El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de reforma de la LOU

El texto, remitido a las Cortes, recoge  las mejoras técnicas sugeridas por el Consejo de Estado en su informe

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que reforma la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001. El texto aprobado, que recoge las mejoras de carácter técnico realizadas por el Consejo de Estado en su informe, se remite ahora a las Cortes Generales para su tramitación.
El proyecto
de reforma de la LOU contempla la elaboración del Estatuto del Estudiante Universitario y la constitución de un Consejo de Estudiantes. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid.
Al término del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó el proyecto de reforma de la LOU como “una buena ley” y “un texto de consenso”, elaborado “tras dos años de análisis y debate con rectores, profesores, estudiantes, colegios profesionales, Comunidades Autónomas, así como el resto de agentes que conforman la comunidad universitaria”.
La reforma de la LOU, según se precisa en un comunicado del MEC, “persigue dar un nuevo impulso a la Universidad española, elevar su calidad y situarla como un referente internacional indiscutible, y responde al mismo tiempo a un compromiso electoral adquirido con los ciudadanos, así como a las demandas expresadas por la comunidad universitaria”.
El proyecto, que se somete ahora al debate parlamentario para su aprobación definitiva, dota a las universidades de mayor autonomía en la toma de decisiones, en su administración y en su funcionamiento interno, y refuerza la evaluación de la calidad de las universidades, “por ser este un factor fundamental en el binomio mayor autonomía mayor responsabilidad”.
El informe del Consejo de Estado, remitido al Ministerio de Educación y Ciencia a finales del mes de julio, es favorable y positivo. El Consejo de Estado no ha establecido reparos de legalidad ni observaciones que requirieran modificaciones sustantivas. De las sugerencias realizadas, la mejora técnica más destacable que se ha incluido en el texto es la que se refiere a la participación de los profesores en las cuestiones académicas de las universidades de titularidad privada.
Por otro lado, el Consejo de Estado ha destacado lo acertado de muchas de las medidas propuestas, y en su  dictamen se congratula de que “se regrese a un procedimiento único de admisión de alumnos en la Universidad”, y considera igualmente acertadas las medidas de “promoción de la igualdad de género”, subrayando “el carácter persuasivo y no imperativo” de las reformas.

Cambios más relevantes

El proyecto de ley de reforma de la LOU, en relación a los órganos de Gobierno, supone ampliar las posibilidades a la hora de que las Universidades definan en sus estatutos el método para la elección de Rector, que se podrá hacer bien por sufragio universal entre los miembros de la comunidad universitaria o bien por el Claustro.
La reforma plantea la creación de la Conferencia General de Política Universitaria, que reunirá a las distintas administraciones competentes en la materia, potenciando así el papel de las comunidades autónomas mediante un órgano de cooperación y coordinación interterritorial. Por otra parte, el futuro Consejo de Universidades estará integrado por los rectores de las universidades públicas y privadas y por un número reducido de miembros nombrados por el Gobierno, y será el encargado de la coordinación académica de la universidad española.
Se elaborará un Estatuto del Estudiante Universitario, que deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los Estudiantes Universitarios, beneficiarios principales del sistema, como vía para garantizar la necesaria participación de los estudiantes en el sistema universitario.
La reforma permite un nuevo sistema de acreditación del profesorado, en sustitución de la habilitación. Un nuevo sistema donde se valora el currículum individual de los aspirantes, sin competir por un número cerrado de acreditaciones, y que se basa en los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Las Universidades podrán seleccionar el mejor profesorado posible, el que más se ajuste al perfil de cada universidad.
Los cambios introducidos persiguen impulsar la ciencia española, recalcando el papel que la universidad tiene en el desarrollo de la investigación y la transferencia del conocimiento a la sociedad. El proyecto plantea que las universidades fomentarán la cooperación con el sector productivo, promoviendo la movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, creación de centros o la participación en plataformas tecnológicas.
En relación a la responsabilidad y la rendición de cuentas ante la sociedad de las universidades, se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), hasta ahora fundación privada, en un ente público. Los criterios comunes de garantía de calidad del sistema serán públicos, dotarán de una mayor transparencia a los procesos de evaluación y supondrán una co-responsabilidad del Estado y las CC.AA, a través de la necesaria coordinación entre la ANECA y las Agencias Autonómicas de Calidad.
Por último, se crean Programas específicos de ayuda, en los que las Administraciones públicas competentes se comprometen activamente con las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como con las personas con discapacidad. También se refleja un título nuevo en la ley, del deporte universitario, donde se considera la  práctica deportiva en el ámbito universitario como  parte importante de la formación de los estudiantes.

Reacciones

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, en declaraciones a Europa Press efectuadas en Santander, señaló que “la reforma de la LOU aprobada en Consejo de Ministros es, aún siendo positiva, la ley posible más que la ley deseable”, y la calificó como “una reforma contenida y limitada, que trata de paliar aquellas disfunciones que han planteado más problemas en la gestión de las universidades en los últimos años”.
No obstante, Vázquez expresó la conformidad de los rectores con que la reforma fuera “limitada”, para evitar así someter a la Universidad a “un nuevo proyecto constituyente que se alargara en el tiempo”, y reconoció que la reforma “subsana problemas importantes”, como los referentes al acceso del Profesorado, a las figuras del Profesorado o a la habilitación nacional, “quizá uno de los problemas donde más disfunciones había en general”.
Por su parte, el portavoz de Educación del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eugenio Nasarre, manifestó a Europa Press que la reforma de la LOU aprobada por el Consejo de Ministros “compromete el futuro de la Universidad española, porque no aborda los verdaderos problemas que tiene el sistema universitario”, y tras indicar que “está mal orientada” significó que la nueva ley “no aborda problemas como la selección del profesorado, la calidad de la enseñanza o la vertebración del sistema educativo”.
Nasarre resaltó asimismo que la reforma “no ha contado con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, a las que no se ha pedido su punto de vista”, denunció que “se ha hecho de espaldas al profesorado” y criticó que en ella no se haga referencia a la financiación ni a la adaptación de la Universidad española al Espacio Europeo de Educación Superior, “incumpliendo el compromiso del Gobierno”.
Asimismo, Izquierda Unida, en un comunicado difundido el día 2 de septiembre, señala que “los cambios propuestos en la reforma son poco ambiciosos”, y tras calificar la reforma como “tímida” apunta que “debería abordar más a fondo el modelo de Universidad y los retos de ésta en el siglo XXI”.
La Federación de Enseñanza de CC.OO. emitió un comunicado en el que se indica que “tras la aprobación por el Gobierno del anteproyecto de reforma universitaria y el inicio de su andadura parlamentaria, expresamos nuestro malestar por el escaso interés del Ministerio de Educación por negociar con los representantes de los trabajadores  sus condiciones laborales (estabilidad y desarrollo profesional) y los temas relacionados con la financiación de las universidades”.
Tras señalar que “el anteproyecto aprobado por el Ejecutivo recoge importantes reivindicaciones históricas planteadas por nuestro sindicato, como el carácter público y no privado de la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (ANECA), el proceso de acreditación y no habilitación del profesorado, la mejora de la autonomía universitaria (titulaciones, elección del rector…), el establecimiento de una única prueba de acceso a la universidad y no de dos, como establecía la LOU, el reforzamiento del papel fundamental del alumnado con la creación del Estatuto del Estudiante Universitario y la regulación de las universidades privadas”, en el comunicado se añade que “sin embargo, desgraciadamente el borrador de la ley no profundiza en otros elementos centrales demandados por CC.OO. y la comunidad universitaria, como el incremento de la financiación hasta alcanzar la homologación con la media europea y, lo que es más grave, mantiene la precariedad laboral e ignora el desarrollo profesional que padece el sector”.

 

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