La Conferencia Episcopal Española emite
un documento sobre la LOE y su desarrollo
En la declaración se afirma que la asignatura de Educación para
la Ciudadanía es “inaceptable en el fondo y en la forma”
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado en Madrid una reunión en la que los obispos han reflexionado sobre la situación de la enseñanza en España y han aprobado una declaración titulada “La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarrollan y los derechos
fundamentales de los padres y escuelas”.
Foto: Rafael Martínez

Madrid.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ofreció una rueda de prensa para informar de los trabajos de dicha reunión de la Comisión Permanente de la CEE, en la que, tras dar a conocer la declaración emitida al final de la misma, reiteró “su esperanza” de que la Conferencia Episcopal “no se verá obligada a emprender acciones legales para regular el estatuto jurídico de los profesores de Religión en la LOE, conforme a los Acuerdos con el Estado”, y ante tal posibilidad aseguró que “todavía hay tiempo, ya que el real decreto que desarrolla esta cuestión es aún un borrador y, por lo tanto, pueden alcanzarse acuerdos”.
Martínez Camino indicó asimismo que, tras la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, “esperamos que se contribuya a estos acuerdos, y se logre la completa seguridad de que la autoridad de la Iglesia puede garantizar a los padres la idoneidad de los profesores de Religión para impartir esta asignatura a quienes voluntariamente la soliciten”, y respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que comenzará a impartirse en el próximo curso escolar, afirmó que la objeción de conciencia “es un medio legítimo”, y que los padres “harán muy bien” en recurrir a ella para defender “su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos”.
Los obispos miembros de la Comisión Permanente de la CEE entienden que “vivimos un momento decisivo para el futuro de la educación”, y presentan en la declaración una valoración detenida de la LOE y los Reales Decretos que la desarrollan.

Cuatro epígrafes

El documento se estructura en cuatro epígrafes principales: “La enseñanza de la Religión católica”, “El profesorado de Religión católica”, “La Educación para la Ciudadanía” y “Las libertades de enseñanza y de elección de centro educativo”.En el documento se precisa que “la Comisión Mixta Iglesia-Estado se ha reunido cuatro veces a lo largo del año 2006 para hablar sobre los Reales Decretos que habrían de desarrollar las Disposiciones adicionales de la LOE tocantes al estatuto de la enseñanza y al del profesorado de Religión católica. En esta fase, las autoridades gubernamentales han hecho un esfuerzo de diálogo y aproximación que agradecemos. Sin embargo, no se ha llegado a unos Decretos que podamos valorar como satisfactorios. La enseñanza de la Religión no es regulada de modo que queden a salvo los derechos de todas las partes implicadas. Es lo que ahora, una vez publicados ya casi todos los Decretos, queremos comunicar a la opinión pública. Además deseamos valorar también otros aspectos de la LOE y de su desarrollo administrativo que estimamos que vulneran los derechos que asisten a los padres en la educación de sus hijos, tanto en el campo de la determinación de la educación moral que deseen para ellos, como en el de la libre elección de centro educativo”.
En una nota informativa se señala que, con respecto a la enseñanza de la religión, los obispos consideran que, en la Ley y en los Reales Decretos que la desarrollan, “carece de la seriedad académica que reclama el derecho de quienes la solicitan libremente, es decir, cerca del 80% de los padres”, y en texto se precisa que “contrariamente a lo que se estipula en los Acuerdos Iglesia-Estado, en la LOE esta enseñanza no es tratada como equiparable a una asignatura fundamental”.
A este respecto, en el citado documento se argumenta que “la Ley introduce una nueva regulación del profesorado de Religión que no responde satisfactoriamente ni a los compromisos adquiridos por el Estado con la Iglesia Católica, ni a la jurisprudencia sobre la materia. Se asimila la situación legal de los profesores de Religión en las escuelas estatales a las formas contractuales generales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, no reconociendo suficientemente el carácter específico de su trabajo, derivado de la misión canónica que les encomienda la enseñanza de la religión y moral católica”.

Educación para la Ciudadanía

En la nota informativa de la CEE sobre el documento elaborado por los obispos se afirma que la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía es una formación estatal obligatoria de las conciencias, y se precisa que si el texto de la Ley dejaba algún margen para la duda, los decretos que la desarrollan establecen expresamente que dichas enseñanzas pretenden formar, con carácter obligatorio, “la conciencia moral cívica” de todos los alumnos en todos los centros.
“La autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos: ni la supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra”, se señala en el documento, y a este respecto se significa que “esta Educación para la Ciudadanía de la LOE es inaceptable en la forma y en el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona. Por todo ello, esta nueva asignatura reclama una actuación responsable y comprometida por parte de los padres y de los centros educativos”.
En este sentido, en el documento se señala que “los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos. Los centros católicos de enseñanza, si admiten en su programación los contenidos previstos en los Reales Decretos, entrarán en contradicción con su carácter propio, informado por la moral católica. El Estado no puede obligarles a hacerlo, si no es vulnerando el derecho a la libertad de enseñanza y a la libertad religiosa”.
Por otra parte, más de treinta asociaciones se han unido para “animar a los padres y a los alumnos a ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía”, por considerar que ésta pretende “adoctrinar a los escolares”. Entre estas asociaciones figuran el Foro de la Familia, la Confederación Nacional Católica de Padres (CONCAPA), la patronal de centros educativos CECE, la Asociación de Profesores de Secundaria y la organización estudiantil Novillada.org .

 

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