Madrid. G. A.
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha pedido al Ministerio y a las consejerías de Educación de las comunidades autónomas que aúnen esfuerzos, para extender la gratuidad de los libros de texto a todo el país. Además, ha solicitado al Gobierno central la asignación de una partida presupuestaria específica para dicho fin en los próximos Presupuestos Generales del Estado, y que acelere el traspaso de las competencias sobre becas a las administraciones autonómicas, para que puedan destinar esos fondos al desarrollo de programas de gratuidad. En su opinión se incumple “el principio de igualdad de oportunidades”, pues en algunas regiones las familias tienen que costearse la compra de esos libros.
Según CEAPA, sólo Aragón y Castilla La Mancha han finalizado el proceso de implantación de la gratuidad en la educación obligatoria, mientras que Andalucía, Canarias, Cataluña, Euskadi, Galicia y La Rioja lo completarán en uno o dos años, mediante un modelo de “préstamo y socialización” de libros de texto y materiales curriculares, que esta organización considera el más adecuado. Asturias y Cantabria entregan dinero a la práctica totalidad de las familias para la compra de material en propiedad, mientras que Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra ofrecen ayudas que sólo alcanzan a una parte de los estudiantes. Y “especialmente escandaloso es el caso de Baleares, que apenas cuenta con ayudas”.

Más inversiones

Además ha reclamado “más inversión pública en educación, para equipararnos al 5,1% que invierten como media los miembros de la Unión Europea, e incluso llegar al 7% que destinan los países nórdicos”. Y ha manifestado que las administraciones educativas tienen que “impulsar decididamente el desarrollo de programas de refuerzo para el alumnado de bajo rendimiento; las becas; la incorporación de profesores de apoyo en asignaturas instrumentales; la extensión de la educación de 0 a 3 años en la red pública; y los programas para implicar de manera más activa a los padres en la escuela”. Ha pedido asimismo medidas para mejorar el clima de convivencia, y recuerda que “trabajar para compensar las desigualdades y a favor de la igualdad de oportunidades incide en unos mejores resultados escolares al cabo de unos años”.
También la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) está preocupada por el tema de la convivencia escolar, y considera que la “violencia creciente en las aulas” es uno de los “múltiples problemas que aquejan a la educación española”, junto a otros como la “restricción de los derechos y libertades de enseñanza constitucionales, la ausencia de enseñanzas comunes y homologadas para todo el territorio nacional, la imposición de asignaturas innecesarias, etc.”
Dirigentes de esta organización se han entrevistado recientemente con la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, a quien han presentado sus propuestas respecto al Plan de Convivencia Escolar, firmado por el MEC y los sindicatos el pasado mes de marzo y al que se han adherido la mayoría de las organizaciones más representativas de la comunidad escolar.

Plan de Convivencia

La CONCAPA ha lamentado ante la ministra no haber sido invitada a formar parte de dicho plan, y ha manifestado su intención de intervenir en el mismo “para que no sea sólo una declaración de intenciones, sino que se aborde desde el régimen disciplinario de los centros (el procedimiento administrativo actual es excesivamente largo) y se planteen sanciones cívicas más inmediatas”. Ha pedido que los padres no pierdan representatividad en el Consejo Escolar del Estado tras la inminente reforma de este organismo, y que se arbitren fórmulas para aumentar su participación en los centros escolares, mediante una mayor dotación a las APAs de “medios económicos y humanos, un sistema claro y justo en cuanto a proporcionalidad, y unos mecanismos para que puedan conciliar su vida laboral con la presencia en las instituciones pertinentes”.
Los padres católicos también quieren saber “cómo queda finalmente la asignatura de Religión y si hay o no alternativa, puesto que su carencia lleva a discriminar a los alumnos que la cursen porque supone una mayor carga lectiva para los mismos”. Y han reiterado a la ministra su oposición a la nueva materia de Educación para la Ciudadanía cuyos contenidos -afirman- “se están elaborando de espaldas a la comunidad educativa”.
Esta Confederación no se opone si es “una asignatura opcional o, en todo caso, transversal para no recargar más a los alumnos”, y “si se estudian objetivamente los derechos y deberes cívicos, si se habla de los derechos humanos y de los tratados internacionales, etc.”. En cualquier caso, CONCAPA ha promovido junto a la Unión Democrática de Estudiantes (UDE) una plataforma de oposición a esta asignatura, y ha manifestado su intención de ejercer “el derecho constitucional de todo ciudadano a la objeción de conciencia”, contra el “adoctrinamiento político o moral de nuestros hijos”.