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Madrid.
El día
30 de noviembre, la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso aprobó
48 enmiendas transaccionales, cuatro de ellas por unanimidad, entre las
que figuran las relativas a que las universidades tendrán un plazo máximo
de cuatro años para adaptar sus estatutos a la reforma de la LOU, que
no fijaba en su proyecto ningún límite temporal; el establecimiento de
la autonomía académica de las universidades en el diseño de los títulos
oficiales; al establecimiento de mecanismos por parte de poderes públicos
y universidades para favorecer el conocimiento de las lenguas cooficiales
en los “procesos de acogida” de los diferentes miembros de la comunidad
universitaria; a la incorporación a la nueva ley de la nueva estructura
de los estudios universitarios adaptados al Espacio Europeo de la Educación
Superior, y a la convalidación de la experiencia laboral por créditos
universitarios.
En materia
de becas y ayudas al estudio, una de las enmiendas aprobadas establece
que el desarrollo, ejecución y control del sistema corresponderá a las
Comunidades Autónomas, en colaboración con las universidades, y en ella
se contempla la creación y establecimiento de mecanismos de coordinación
entre el Gobierno y las CC.AA. en este ámbito para asegurar el derecho
de todos a la educación.
En virtud de
otra de las enmiendas aprobadas, el actual Consejo de Coordinación Universitaria
se desdoblará en dos órganos. Los rectores tendrán un órgano oficial propio
de representación, que se denominará Consejo de Universidades, y el segundo
órgano, denominado Conferencia General de Política Universitaria, estará
constituido por los consejeros de educación de las distintas CC.AA. y
por representantes del Gobierno.
Los
Consejos Sociales de las universidades, según se establece en una de las
enmiendas aprobadas, mantendrá la función decisoria en la creación, modificación
y supresión de centros, implantación y eliminación de enseñanzas oficiales,
así como el nombramiento del gerente de la universidad. La reforma de
la LOU será debatida por el Pleno del Congreso de los Diputados el próximo
día 14 de diciembre, que deberá aprobar y ratificar el dictamen de la
Comisión de Educación del Congreso. Posteriormente, si el Pleno del Congreso
aprueba el proyecto, éste será remitido al Senado.
Profesorado
de universidades privadas
Un
mínimo del 50% del total de los profesores de cada universidad privada
deberá poseer el título de doctor y, de éstos, al menos el 60% deberá
haber sido calificado positivamente por la ANECA o por el órgano de evaluación
externa que determine la legislación autonómica. A estos efectos, el número
total de profesores “se computará sobre el equivalente en dedicación a
tiempo completo”, según precisa la enmienda transaccional aprobada por
la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso para modificar el artículo
72.2 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU).
La segunda
de las condiciones citadas que debe cumplir el profesorado de esas universidades
se eleva así del 50 al 60% en comparación con el proyecto de reforma parcial
de la LOU que remitió el Gobierno al Parlamento.
Según la redacción
vigente de la ley, al menos el 25% del total del profesorado de una universidad
privada deberá ser doctor y haber obtenido la evaluación positiva de su
actividad docente e investigadora por parte de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) u órgano de evaluación
determinado por la comunidad autónoma.
La exigencia
de más calidad de los docentes universitarios en general se refuerza en
otras enmiendas también aprobadas. Es el caso de la contratación de profesores
ayudantes doctores, en los que será "mérito preferente" la estancia
en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio españoles
o extranjeros distintos de la universidad donde vayan a trabajar. Igualmente
“se valorará la investigación, la gestión y, particularmente, la docencia”
en la acreditación de los profesores titulares de Escuelas Universitarias
para su integración en los cuerpos de profesores titulares de Universidad.
Enmienda
de devolución
Por
otra parte, el Pleno del Congreso rechazó, en reunión celebrada el pasado
día 23 de noviembre, por 173 votos contra 128, la enmienda de devolución
presentada por el Partido Popular al proyecto de ley que reforma la Ley
Orgánica de Universidades. Todos los grupos parlamentarios expresaron
su rechazo a la enmienda presentada por el Partido Popular.
La ministra
de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, señaló durante su intervención
en el Pleno del Congreso que “nuestras universidades necesitan modernizarse;
necesitan cumplir los compromisos adquiridos en la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior; necesitan abrirse al mundo y, al tiempo,
reforzar sus lazos con la sociedad; necesitan mejorar la calidad de la
formación que ofrecen a nuestros titulados; necesitan intensificar su
actividad investigadora y conseguir que ésta sea de calidad, y lo necesitan
porque la educación superior constituye uno de los instrumentos principales
para garantizar un desarrollo constante y de calidad, que contribuya a
mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos”.
Mercedes Cabrera
destacó asimismo que “la reforma otorga a las universidades un amplio
margen de confianza para que establezcan su propio modelo de organización,
para que diseñen los títulos que deseen impartir o para que contraten
–en un proceso abierto que respete los principios constitucionales de
mérito y capacidad- a los profesores que hayan cumplido los requisitos
previos de acreditación, y que mejor se adapten a sus necesidades”.
En relación
a los estudiantes, la ministra ha destacado que “el proyecto de ley también
refleja nuestra convicción de que los estudiantes, destinatarios directos
del servicio universitario, deben tener una representación institucional
del más alto nivel en el centro del sistema. Queremos escuchar su voz,
y que intervengan en aquellas decisiones que también les incumben”.
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