Madrid. ROSAURA CALLEJA
Los senadores Pedro Gordillo (PP), Ana Luisa Durán (PSOE), Rosa Nuria Aleixandre (CiU), Francisco Javier Maqueda (PNV) y María Assumpta Baig de Entesa Catalana de Progrés celebraron una rueda de prensa, en la que especificaron que esta ponencia se reunirá a puerta cerrada y en la que intervendrán autoridades y expertos relacionados con la educación, “incluidos quienes están sufriendo el problema” y que hay 25 personas en la lista, que aún no está cerrada, precisó la senadora socialista.
Mientras el representante popular advirtió de “la cruda realidad” que se vive en los colegios, la socialista Ana Luisa Durán explicó que esta ponencia abordará la violencia en las aulas de forma general. Ante la pregunta de si debería tipificarse la violencia escolar como delito, respondió que “era pronto para pronunciarse” y que su intención es realizar un trabajo serio y que lleve recomendaciones o iniciativas parlamentarias, que sirvan para todos independientemente de quien gobierne.

Educación para la Ciudadanía

Por su parte, Mercedes Cabrera ha manifestado en el Congreso que “se preocupa y se ocupa” de mejorar la convivencia escolar, erradicar cualquier síntoma de violencia y aplicar la “tolerancia cero” a estos actos. La ministra de Educación y Ciencia ha criticado las declaraciones que ha realizado el arzobispo de Granada, Javier Martínez, sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Este prelado apeló a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia si no se salvaguarda el derecho de los padres, mientras que Cabrera reitera que “no hay nada” en la asignatura que sea “una irrupción en la moral privada o en el derecho de los padres a la educación de sus hijos”.
La titular del MEC apuesta por educar en valores cívicos y ciudadanos para atajar la violencia escolar, que “en realidad se genera fuera de los centros, pero se manifiesta en ellos”, afirmó. “Las sanciones pueden ser muy necesarias en momentos determinados, pero siempre han de ser constructivas para que contribuyan a solucionar el problema, corrigiendo comportamientos sin limitarse a castigar determinadas actitudes”, afirmó.

Evolución

De igual modo, Alejandro Tiana ha asegurado que el MEC no cuenta “con datos suficientes” que permitan afirmar que la violencia y el acoso escolar haya aumentado en los últimos años, pero “lo que si ha aumentado es la sensibilidad social y la conciencia de que ningún caso de este tipo es tolerable”, matizó. El secretario general de Educación ha revelado que su Departamento está pendiente de un nuevo análisis realizado por el Defensor del Pueblo sobre la violencia y el acoso escolar, que se hará público a comienzos de 2007 y que “nos permitirá comprobar la evolución de este fenómeno en los últimos cinco años”. También señaló que el MEC abordará el problema de forma coordinada con las comunidades autónomas y aludió al plan acordado con los siete principales sindicatos de la enseñanza, las asociaciones de padres y otros colectivos.
Si bien Ana Pastor, secretaria de Política Social y Bienestar del PP, plantea la posibilidad de tipificar el acoso escolar como delito en el Código Penal, la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña ha propuesto considerar como atentado (castigado con penas de dos a cuatro años de cárcel) las agresiones graves a maestros y médicos y Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, ha manifestado su apoyo a esta propuesta. En este sentido, Alejandro Tiana asegura que su Departamento no puede entrar “en el ámbito de la acción de la justicia y que son los fiscales y los jueces quienes tienen que interpretar la Ley”.

Sindicatos

En esta línea, ANPE-Madrid ha solicitado a la Fiscalía de Madrid el reconocimiento del profesor como autoridad pública, en consonancia con las propuestas de los Fiscales Jefes de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Cataluña. Según un comunicado de este sindicato, “tras casi un año de funcionamiento del Defensor del Profesor- más de 1400 llamadas han denunciado agresiones en el diario desempeño de los docentes- resulta imperioso instar a la Administración a la adopción de esta y otras medidas que permitan recuperar a la figura del profesor su intrínseca dignidad”.
Paralelamente a ello, la Federación de Enseñanza de CC.OO exige al MEC y a las comunidades autónomas la puesta en práctica de las siguientes medidas para responder con contundencia y rapidez a cualquier tipo de agresión física o moral al profesorado: considerar la actividad docente como profesión de difícil desempeño; tratar las agresiones físicas o verbales a docentes por los adultos, como una agresión a funcionario público; mientras que para los menores, cuando hayan fracasado las medidas educativas correctivas será de aplicación lo determinado en la legislación correspondiente, entre otras. Así como, este sindicato entiende que la conflictividad escolar no es exclusiva de un entorno social o territorial determinado, de una clase social o de un tipo de familia, sino que afecta a todos los centros escolares públicos y privados.

Responsabilidad administrativa

Por su parte, CSI-CSIF afirma que ha obtenido varias sentencias favorables que califican las agresiones al profesorado como delito de atentado. También considera negativo que se trate de transmitir la creencia de que la escuela es un “espacio de impunidad, ya que es falso y con ello solo se consigue alentar a los violentos” que perciben que sus conductas “carecen de reproche penal”. Esta organización reivindica que sea la Administración la que ejerza la acusación particular pero en el caso de que no lo hiciera, correspondería al profesor agredido.
FETE-UGT reclama mayor implicación administrativa en los casos de agresiones al profesorado y muestra su satisfacción de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se haya hecho eco de la difícil situación en la que se encuentran los centros y el profesorado, pero esto no significa que todas las situaciones de falta de convivencia tengan que judicializarse. También propone posibles actuaciones para la mejora de la convivencia.
Según recientes declaraciones, Angel Acebes, secretario general del PP, atribuye la violencia escolar al “desprecio” de los socialistas hacia los “valores y principios que hacen posible la convivencia en paz” y acusó al PSOE de despreciar valores como el esfuerzo, la autoridad, familia y el respeto”. Para atajar este fenómeno, Ana Pastor plantea una ley integral para prevenir la violencia escolar y fomentar la convivencia en las aulas, que contemplaría permisos para que los padres se ausenten del trabajo e ir a los centros para hablar con los profesores, la utilización de un teléfono gratuito que recoja denuncias de agresiones y atención psicológica y la elaboración de un catálogo de derechos y deberes de alumnos, profesores y padres.