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Diversión y aprendizaje

Una vez finalizado el curso escolar y con la llegada de las vacaciones, los campamentos de verano constituyen una buena alternativa, para los padres que no saben qué hacer con sus hijos. Un niño aburrido puede convertirse en un auténtico problema, por lo que resulta aconsejable inscribirle en alguna de las numerosas opciones, que combinan aprendizaje con diversión y que, además, le brindan la oportunidad de realizar actividades y compartir experiencias con otros niños.
Multideporte, actividades náuticas, granja-escuela, aprendizaje de idiomas, talleres de creatividad, cultura y  música... la extensa oferta de cursos, talleres y estancias significa un dilema para los padres, que se esfuerzan por elegir el más adecuado, teniendo en cuenta la edad y aficiones de su hijo. Según los expertos, los padres deben comprobar minuciosamente el programa de actividades, el equipo de monitores, los horarios, los menús y el alojamiento, pero la seguridad de los chicos es el factor más importante. Los responsables del campamento deben facilitarles información sobre las actuaciones previstas ante las distintas emergencias que se pueden producir durante la estancia, el entrenamiento en primeros auxilios y el equipo sanitario de que disponen.
Los padres que acostumbran recurrir a estos servicios, coinciden en que todos los niños deberían pasar por esta experiencia, porque aprenden a convivir y a compartir, además de adquirir una autonomía que no suelen tener en sus casas. Durante una semanas, cambiar la PlayStation y el teléfono móvil por un acercamiento a la naturaleza con actividades al aire libre resulta muy aconsejable para la formación de niños y adolescentes.

Francisco Ruiz
Las Rozas (Madrid).

 
     
   

Una exclusión inesperada e inexplicable

Desde que se lanzo la idea de desarrollar contenidos en Educación Cívica y en Derechos Humanos, se abrió la polémica sobre las características de su profesorado entre los expertos. Por un lado, el filosofo Luis Gomez Llorente se inclino por asignar esta tarea a los profesores de filosofía e historia, mientras que el jurista y filosofo del Derecho Gregorio Peces-Barba apostó por ampliar el marco a licenciados en Derecho y en Ciencias Políticas. En julio de 2005, la entonces Ministra de Educación y Ciencia, Maria Jesús San Segundo, se manifestó en conversación informal en la residencia del Embajador de España en Washington DC a favor de ambas posibilidades, lo que a mi juicio es una solución satisfactoria para todos, y lo que es más importante, incluyente. Ambas posiciones son razonables. Los profesores de filosofía (no tanto los de historia) tenderán a enfatizar los contenidos éticos y morales, mientras que juristas y científicos políticos están lógicamente mas capacitados para desarrollar los aspectos formativos: Derechos Humanos, Derecho Internacional, Derecho Constitucional y Sistema Políticos.
Sin embargo, de acuerdo con la información facilitada por el numero 789 de Comunidad Escolar en torno al borrador que el Ministerio de Educación y Ciencia acaba de presentar “en Secundaria corresponderá [impartir la materia de Educación para la Ciudadanía] a los [profesores] de Historia y filosofía”. No se hace ninguna mención a los licenciados en Derecho y Ciencias Políticas como futuros Educadores de la Ciudadanía, una omisión inexplicable salvo que se trate de un error. Sin entrar a discutir quien esta mas preparado para desarrollar estos contenidos, parece evidente que carece de justificación excluir a profesionales que han recibido una formación de carácter jurídico y politológica de la enseñanza en valores, principios y derechos constitucionales y en Derechos Humanos. Resulta muy difícil justificar esta limitación de acceso a la función publica docente desde el punto de vista del articulo 14 de la Constitución Española, que sanciona el derecho a la igualdad, y del 103.3 que establece los requisitos de merito y capacidad para acceder a la misma. Para excluir a profesionales del Derecho y de las Ciencias Políticas (que estén en posesión de su licenciatura y del titulo de especialización didáctica) de los concursos-oposición hay que justificarlo desde la perspectiva de una falta de capacidad, lo que no tiene ningún sentido de acuerdo con el diseño curricular de la nueva asignatura. A no ser, claro esta, que estos aspectos se marginen en el currículo a favor de contenidos exclusivamente centrados en los debates éticos, que sin duda forman parte de la construcción de seres morales pero no necesariamente de seres políticos y ciudadanos. Peor sería si la intención de esta exclusión es mantener cerrado el acceso al sistema educativo de los profesionales de las ciencias sociales a favor de los de humanidades.
En conclusión, es necesario dotar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía de unos contenidos que abarquen desde las teorías éticas y morales a los valores, principios y derechos constitucionales. En consecuencia, esta materia debe poder ser impartida tanto por filósofos como por juristas y científicos políticos.

Doménec Ruiz Devesa
Washington D.C.

 
       
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