El Consejo de Ministros aprueba
el proyecto de reforma de la LOU

El texto será remitido al Consejo de Estado y enviado al Parlamento antes de agosto

El proyecto de reforma de la LOU aprobado por el Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento presenta como aspectos más relevantes la concesión de una mayor autonomía a las universidades; el establecimiento de medidas para impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento; la adopción de un sistema de selección del profesorado bajo la fórmula de la acreditación docente.
La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera,
durante su comparecencia ante la prensa al término de la reunión del Consejo de Ministros.
(Fotos: Rafael Martínez)

Madrid.
La ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, presentó en la reunión del Consejo de Ministros mantenida el pasado viernes 30 de junio, un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada en el año 2001.
El proyecto de reforma presentado por Mercedes Cabrera en la reunión, y  aprobado  por  el Consejo

de Ministros, será remitido al Consejo de Estado para su informe preceptivo y enviado al Parlamento, para su tramitación, “antes del mes de agosto”, según indicó la ministra en su comparecencia ante los medios de comunicación.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que la modificación de la LOU “era uno de los compromisos electorales del PSOE”.
Mercedes Cabrera apuntó en la rueda de prensa que “el coste de esta ley no es elevado”, y explicó que “no es una ley que tenga un aparato de memoria económica relevante”. La ministra afirmó asimismo que “vamos a procurar conseguir el máximo de movilidad entre el profesorado, y el objetivo fundamental es que las universidades que decidan apostar por contratar a los mejores profesores e investigadores puedan hacerlo”.
El proyecto de reforma persigue no sólo resolver los problemas que había generado la LOU, sino establecer las bases de una Universidad española como referente mundial, tan abierta y flexible como sea posible, según se precisa en una nota informativa del MEC, con el objetivo de que la educación superior en España sea capaz de atraer a los mejores estudiantes y profesores, con la cooperación responsable de todas las administraciones públicas implicadas y sin perder de vista la necesaria calidad del sistema.
La modificación presentada por el Gobierno, según destacó Mercedes Cabrera, “profundiza y refuerza la autonomía universitaria, y garantiza la rendición de cuentas y la responsabilidad ante la sociedad”, quien agregó que “además, responde a un compromiso electoral adquirido con los ciudadanos, así como a las demandas expresadas por la comunidad universitaria”.

Órganos de gobierno

En relación a los órganos de Gobierno, la reforma supone ampliar las posibilidades de que las universidades definan en sus estatutos el método para la elección de Rector, que se podrá hacer bien por sufragio universal, entre los miembros de la comunidad universitaria, o bien por el Claustro. La modificación legislativa implica también la creación de la Conferencia General de Política Universitaria, que reunirá a las distintas administraciones competentes en la materia, potenciando así el papel de las Comunidades Autónomas mediante un órgano de cooperación y coordinación interterritorial.
Por otra parte, el futuro Consejo de Universidades, ahora Consejo de Coordinación Universitaria, estará integrado, según se contempla en el proyecto, por los rectores de las universidades públicas y privadas y por un número reducido de miembros nombrados por el Gobierno, y será el encargado de la coordinación académica de la Universidad española.
En el proyecto se contempla asimismo la elaboración de un Estatuto del estudiante universitario, que deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los Estudiantes Universitarios como vía para garantizar “la necesaria participación de los estudiantes en el sistema universitario”.

Profesorado

La reforma establece un nuevo sistema de acreditación del profesorado, en sustitución de la habilitación contemplada en la LOU. En este nuevo sistema de acreditación se valora el currículum individual de los aspirantes, sin competir por un número cerrado de acreditaciones, y se basa en los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Las Universidades podrán seleccionar, entre los mejores profesores, los que más se ajusten al perfil de cada Universidad.
Por otra parte, el nuevo texto potencia la capacidad de auto-organización de las universidades, disminuyendo sustancialmente la excesiva regulación de la LOU tanto en aspectos de gestión como de desarrollo interno, y remitiendo tales materias, a lo largo de toda la reforma, a lo que establezcan los Estatutos de cada universidad.

Ciencia e investigación

Las modificaciones que el proyecto de reforma introduce en la LOU dan una prioridad destacada a la ciencia, recalcando el papel que la Universidad tiene en el desarrollo de la investigación y la transferencia del conocimiento a la sociedad. Las universidades, según refleja el texto, fomentarán la cooperación con el sector productivo, promoviendo la movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, creación de centros o la participación en plataformas tecnológicas. En esta línea, se permitirá a los profesores funcionarios solicitar una excedencia temporal (de un máximo de 5 años) para incorporarse a una empresa de base tecnológica, siempre que ésta sea creada a partir de patentes o de resultados generados por proyectos de investigación financiados total o parcialmente por fondos públicos. En relación a la responsabilidad y la rendición de cuentas ante la sociedad, se prevé la transformación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), hasta ahora fundación privada, en una agencia estatal. Los criterios comunes de garantía de calidad del sistema serán públicos, dotarán de una mayor transparencia a los procesos de evaluación y supondrán una corresponsabilidad del Estado y las CC.AA. a través de la necesaria coordinación entre la ANECA y las Agencias Autonómicas de Calidad.
Por último, se crean programas específicos de ayuda, en los que las Administraciones públicas competentes se comprometen activamente con: las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como con las personas con discapacidad. También se refleja un título nuevo en la ley, del deporte universitario, donde se considera la práctica deportiva en el ámbito universitario como parte importante de la formación de los estudiantes.

 

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