En el presente artículo, un maestro de Primaria de Granada con 25 años de experiencia docente, reflexiona, y quiere hacer reflexionar, acerca de algunos de los problemas de la educación en nuestro país, y, al hilo de la aprobación de la nueva ley de educación, abre un espacio de debate sobre las responsabilidades y compromisos que, con independencia de las leyes en vigor, deben estar presentes en el entorno educativo para que la enseñanza cumpla sus funciones.

La nueva ley de educación

José Manuel Gutiérrez Rueda
Maestro de Primaria

UALQUIER propuesta de mejo-

ra del sistema educativo, y más si de una ley se trata, debe de contar, en mi opinión, no sólo con la anuencia de la mayoría de la sociedad sino además con un diagnóstico de la situación para que, en función de los fallos detectados, se organicen las disposiciones y recursos necesarios para que las medidas propuestas produzcan los resultados deseados. Es de esta manera como podremos avanzar en la solución de algunos de los numerosos problemas que afectan al mundo de la escuela en sentido amplio. Y es éste el propósito con él que me propongo la reflexión e identificación de algunos de los males que nos aquejan y, al mismo tiempo, aportar posibles vías de solución, eludiendo intencionadamente aspectos que, como la religión o la libertad de elección de centro, constituyen, más que una preocupación real en la mente de los docentes, un subterfugio de la oposición y de buena parte de la sociedad más ultra conservadora para mantener un pulso político con el gobierno, pulso con él que la mayoría de la población no se siente identificada.
El primero de ellos es el excesivo número de maestros que imparte clase en Primaria, y en consecuencia la dispersión que provoca en los alumnos tan alto número de especialistas. Las especialidades en Primaria deben, en mi opinión, si no ser suprimidas no ser obstáculo para que un maestro imparta cualquier materia con independencia de su especialidad. La formación inicial de los maestros y maestras ha de posibilitar que al acabar su carrera todos puedan dar clase de todas las materias de Primaria con independencia de que en unos estudios posteriores o complementarios, quien así lo desee, pueda especializarse en determinadas materias.
El segundo tiene que ver con la incorporación del alumnado de tan temprana edad a los IES y que provoca efectos perniciosos en el comportamiento de los más pequeños. Niños y niñas de doce años pasan de una escuela, donde la acción tutorial es mucho más intensa y hay una comunicación muy fluida con las familias, al instituto, en donde ésta, aún con notables excepciones, brilla por su ausencia. De esta manera a una edad en la que se hace más necesario que nunca el conocimiento de las familias sobre la marcha académica de sus hijos es cuando, paradójicamente, menos se sabe de ellos.
El tercero es la necesidad imperiosa de atajar los problemas de convivencia desde una perspectiva distinta de la actual que basa toda su acción en la disciplina y que hace responsable sólo al alumno de todo lo que acontece en el centro escolar. La convivencia de niños de edades tan críticas, doce a dieciocho años, en los IES genera serios problemas que no se producían antes cuando permanecían en los antiguos centros de EGB. La permanencia en las escuelas de los alumnos del primer ciclo de Secundaria vendría a paliar de manera significativa este problema.

Formación del profesorado

El cuarto aspecto a tener en cuenta, y que hay que plantearse seriamente, es él de la formación inicial y permanente del profesorado. ¿Cómo es posible abordar los retos a los que la sociedad del conocimiento nos enfrenta con unos estudios que no nos capacitan para ello? ¿Cómo podremos hacerlo con los escasos medios de los que disponemos? Sólo un mínimo porcentaje del conocimiento que se imparte hoy en la escuela les servirá a nuestros alumnos el resto ¡se está produciendo al mismo tiempo que nosotros enseñamos!
En quinto lugar no debemos olvidar que la instrucción o enseñanza de materias no puede separase nunca del aspecto educativo y la escuela tiene que dar respuesta a este asunto más aún en los casos en los que la familia no lo hace. El que la familia se inhiba, por que no puede o quiere, en la vertiente educativa no puede ser excusa para que la institución escolar haga lo mismo, sino todo lo contrario. Los centros deben de contar con los recursos materiales y humanos y las instituciones públicas procurar que así sea y actuar por convencimiento primero o por coacción a la familia, si es preciso, para defender a los intereses del menor y en todo caso el profesorado en general tiene la obligación de educar y no sólo instruir como algunos pretenden.
El sexto elemento a debate es el de los alumnos de Secundaria obligatoria poco integrados y que son obligados por el sistema a permanecer en él pero que con frecuencia abandonan aburridos y pasan, con el tiempo, a engrosar la lista de empleados en los trabajos que menos apetecen. En este caso los centros escolares, de manera directa o por derivación a otras instituciones, deben ganar el pulso al fracaso escolar (que curiosamente se da entre las clases sociales más desfavorecidas o familias más desestructuradas) de los alumnos con riesgo de exclusión del sistema educativo. La pedagogía del éxito tomará el relevo cuando los planes, las instalaciones, los recursos, el profesorado, las familias posibiliten una perspectiva más cercana a las necesidades educativas de los problematizados por el sistema.

Mayor presencia de los padres

En séptimo lugar es preciso contar con una mayor presencia de los padres y madres en la escuela y exigir su colaboración en la comunidad educativa. La participación de estos, salvo honrosas excepciones, brilla por su ausencia en la vida académica, y sin su concurrencia poco se puede hacer para mejorar el mundo de la educación. Las experiencias de Escuelas de Padres y Madres demuestran que son estas las mejores recetas para propiciar la formación, el debate y en definitiva el encuentro que tan buenos resultados da.
La última cuestión tiene que ver con la excesiva burocratización y reglamentación de la vida académica y organizativa que se concreta en la proliferación de documentos: finalidades educativas, proyectos curriculares, planes de centro, memorias de fin de curso, reglamentos de organización y funcionamiento… que se hacen una vez, por que así lo dice la ley, pero que son auténticos desconocidos para el profesorado, exceptuando el equipo directivo que es quien lo elabora, y de los que cada año prácticamente sólo se cambian las fechas para su revisión por la inspección educativa.
Mi práctica educativa, desde que empecé hace ahora 25 años, ha sido la misma, incorporando a ella todo lo que la experiencia de otros compañeros, la mía propia o las lecturas y cursos de reciclaje profesional me aconsejaban para mi formación permanente. He hecho lo mismo con la LOGSE, la LOCE y lo seguiré haciendo con la LOE; objetivamente ha sido así con independencia de lo acertado o no de mi labor. Es por ello que no creo tanto en la ley como elemento de mejora per se del sistema educativo sino mas bien en mi disposición a que así sea. Seguimos haciendo las mismas cosas de siempre, no importa como se llame la ley que así nos lo prescriba ni el partido político bajo el cual la norma fue aprobada. En consecuencia, la ley por si sola, acompañada o no de mayor o menor partida presupuestaria, no puede mejorar la educación del país, y por tanto no es la única responsable del fracaso escolar. Podremos cambiar todo pero no habremos cambiado nada sin disposición al cambio. Por el contrario, cualquiera de las leyes antes mencionada puede, con la concurrencia, el trabajo y la buena disposición de la comunidad educativa en sentido amplio, producir excelentes resultados, y de eso los maestros conocemos multitud de ejemplos.

 

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