesionales reflexionaron y debatieron sobre las últimas tendencias relacionadas con la publicación de contenidos docentes en abierto en Internet.

CC.OO propone que el informe sobre financiación universitaria sea el punto de partida para un debate social y político

Madrid. La Federación de Enseñanza de CC.OO. considera que el informe “Financiación del sistema universitario español: valoración de la situación actual, objetivos e instrumentos para alcanzarlos”, presentado el pasado 24 de abril por la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, en el Consejo de Coordinación Universitaria, “debe ser un punto de partida y nunca un documento definitivo”.
En una nota informativa, este sindicato precisa que “este documento debe dar pie a un profundo y sereno debate en el seno de las universidades, de la sociedad en su conjunto y del Parlamento, con el fin de alcanzar un consenso político y social amplio y sólido sobre la política de financiación de las Universidades que España necesita para los próximos años”.
El informe, elaborado por  la Comisión de Financiación del Consejo de Coordinación Universitaria, compuesta por 14 expertos y creada el 24 de julio de 2004, señala que el sector universitario necesita una revisión en profundidad de sus complementos de productividad docente e investigadora, y propone la creación de otros diferentes a los ahora existentes. Los profesores se someterán voluntariamente a la evaluación de una agencia estatal, que será competente para aprobar la concesión o la denegación de los mismos. La productividad del complemento por gestión se evaluará tras cumplir un mandato en el cargo.
También se propone la creación de un fondo estatal (con dotación de la Administración General del Estado y abierto a la participación de las comunidades, fundaciones, corporaciones y empresas) para premiar con más fondos a las universidades que más patentes y publicaciones acrediten. Sin dejar de lado la investigación básica, se pide empezar a tener en cuenta su posible aplicación práctica a la hora de financiarlos y se propone que uno de los criterios para conceder recursos sea la cantidad real destinada a investigación el año anterior.
El informe defiende que la determinación por parte de las Comunidades Autónomas de la subvención anual a las universidades públicas para servicios educativos oficiales, se realice según un modelo de costes de referencia que diferencie expresamente el componente destinado a la capacidad investigadora, asociada a su personal docente e investigador y recomienda que el cálculo de las subvenciones anuales se formule según la variable básica de la demanda realizada directamente por los estudiantes y, específicamente, que se utilice la de los de nuevo ingreso anual ponderada con la tasa de objetivo de permanencia.

Transparencia informativa. En el documento se defienden pautas de transparencia informativa y rigor de ejecución en las políticas y modelos de financiación, que tendrían vigencia plurianual atendiendo a variables objetivas de actividad y resultados, penalizando las prácticas ineficientes, intervencionistas o proteccionistas. Un 15% de la financiación se haría por resultados, suponiendo un incentivo y cierto nivel de riesgo si el cumplimiento es bajo.
El informe considera que el esfuerzo fiscal que requiere la efectividad de dicha propuesta es "viable y compatible" con el actual contexto económico español y el de las finanzas públicas de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Propone ampliar la financiación universitaria en un total de 2.733 millones de euros en cinco años, que se conseguiría a través de un esfuerzo compartido del sector público y privado, en un 80 % (2.186 millones) y un 20 % (547 millones), respectivamente.
Esto supone pasar de una inversión del 1,22 al 1,5 % del Producto Interior Bruto (PIB) para el sistema de enseñanza superior. También se aumentarían los recursos de las universidades destinados a investigación y desarrollo, llegando al 0,5% (hoy es el 0,32%). Los resultados de la investigación de la universidad española están bastante lejos del primer nivel: las publicaciones científicas son la mitad que en los países punteros de Europa y la cantidad de patentes que salen de las universidades es ínfima. El informe considera que la implantación del nuevo modelo de enseñanza para adaptarlo a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) requerirá una esfuerzo económico adicional de entre el 0,10 y el 0,12% del PIB.
Del total de la ampliación de recursos económicos sugerida, 800,5 millones de euros serían aportados por las Comunidades Autónomas con destino a la mejora de la calidad educativa y al equilibrio de la capacidad de I+D+i de las universidades. La Administración del Estado asumiría también la ampliación de las becas (244 millones). El crecimiento de las becas y ayudas lo justifican en que garantizare la igualdad de oportunidades, ya que la dimensión de los recursos destinados a este fin es la mitad de la de los países de la OCDE. Se diferenciarían los precios públicos por niveles académicos y de acuerdo con el grado de experimentalidad de cada plan de estudios.

Las universidades disponen de tres años para adaptar sus estatutos a la reforma de la LOU

Madrid. Las universidades disponen de tres años para adaptar sus estatutos conforme a lo dispuesto en la modificación parcial de la Ley Orgánica de Universidades. Mientras tanto, los Consejos de Gobierno de las universidades podrán aprobar la normativa de aplicación que sea necesaria para el cumplimiento de lo establecido en la reforma legislativa, publicada el pasado 13 de abril por el BOE.
Dentro de cuatro meses como máximo, el Gobierno aprobará el reglamento del sistema de acreditación y los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios, una de las claves de la nueva ley.
En el plazo de un año el Gobierno aprobará el estatuto del personal docente o investigador y el del alumno universitarios, que incluirá la previsión de constituir el Consejo Estatal de estudiantes.
Dos años después de la entrada en vigor, el Ejecutivo presentará en el Congreso de los Diputados un informe sobre el impacto de los cambios que introduce la ley en relación con la incorporación de profesores funcionarios a empresas de base tecnológica.
Dentro de doce meses, la Conferencia General de Política Universitaria, formada por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, habrá elaborado un modelo referencial de costes que facilite a los poderes públicos el establecimiento de una financiación “adecuada” de las universidades públicas.
La reforma de la LOU, aprobada por las Cortes con la única oposición del PP, pretende potenciar la autonomía de las universidades y permitirles una mayor flexibilidad de organización. Al mismo tiempo, les exigirá más responsabilidad social en la rendición de cuentas y la transferencia de conocimiento a las empresas.