La reforma de la LOU, a la espera de su aprobación en el Pleno del Congreso

La Comisión de Educación introduce 48 enmiendas al texto presentado por el Gobierno

La Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados debatió las 433 enmiendas parciales presentadas por los diferentes grupos parlamentarios al proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) durante los días 28 y 29 de noviembre, y aprobó la introducción de 48 enmiendas transaccionales en el texto presentado por el Gobierno.
La gestión y control del sistema de becas y ayudas al estudio se descentralizará y su competencia corresponderá a las Comunidades Autónomas y a las propias universidades. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid.
El día 30 de noviembre, la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso aprobó 48 enmiendas transaccionales, cuatro de ellas por unanimidad, entre las que figuran las relativas a que las universidades tendrán un plazo máximo de cuatro años para adaptar sus estatutos a la reforma de la LOU, que no fijaba en su proyecto ningún límite temporal; el establecimiento de la autonomía académica de las universidades en el diseño de los títulos oficiales; al establecimiento de mecanismos por parte de poderes públicos y universidades para favorecer el conocimiento de las lenguas cooficiales en los “procesos de acogida” de los diferentes miembros de la comunidad universitaria; a la incorporación a la nueva ley de la nueva estructura de los estudios universitarios adaptados al Espacio Europeo de la Educación Superior, y a la convalidación de la experiencia laboral por créditos universitarios.
En materia de becas y ayudas al estudio, una de las enmiendas aprobadas establece que el desarrollo, ejecución y control del sistema corresponderá a las Comunidades Autónomas, en colaboración con las universidades, y en ella se contempla la creación y establecimiento de mecanismos de coordinación entre el Gobierno y las CC.AA. en este ámbito para asegurar el derecho de todos a la educación.
En virtud de otra de las enmiendas aprobadas, el actual Consejo de Coordinación Universitaria se desdoblará en dos órganos. Los rectores tendrán un órgano oficial propio de representación, que se denominará Consejo de Universidades, y el segundo órgano, denominado Conferencia General de Política Universitaria, estará constituido por los consejeros de educación de las distintas CC.AA. y por representantes del Gobierno.
Los Consejos Sociales de las universidades, según se establece en una de las enmiendas aprobadas, mantendrá la función decisoria en la creación, modificación y supresión de centros, implantación y eliminación de enseñanzas oficiales, así como el nombramiento del gerente de la universidad. La reforma de la LOU será debatida por el Pleno del Congreso de los Diputados el próximo día 14 de diciembre, que deberá aprobar y ratificar el dictamen de la Comisión de Educación del Congreso. Posteriormente, si el Pleno del Congreso aprueba el proyecto, éste será remitido al Senado.

Profesorado de universidades privadas

Un mínimo del 50% del total de los profesores de cada universidad privada deberá poseer el título de doctor y, de éstos, al menos el 60% deberá haber sido calificado positivamente por la ANECA o por el órgano de evaluación externa que determine la legislación autonómica. A estos efectos, el número total de profesores “se computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo”, según precisa la enmienda transaccional aprobada por la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso para modificar el artículo 72.2 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU).
La segunda de las condiciones citadas que debe cumplir el profesorado de esas universidades se eleva así del 50 al 60% en comparación con el proyecto de reforma parcial de la LOU que remitió el Gobierno al Parlamento.
Según la redacción vigente de la ley, al menos el 25% del total del profesorado de una universidad privada deberá ser doctor y haber obtenido la evaluación positiva de su actividad docente e investigadora por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) u órgano de evaluación determinado por la comunidad autónoma.
La exigencia de más calidad de los docentes universitarios en general se refuerza en otras enmiendas también aprobadas. Es el caso de la contratación de profesores ayudantes doctores, en los que será "mérito preferente" la estancia en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio españoles o extranjeros distintos de la universidad donde vayan a trabajar. Igualmente “se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia” en la acreditación de los profesores titulares de Escuelas Universitarias para su integración en los cuerpos de profesores titulares de Universidad.

Enmienda de devolución

Por otra parte, el Pleno del Congreso rechazó, en reunión celebrada el pasado día 23 de noviembre, por 173 votos contra 128, la enmienda de devolución presentada por el Partido Popular al proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de Universidades. Todos los grupos parlamentarios expresaron su rechazo a la enmienda presentada por el Partido Popular.
La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, señaló durante su intervención en el Pleno del Congreso que “nuestras universidades necesitan modernizarse; necesitan cumplir los compromisos adquiridos en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior; necesitan abrirse al mundo y, al tiempo, reforzar sus lazos con la sociedad; necesitan mejorar la calidad de la formación que ofrecen a nuestros titulados; necesitan intensificar su actividad investigadora y conseguir que ésta sea de calidad, y lo necesitan porque la educación superior constituye uno de los instrumentos principales para garantizar un desarrollo constante y de calidad, que contribuya a mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos”.
Mercedes Cabrera destacó asimismo que “la reforma otorga a las universidades un amplio margen de confianza para que establezcan su propio modelo de organización, para que diseñen los títulos que deseen impartir o para que contraten –en un proceso abierto que respete los principios constitucionales de mérito y capacidad- a los profesores que hayan cumplido los requisitos previos de acreditación, y que mejor se adapten a sus necesidades”.
En relación a los estudiantes, la ministra ha destacado que “el proyecto de ley también refleja nuestra convicción de que los estudiantes, destinatarios directos del servicio universitario, deben tener una representación institucional del más alto nivel en el centro del sistema. Queremos escuchar su voz, y que intervengan en aquellas decisiones que también les incumben”.

 

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