El plan policial contra las drogas en el
entorno escolar entra en su quinta fase
Las asociaciones de padres elogian la medida y reclaman una mayor política preventiva
El plan policial contra el menudeo de drogas en las proximidades de  escuelas y colegios entrará en su quinta fase, que pondrá especial atención a los centros de Secundaria, en los que preocupan otros asuntos como el acoso escolar o las peleas,
a los que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) intentarán también dar respuesta.
Desde la puesta en marcha del plan policial contra
el menudeo de drogas en
el entorno de los centros educativos se han practicado 200 detenciones. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid.
Según informaciones de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, la actuación de las FSE en el ámbito de aplicación del plan contra el menudeo de drogas en el entorno de los colegios, que entró en  vigor el pasado mes de enero, ha

reducido la oferta de las sustancias estupefacientes en los centros escolares. Por ello, el plan se seguirá aplicando y entrará en su quinta fase, que pondrá especial atención en los centros de Secundaria, en donde se ha detectado una mayor presencia de tráfico de drogas.
Los agentes vigilarán el entorno de estos centros para evitar el tráfico minorista de drogas, pero además, paralelamente, intentarán dar una respuesta más ágil y eficaz, según la Dirección General, a los asuntos que más preocupan a la comunidad escolar, es decir, no sólo a la seguridad y las drogas, sino también al acoso escolar ("bullying"), las agresiones sexuales, sustracciones o peleas.
El pasado 23 de octubre el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, ya abordó estos problemas durante la inauguración del primer curso de seguridad y fenómenos sociales emergentes. Mesquida comentó entonces que los responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio de Educación estaban trabajando para establecer mecanismos de colaboración y coordinación en la lucha contra algunos fenómenos sociales emergentes, como el acoso escolar y las bandas juveniles.
Mesquida valoró los resultados del plan contra el consumo y tráfico de drogas en los centros educativos: en las cuatro fases anteriores se practicaron 201 detenciones, se desmantelaron 89 puntos de venta y se incoaron 4.877 denuncias por tenencia y consumo de droga. Además, se intervinieron diversas drogas y sustancias estupefacientes, entre ellas, 18 kilos de hachís, 3,7 kilos de marihuana y algo más de 2 kilos de cocaína. Asimismo, las FSE incautaron de 312 unidades de éxtasis y otras 331 unidades de otros psicofármacos, lo que pone de manifiesto, según las FSE, la gran variedad de sustancias estupefacientes que se comercializan en el entorno de los centros educativos.
La puesta en marcha del plan intensificó las reuniones policiales con directores de colegios, las asociaciones de padres de alumnos y otros agentes sociales del entorno educativo. Además, los dispositivos policiales se intensificaron en horarios de entrada, salida y recreos, y determinadas “rutas escolares” procedentes de localidades concretas fueron también controladas por los agentes de las FSE

Las asociaciones de padres apoyan el plan

La Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA) y la Confederación Nacional Católica de Padres (CONCAPA) elogiaron el plan policial contra el menudeo de drogas en las proximidades de las escuelas, cuya quinta fase entrará en vigor, pero echaron en falta una mayor política preventiva.
Tanto el presidente de la CONCAPA, Luis Carbonell, como el vicepresidente de la CEAPA, Ginés Martínez, coincidieron en destacar la importancia de la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas en los centros escolares, pero ambos también convinieron en la necesidad de fortalecer las políticas preventivas.
Martínez consideró que la “prevención real” es el elemento que hay que introducir en las escuelas, desde los primeros ciclos de la enseñanza, con programas en los que colaboren la comunidad educativa y las familias.
Por su parte, Carbonell añadió al respecto la exigencia de dotar al profesorado de herramientas “para hacerse respetar”. Según Carbonell, la Ley Orgánica de Educación y la política educativa del Gobierno en general no son los mecanismos más adecuados para llevar a cabo estos fines, pues plantean en muchos casos “medidas bufonescas”.
En cuanto al mayor control para evitar el acoso escolar o las peleas, Martínez opinó que se está “dimensionando el problema”, y, aunque reconoció que existen casos “concretos”, insistió en que “no se corresponde con la realidad española la imagen que se intenta vender de que la situación en los centros es catastrófica, que no se puede manejar al alumnado y que los profesores viven bajo un clima de violencia”. “Todavía podemos llegar a tiempo”, afirmó Martínez, para quien la protección y la vigilancia policial “no están mal” en la medida en que se trate de casos que desbordan la convivencia escolar.

 

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