Madrid. M.G.
Según recuerda la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, este calendario fue aprobado “unánimemente” por las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, en una reunión celebrada el pasado 18 de mayo. En ese encuentro, los responsables autonómicos de Educación también dieron su visto bueno a la partida para tender a la gratuidad del segundo ciclo de Infantil, en el que ya están escolarizados el 90% de los menores de esas edades.
El calendario concede prioridad a la implantación de las etapas educativas que constituyen la educación básica (Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) y a las medidas contempladas para mejorar los resultados de esas etapas educativas, reducir el fracaso escolar y promover la equidad del sistema. En el curso 2007/2008 empezarán a impartirse las primeras asignaturas según la LOE en primero y segundo de Primaria y primero y tercero de Secundaria.

En concreto, establece para el próximo curso 2006/2007 el inicio de la nueva organización y dirección de los centros, la escolarización de inmigrantes, el acceso a la función pública docente, la ampliación de la jubilación voluntaria, la extensión de los programas de diversificación curricular en ESO y la presentación de un informe anual sobre el sistema al Congreso de los Diputados.
En 2007/2008, el calendario, al que dieron el visto bueno las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 18 de mayo, entrará en vigor el nuevo sistema de evaluación, promoción y titulación de la ESO, los nuevos criterios de admisión de alumnos y las primeras ordenaciones académicas en primero y segundo de Primaria; primero y tercero de Secundaria, y el nivel básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas.
Para 2008/2009, continuará la ordenación académica de otros cursos (que concluirá en 2009-2010) y se generalizarán las evaluaciones de diagnóstico en cuarto de Primaria y segundo de Secundaria, entre otras cuestiones, para culminar en 2010 la aplicación de la reforma educativa con la puesta en marcha de las nuevas pruebas de acceso a la Universidad. El resto de los reglamentos de desarrollo de la reforma educativa se dejarán para noviembre.

Esfuerzo presupuestario

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha subrayado el “enorme esfuerzo presupuestario” del Ejecutivo para financiar esta segunda etapa de Infantil, “transfiriendo recursos a las comunidades autónomas, sea cual sea su sistema de financiación” (público o concertado). Esta partida forma parte de la memoria económica de la LOE, en la que se recoge la conveniencia de contribuir a la financiación de la gratuidad del ciclo por transferencia a las autonomías de créditos para hacer frente a los gastos derivados de la creación de nuevas plazas gratuitas o de la financiación de puestos escolares ya existentes.
Según lo acordado en la Comisión General de Educación, se establecen las siguientes partidas: 33’3 millones de euros para Andalucía; 4’9 millones para Aragón; 3’1 millones para Asturias; 4’3 millones para Baleares; 8’7 millones para Canarias; 1’8 millones para Cantabria; 8’5 para Castilla y León; 8’1 para Castilla-La Mancha; 27’9 para Cataluña; 4’3 para Extremadura; 9 para Galicia; 1’1 para La Rioja; 24 para Madrid; 6’3 para Murcia;  y 18 millones para la Comunidad Valenciana.

Estatuto

Por otro lado, la titular de Educación, ha presentado la Consejo de Ministros el borrador del Estatuto del Funcionariado docente no Universitario, norma que establece las bases para el desarrollo de aspectos de la función docente. Entre sus aportaciones, destacan la regulación propia de la selección e ingreso en los distintos cuerpos docentes (incluyendo los inspectores), su formación inicial y derecho a la promoción profesional y carrera docente.
También se prevén la provisión de puestos y sus plantillas docentes y la garantía de movilidad nacional como funcionarios estatales, así como las distintas situaciones administrativas de los mismos, sin olvidar lo relativo a la salud laboral de los docentes y su seguridad jurídica, tal y como se recoge en el borrador, que –señaló Cabrera- es el resultado del acuerdo firmado el 20 de octubre de 2005 entre el Ministerio de Educación y Ciencia y los sindicatos mayoritarios del sector para cumplir con una promesa “largamente esperada”.
El futuro estatuto regulará así derechos y obligaciones de los profesionales, abrirá la posibilidad de una carrera que les permita mejorar horizontal y verticalmente a lo largo de su trayectoria profesional, “dentro de una concepción participativa de la educación y la organización escolar”, resumió la titular del MEC. Además, se delimitarán las atribuciones entre el Estado y las comunidades autónomas y una atención a la salud laboral de los profesores.