Madrid. G. A.
El Consejo de Ministros ha ratificado los acuerdos adoptados el pasado 20 de marzo por la ministra de Educación y Ciencia y los consejeros de Educación autonómicos, sobre la distribución de más de 382 millones de euros para financiar diversos aspectos relacionados con el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en las diferentes comunidades. En el número 806 de COMUNIDAD ESCOLAR informábamos sobre esos acuerdos de la Conferencia Sectorial, entre los que desatacan el reparto de 285.995.000 euros para hacer efectiva la gratuidad del segundo ciclo de la Educación Infantil.
Esta etapa educativa no es obligatoria pero sí gratuita, y afecta a niños de entre tres y seis años. La citada asignación presupuestaria proviene de los compromisos económicos recogidos en la Memoria Económica de la LOE, y se suma a los 175.000.000 euros destinados por el Gobierno en 2006 al mismo concepto. Entre los criterios de distribución de estos fondos destaca la población de tres a cinco años estimada a 1 de enero de 2008, con una ponderación del 63%, y la población total en dicha fecha, con un 31% de ponderación. También se ha tenido en cuenta la superficie (4,2%), la dispersión de la población (1,2%) y, en su caso, la insularidad (0,6%).
En consecuencia, las comunidades que van a recibir más fondos por este concepto son Andalucía, con 52,5 millones de euros; Cataluña, con 45,3 millones; Madrid con 39,9 millones; y Valencia, con 30 millones; mientras que en la cola se sitúan La Rioja, con 1,9 millones; Cantabria, con 3 millones; y Asturias, con 5,6 millones. La gratuidad de la Educación Infantil en Navarra y en el País Vasco se hará efectiva de conformidad con sus regímenes de financiación específicos.

Mejorar el rendimiento escolar

El Ejecutivo también ha aprobado la distribución de otros 56.963.800 euros entre las comunidades autónomas, para suscribir convenios en el marco de la implantación de la LOE. Esta partida se destinará específicamente a formación del profesorado, apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras (Programa PALE), al programa de mejora del éxito escolar, y al programa para disminución de las bolsas de abandono temprano de la escolarización. Para financiar estas iniciativas el Estado asumirá el 40% del gasto total, mientras que cada comunidad aportará el 60% restante. Andalucía también es la comunidad que recibe más aportación por este concepto, con 13,7 millones, seguida por Cataluña con 8,4 millones y por Madrid y la Comunidad Valencia, con 6,3 millones cada una, frente a los 356.932 euros de La Rioja.
Además, el Consejo de Ministros ha confirmado igualmente la distribución de otros 30.261.300 euros, para aumentar hasta los 2.500 el número de centros educativos que cuentan con Planes de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), para atender a población escolar con una proporción significativa de alumnos “en situación de desventaja socioeducativa”. Este programa se puso en marcha de manera experimental en 2005, adelantando algunas de las medidas de la LOE contra el fracaso escolar. Andalucía recibirá 7.9 millones, Cataluña 3,5 millones, la Comunidad Valenciana 3,2 millones y Madrid 2,8 millones, mientras que La Rioja percibirá 202.102 euros.

Bibliotecas y APAs

Asimismo, se ha acordado destinar 9 millones de euros para ayudar a las administraciones educativas autonómicas a mejorar sus bibliotecas escolares, cantidad que se suma a los otros 9 y 25 millones invertidos en 2006 y 2005, respectivamente. Por último, se van a distribuir 637.280 euros entre las comunidades autónomas, para que concedan ayudas a las confederaciones y federaciones de asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (APAs) que su ubican en sus territorios en el año 2007.
La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha manifestado que “estas cantidades son una muestra muy clara del cumplimiento con los compromisos que acompañaron a la aprobación de la LOE y la Memoria Económica que la acompaña”. Y ha destacado la decisión de cofinanciar estos programas entre el MEC y las comunidades autónomas, porque “el establecimiento de unos objetivos comunes es un instrumento fundamental de vertebración del sistema educativo”. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que “cuando hablamos de educación, cualquier cifra de inversión encierra una importantísima expectativa de rentabilidad futura”.