Madrid. G. A.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha organizado en Granada su 34 Congreso bajo el lema “Educar en libertad”, cuyo principal objetivo ha sido analizar la Ley Orgánica de Educación (LOE) en sus diversos aspectos, y su desarrollo en las comunidades autónomas. Y aunque esta organización mantiene una postura muy crítica con respecto a dicha norma, no ha pretendido manifestar con este encuentro una postura anti-LOE, “sino proponer y concretar una manera de ver la educación que, partiendo de esta Ley, propugna modos de desarrollar sus contenidos más acordes de lo que, a juicio de la Confederación, supone una educación de calidad”.
Estas palabras pronunciadas durante la presentación del Congreso por la presidenta de la CECE, Isabel Bazo, reflejan también el espíritu de su posterior intervención en el acto de apertura, cuando ha mostrado su “preocupación por los desarrollos de la LOE y porque éstos tengan, a nivel autonómico, un enfoque político”. También ha pedido a las distintas administraciones “que no nos obliguen a funcionar como centros públicos, y que las familias puedan elegir libremente”. Ha advertido que “los centros de la CECE aprovecharán la autonomía que permite la normativa actual para desarrollarse conforme a su filosofía”. Y reclamado modelos de financiación alternativos a los conciertos.

Compromiso colectivo

Por su parte, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, ha mostrado la disponibilidad del MEC para “contar con todos y tender una mano a todos los actores educativos, incluidos lógicamente los centros concertados, para mejorar la enseñanza. Porque sabemos -ha añadido- que sin trabajo común, responsabilidad y compromiso colectivo no podremos llegar a buen fin”. También ha afirmado que “el compromiso de este Gobierno con la enseñanza concertada” se demuestra con el hecho de que en los presupuestos generales del Estado para el próximo año los módulos estatales para estos centros han aumentado un 3,5%, “ascendiendo la mejora en estos tres años de legislatura al 9%”.
La presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro, ha manifestado que “la educación es una empresa compartida, y por eso defendemos la lógica de la colaboración para conseguir cambiar lo que no funcione y lograr una educación de calidad para todos”. Además, ha dicho que “los centros son complejos, como la sociedad misma, y por eso pueden surgir algunos desajustes. Pero no podemos olvidar que la educación española ha mejorado mucho en los últimos años”.
Durante las sesiones del Congreso se ha presentado un informe realizado por una comisión de trabajo, que ha organizado la CECE para “investigar y analizar las situaciones que pueden poner en riesgo la convivencia en la escuela”. Según el presidente de dicha comisión, José Antonio Moar, ese informe revela que han aumentado los casos de acoso escolar, que éstos afectan a alumnos cada vez más jóvenes y que, sin ser alarmantes, influyen en la calidad de la educación y afectan a todo el alumnado. Por ello, ha propuesto que se potencie la educación en valores “en los que se fundamente la convivencia desde el currículo”, y se fomente la participación de las familias en la resolución de conflictos.

Conclusiones

El Congreso de la CECE ha aprobado unas conclusiones, en las que demanda a las comunidades autónomas “acuerdos compatibles con la educación en libertad”, y pide que se revisen los conciertos educativos “para adecuarlos a las necesidades y gastos reales de los centros”. Además, reclama nuevas vías como las subvenciones “que, de modo alternativo a los conciertos, garanticen las libertades y faciliten la gestión de los centros privados”.
La CECE cree que la LOE reconoce “un espacio de autonomía importante” a los centros, por lo que se compromete a “impulsar esta autonomía en defensa de la libertad de empresa que figura en la Constitución”. Para fomentar la calidad de la enseñanza va a propugnar “criterios de excelencia” en los métodos de trabajo, en los sistemas de evaluación y promoción, etc. Y quiere elaborar “planes de convivencia ampliamente consensuados con toda la comunidad educativa”.
Esta organización considera que son los padres quienes tienen derecho a elegir “proyectos educativos que se adecuen a sus propias convicciones”, y cree que hay que respetar el papel de la familia en la formación de los niños, “sin sustituirla o relegarla desde soluciones próximas al adoctrinamiento. Por ello, afirma que “todas las materias que componen el currículo del centro, también la Educación para la Ciudadanía, deben adecuarse a los idearios”.

Polémica por la “objeción de conciencia”

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha participado en este Congreso, y ha afirmado que “si la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía supone una grave invasión de un derecho fundamental de los padres, y no se cuida este derecho, está justificada la objeción de conciencia”. Ha añadido que “cuando en la vida se tiene la misión de educar no se puede renunciar a ella”. Ha manifestado que la libertad es “fundamental” en el proceso educativo y “está terriblemente amenazada en la sociedad española”. Y ha insistido en que la implantación de dicha asignatura es “una verdadera invasión de un derecho fundamental de los padres”.
El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, ha considerado un “hecho grave” que los obispos inciten a la desobediencia contra una Ley que ha sido aprobada por el Parlamento español, y ha dicho que es una “irresponsabilidad” acusarles de adoctrinamiento “sin poner un solo ejemplo que apoye esas palabras, y despreciando la opinión de todas las comunidades autónomas, que no han puesto ninguna objeción a los contenidos de esta asignatura”. También ha dicho que es un “error muy importante” no apoyar esa materia, que es una recomendación de la Unión Europea, y que “contiene los valores cívicos que fundamentan la democracia y el respeto a los derechos humanos”.
Sobre la manifestación convocada en Madrid contra la Educación para la Ciudadanía por la plataforma estudiantil “Novillada.org”, con el apoyo de la CONCAPA, Alejandro Tiana ha manifestado el respeto del MEC por esa iniciativa, ha dicho que “es una fortuna vivir en un régimen democrático que permite expresar el desacuerdo”, y ha recordado que con esta materia lo que se quiere es, precisamente, reforzar las libertades y que los jóvenes conozcan los elementos fundamentales de una vida en democracia. Por último, ha afirmado que la argumentación utilizada para convocar esta protesta “está repleta de falsedades”.