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Madrid.
En su comparecencia
ante la Comisión de Educación y Ciencia del Senado, la ministra de Educación
y Ciencia, Mercedes Cabrera, tras recordar el anuncio efectuado, el 24
de mayo, en el Congreso de los Diputados, de que el borrador de reforma
de la Ley Orgánica de Universidades ya estaba listo, y que el 29 de mayo
el Consejo de Coordinación Universitaria informó sobre el mismo en sesión
plenaria, expuso ante la Cámara Alta “las líneas prioritarias de la reforma
que he propuesto”.
Mercedes Cabrera
hizo especial énfasis en señalar que “que se trata de la reforma de una
ley, y no de una nueva ley; hemos cambiado aquellos aspectos de la LOU
que no han funcionado o que han provocado importantes desajustes y conflictos,
pero la reforma no es sólo una mera modificación: hemos insuflado un nuevo
espíritu a la LOU, un espíritu que haga posible la adecuación de nuestras
universidades a las demandas de la sociedad. Por esta razón, al acometer
la reforma hemos buscado el máximo consenso”.
Mercedes Cabrera
explicó que la reforma de la LOU “irá acompañada de una memoria económica”,
y que el diseño de un modelo estable de financiación universitaria “es
otra cosa”, que debe elaborarse “con prudencia” a partir del informe de
la comisión de estudio constituida en el Consejo de Coordinación Universitaria
y en el marco de un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas y
las propias universidades.
Según expuso
la ministra en su intervención, la reforma propuesta de la Ley Orgánica
de Universidades responde a las necesidades actuales e inmediatas de la
comunidad universitaria, entre ellas, la capacidad de las universidades
para evolucionar y poder así participar en la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior.
A este respecto,
Mercedes Cabrera insistió en que “el proyecto de reforma de la LOU y el
Espacio Europeo de Educación Superior son cosas distintas, que no deberíamos
confundir”, y explicó que “la construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior es un proyecto de cambio del sistema universitario a medio y
a largo plazo, un proceso de convergencia abierto, sin una fecha límite
de caducidad”, y que “la LOU reformada aportará, eso sí, un marco legal
lo suficientemente abierto y flexible como para que nuestras universidades
puedan ir transformándose y contribuyendo a la construcción del Espacio
Europeo de Educación Superior”.
Acceso
a los cuerpos docentes de profesorado
Tras
indicar que la modificación del sistema de acceso a los cuerpos de funcionarios
docentes ha sido una demanda de la práctica totalidad de la comunidad
universitaria, y que el sistema de habilitación dispuesto por la LOU como
requisito previo para acceder a los cuerpos docentes se reveló desde su
instauración como complejo y disfuncional, la ministra señaló que “la
reforma propone el reemplazo de este sistema por una acreditación nacional
para el acceso a los cuerpos docentes de profesores titulares de Universidad
y catedráticos de Universidad”, y agregó al respecto que “el procedimiento
de acreditación responde a la exigencia de un estricto rigor científico,
y al mismo tiempo es un sistema eficiente y pleno de garantías”. Dicha
acreditación será llevada a cabo por comisiones integradas por profesores
de reconocido prestigio nacional e internacional, pertenecientes a los
cuerpos docentes, o investigadores integrados en centros públicos de investigación.
El Ministerio de Educación y Ciencia velará para que este proceso sea
transparente, objetivo y eficaz.
En una segunda
etapa, las universidades convocarán las plazas para el acceso a los cuerpos
de funcionarios docentes, a las que sólo podrán concurrir los aspirantes
acreditados. “Es objetivo de este Ministerio –señaló la ministra- que
el sistema de selección dentro de las universidades esté regido por los
principios de publicidad, capacidad y mérito, principios que deberán aplicarse
no sólo a la selección de los candidatos, sino también a la selección
de los miembros de la comisión evaluadora”.
Por otra parte,
y en relación con el personal docente e investigador de las universidades,
la reforma dispone la elaboración de un Estatuto del Profesorado Universitario
que regule la estructura de la carrera funcionarial, sobre la base de
los méritos docentes e investigadores, y de un Estatuto del Personal Investigador
de los centros públicos de investigación.
Asimismo, la
reforma dispone la aprobación de un Estatuto del Estudiante Universitario,
que deberá prever la constitución, funciones y organización de un Consejo
de los Estudiantes Universitarios.
Conferencia
sectorial
Mercedes
Cabrera precisó en su intervención que la apuesta por el consenso no sólo
debe abarcar la reforma de la ley sino también debe extenderse a su desarrollo
y a su aplicación, “por esta razón, porque estamos convencidos de que
la educación requiere el máximo esfuerzo de consenso y cooperación, la
reforma de la Ley establece la Conferencia Sectorial de Universidades:
un organismo que impulsará la colaboración entre la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas. La Conferencia Sectorial de Universidades
propondrá la programación general y plurianual de las enseñanzas universitarias,
comprensiva de los equipamientos, las instalaciones, el personal y la
financiación precisos para la prestación del servicio público de la enseñanza
y la investigación superiores”.
Junto a la
Conferencia Sectorial, la reforma de la Ley instituye otro gran órgano
de coordinación universitaria: el Consejo de Universidades, presidido
por el ministro competente en materia de universidades, y compuesto por
los rectores de las universidades y cinco miembros designados por el presidente
del Consejo, por un período de cinco años.
Impulso
a la investigación
Promover
la investigación en la Universidad es uno de los objetivos de la reforma,
que Mercedes Cabrera calificó como “una prioridad del Gobierno”, y en
este sentido resaltó que “la reforma de la LOU parte de la firme convicción
de que la Universidad debe desarrollar una investigación de calidad y
una gestión eficaz de la transferencia del conocimiento y la tecnología,
con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo tecnológico,
a la innovación y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”.
En este sentido,
la reforma permite que el profesorado universitario pueda intensificar
su trayectoria investigadora a lo largo de su carrera profesional y potencia
la figura de los Institutos Mixtos de Investigación, integrados por universidades
y Organismos Públicos de Investigación (OPIS), permitiendo que tengan
profesorado propio adscrito.
“Estamos convencidos
–destacó la ministra en su intervención- de que la transferencia del conocimiento
científico a la sociedad no sólo es un derecho de las universidades; también
es un deber. Por esta razón, la ley buscará los medios para que las universidades
puedan cooperar con el sector privado y promover la movilidad del personal
docente e investigador hacia otros ámbitos productivos”.
La
autonomía universitaria
La
ministra recordó asimismo que la reforma de la LOU busca también respetar
la autonomía universitaria, principio reconocido en el artículo 27 de
nuestra Constitución, e indicó a este respecto que “la reforma proporciona
el marco adecuado para que, respetando una mínima serie de pautas comunes,
cada Universidad pueda diseñar su propio modelo de organización y su perfil
académico. Las universidades tendrán un mayor abanico de opciones para
–por ejemplo- elegir a su rector o establecer nuevos órganos de gestión”.
Tras señalar
que ni todas las universidades tienen las mismas necesidades, ni las mismas
características, y que por tanto no deben estar sometidas a un modelo
rígido y reglamentista de organización, que imposibilite la atención a
sus peculiaridades, la ministra señaló que “queremos remover obstáculos
para que cada Universidad pueda establecer sus propias señas de identidad;
queremos que las universidades tengan una mayor libertad para decidir
qué títulos imparten, qué líneas de especialización promueven o con qué
instituciones cooperan, y apostamos por la flexibilidad, convencidos de
que la capacidad organizativa de nuestras universidades debe estar preparada
para adaptarse a los cambios, cada vez más vertiginosos, en todos los
ámbitos del conocimiento”.
“Ahora bien
–agregó la ministra-, este régimen de autonomía y libertad de acción debe
implicar necesariamente mayor responsabilidad y una efectiva rendición
de cuentas ante la sociedad; de ahí la importancia que mi departamento
otorgará a las políticas de evaluación de la calidad, que deben extenderse
a todos los niveles del sistema universitario. La evaluación de la calidad
es el instrumento que permite imbricar autonomía universitaria y responsabilidad
social, y las agencias de evaluación de la calidad constituyen una herramienta
esencial en este proceso. La reforma de la LOU dispone que la ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) se convierta en un
organismo público, que desarrollará su actividad de acuerdo con los principios
de competencia técnica y científica, independencia y transparencia, en
el marco de actuación fijado para estas instituciones en el contexto internacional”.
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