|
|
|
de
Ministros, será remitido al Consejo de Estado para su informe preceptivo
y enviado al Parlamento, para su tramitación, “antes del mes de agosto”,
según indicó la ministra en su comparecencia ante los medios de comunicación.
Al
término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que la modificación
de la LOU “era uno de los compromisos electorales del PSOE”.
Mercedes
Cabrera apuntó en la rueda de prensa que “el coste de esta ley no es elevado”,
y explicó que “no es una ley que tenga un aparato de memoria económica
relevante”. La ministra afirmó asimismo que “vamos a procurar conseguir
el máximo de movilidad entre el profesorado, y el objetivo fundamental
es que las universidades que decidan apostar por contratar a los mejores
profesores e investigadores puedan hacerlo”.
El
proyecto de reforma persigue no sólo resolver los problemas que había
generado la LOU, sino establecer las bases de una Universidad española
como referente mundial, tan abierta y flexible como sea posible, según
se precisa en una nota informativa del MEC, con el objetivo de que la
educación superior en España sea capaz de atraer a los mejores estudiantes
y profesores, con la cooperación responsable de todas las administraciones
públicas implicadas y sin perder de vista la necesaria calidad del sistema.
La
modificación presentada por el Gobierno, según destacó Mercedes Cabrera,
“profundiza y refuerza la autonomía universitaria, y garantiza la rendición
de cuentas y la responsabilidad ante la sociedad”, quien agregó que “además,
responde a un compromiso electoral adquirido con los ciudadanos, así como
a las demandas expresadas por la comunidad universitaria”.
Órganos
de gobierno
En
relación a los órganos de Gobierno, la reforma supone ampliar las posibilidades
de que las universidades definan en sus estatutos el método para la elección
de Rector, que se podrá hacer bien por sufragio universal, entre los miembros
de la comunidad universitaria, o bien por el Claustro. La modificación
legislativa implica también la creación de la Conferencia General de Política
Universitaria, que reunirá a las distintas administraciones competentes
en la materia, potenciando así el papel de las Comunidades Autónomas mediante
un órgano de cooperación y coordinación interterritorial.
Por
otra parte, el futuro Consejo de Universidades, ahora Consejo de Coordinación
Universitaria, estará integrado, según se contempla en el proyecto, por
los rectores de las universidades públicas y privadas y por un número
reducido de miembros nombrados por el Gobierno, y será el encargado de
la coordinación académica de la Universidad española.
En
el proyecto se contempla asimismo la elaboración de un Estatuto del estudiante
universitario, que deberá prever la constitución, funciones, organización
y funcionamiento de un Consejo de los Estudiantes Universitarios como
vía para garantizar “la necesaria participación de los estudiantes en
el sistema universitario”.
Profesorado
La
reforma establece un nuevo sistema de acreditación del profesorado, en
sustitución de la habilitación contemplada en la LOU. En este nuevo sistema
de acreditación se valora el currículum individual de los aspirantes,
sin competir por un número cerrado de acreditaciones, y se basa en los
principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Las Universidades
podrán seleccionar, entre los mejores profesores, los que más se ajusten
al perfil de cada Universidad.
Por
otra parte, el nuevo texto potencia la capacidad de auto-organización
de las universidades, disminuyendo sustancialmente la excesiva regulación
de la LOU tanto en aspectos de gestión como de desarrollo interno, y remitiendo
tales materias, a lo largo de toda la reforma, a lo que establezcan los
Estatutos de cada universidad.
Ciencia
e investigación
Las
modificaciones que el proyecto de reforma introduce en la LOU dan una
prioridad destacada a la ciencia, recalcando el papel que la Universidad
tiene en el desarrollo de la investigación y la transferencia del conocimiento
a la sociedad. Las universidades, según refleja el texto, fomentarán la
cooperación con el sector productivo, promoviendo la movilidad del personal
docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, creación de centros
o la participación en plataformas tecnológicas. En esta línea, se permitirá
a los profesores funcionarios solicitar una excedencia temporal (de un
máximo de 5 años) para incorporarse a una empresa de base tecnológica,
siempre que ésta sea creada a partir de patentes o de resultados generados
por proyectos de investigación financiados total o parcialmente por fondos
públicos. En relación a la responsabilidad y la rendición de cuentas ante
la sociedad, se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y la Acreditación (ANECA), hasta ahora fundación privada,
en una agencia estatal. Los criterios comunes de garantía de calidad del
sistema serán públicos, dotarán de una mayor transparencia a los procesos
de evaluación y supondrán una corresponsabilidad del Estado y las CC.AA.
a través de la necesaria coordinación entre la ANECA y las Agencias Autonómicas
de Calidad.
Por
último, se crean programas específicos de ayuda, en los que las Administraciones
públicas competentes se comprometen activamente con: las víctimas del
terrorismo y de la violencia de género, así como con las personas con
discapacidad. También se refleja un título nuevo en la ley, del deporte
universitario, donde se considera la práctica deportiva en el ámbito universitario
como parte importante de la formación de los estudiantes.
|