Madrid. G. A.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha accedido a la petición de los sindicatos para ampliar el plazo de negociación del futuro Estatuto de la Función Pública Docente, cuyo primer borrador se presentó el 30 de mayo pasado en la Mesa Sectorial de Educación. El 8 de junio los sindicatos ANPE, ASI-Federación SAP, CC.OO, CSI-CSIF, CIG-Ensino, FETE-UGT, STES-I y USO presentaron en el registro general del MEC una carta conjunta, reclamando un aplazamiento hasta poder “retomar un auténtico proceso negociador” sobre el proyecto de Estatuto. Y en la reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada el día 14 el subsecretario del Departamento accedió a dicha petición.
Todas estas organizaciones afirman en su escrito que el principio de acuerdo alcanzado el 24 de mayo sobre el borrador de un Estatuto Básico del Empleado Público, “condiciona de forma determinante cualquier proceso de elaboración del Estatuto del Funcionario Docente”. Consideran que “la trascendencia, importancia y repercusión de ese Estatuto para los docentes “nos obliga a disponer de más tiempo de conocimiento y consulta con el profesorado”. Y añaden que “a estas alturas de curso en que nos encontramos, es imposible la participación de los profesores”.

Referencia

ANPE recordaba recientemente esta circunstancia al valorar el proyecto ministerial de Estatuto Docente, y avisaba que dicha propuesta se formulaba “sin que previamente se haya cumplido con el mandato constitucional de promulgar el Estatuto Básico de la Función Pública, que sirva de referencia y marco para la elaboración del estatuto específico del peculiar ámbito de la Función Docente”. En cualquier caso, considera que el borrador presentado inicialmente por el MEC no cumple sus expectativas, sobre todo en lo referente al diseño de una “carrera profesional efectiva, tanto en sentido vertical como horizontal dentro del mismo cuerpo”.
También afirma que el proyecto “no devuelve a los claustros de profesores un papel más determinante en la vida de los centros”; echa en falta “relaciones de puestos de trabajo objetivamente elaboradas”, para que los concursos de traslados y de méritos “se realicen con verdadera objetividad”; y dice que no se contempla que el perfeccionamiento profesional se efectúe gratuitamente y dentro de las horas lectivas”. Además, insiste en que “la trascendencia e importancia del Estatuto Docente en las futuras condiciones laborales del profesorado, obliga a disponer de más tiempo para estudiarlo”.

Rigor y sosiego

También la Federación de Enseñanza de CC.OO había manifestado su rechazo “ante la imposibilidad de llevar a cabo un proceso de negociación participativo a estas alturas de curso y en poco más de una semana”. E incluso había anunciado una campaña de movilizaciones si el MEC persistía en su actitud. Ahora ha mostrado su satisfacción por este aplazamiento, “que todos los sindicatos del sector habían solicitado de forma conjunta para llevar a cabo un verdadero proceso de debate, con el necesario rigor y sosiego y con la suficiente participación de los trabajadores del sector”.
CC.OO ha expresado asimismo su confianza en que la futura negociación del Estatuto Docente, “una de las mayores reivindicaciones históricas del profesorado”, se aborde “con los mismos criterios de rigor, seriedad y temporalidad con que se han tratado otros procesos anteriores, para tratar con serenidad y con tiempos suficientes todos aquellos temas contemplados en este borrador de Ley, como la movilidad del profesorado, la carrera profesional, la salud laboral, las jubilaciones, las retribuciones, las titulaciones mínimas, etc.”. Además, quiere negociar antes de final de mes algunos aspectos sin desarrollar en el Acuerdo Básico sobre condiciones laborales del profesorado suscrito el 20 de octubre de 2005, sobre todo en lo referente a incrementos retributivos y al nuevo sistema de acceso a la Función Pública Docente.
FETE-UGT coincide al exigir al MEC el cumplimiento de las medidas contempladas en el citado acuerdo, y también al considerar “aconsejable” esperar a la aprobación definitiva del Estatuto Básico del Empleado Público para avanzar en la redacción del Estatuto Docente. Por eso ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Ministerio “haya aceptado la propuesta de disponer de un mayor plazo de tiempo para llevar a cabo la negociación y el debate” de dicha norma.

Calendario

Esta organización ha pedido al MEC un calendario de negociación “que prevea el tiempo suficiente para lograr la elaboración de la norma básica que regulará el conjunto de derechos y deberes de los funcionarios docentes, los perfiles profesionales, la configuración de los cuerpos docentes, los sistemas de promoción profesional, los traslados, la movilidad, las retribuciones, etc”. Porque considera que la importancia del futuro Estatuto “exige un proceso de negociación y debate suficiente para alcanzar el máximo consenso posible, y poder elaborar un texto que sea aceptado por el conjunto del profesorado”.
La Confederación de STES-Intersindical cree que “la presión sindical ha obligado al MEC a congelar el Estatuto”, y afirma “con satisfacción” que el Ministerio “ha dado marcha atrás en sus planteamientos de imponer el Estatuto, y acepta que la negociación se realice en los próximos meses, para que los profesores puedan conocer el proyecto, formarse una opinión y ofrecer propuestas alternativas”. También considera que “el conjunto del profesorado ha conseguido hoy propiciar un sistema de negociación, que permitirá que sea escuchado en el debate sobre sus condiciones de trabajo y retribuciones”.
Los STES-I mantienen su rechazo al proyecto que califican de “inquietante, regresivo y jerarquizador, y reconocen que son “la única organización de ámbito estatal que ha manifestado su oposición tajante a la manera en que se ha elaborado este borrador y a los contenidos del mismo “. Advierten que “con la excusa de desarrollar la posibilidad de una carrera docente, se pretende introducir una estratificación innecesaria del profesorado, que bloqueará el trabajo en equipo y someterá a los docentes a un proceso de supervisión e inspección continuos, sin garantías de objetividad”. Y denuncian que “se pretende aplicar un sistema de escalafón formado por ocho grados, con consecuencias retributivas y para los concursos de traslados que dependerán, en buena medida, de criterios subjetivos”.