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Estatuto de la Función Pública Docente

Según había anunciado la anterior ministra de Educación, Mª Jesús San Segundo, al finalizar el presente curso escolar, estaría listo el Estatuto de la Función Pública Docente, documento que los profesores esperamos con ansiedad desde hace años.
Además de determinar los derechos y deberes de los trabajadores de la enseñanza pública y definir los perfiles profesionales, esta norma se aplicaría en todas las comunidades autónomas, ya que los funcionarios docentes pertenecemos a cuerpos estatales.
Me permito enumerar algunos de los aspectos que nos parecen de mayor interés, como el acceso a la función pública, la configuración de los cuerpos de funcionarios, las retribuciones, los derechos sindicales, los sistemas de promoción y carrera profesional, los traslados y la movilidad, la jornada y las vacaciones, seguridad social y jubilación.
Entre ellos uno de los que más nos preocupa es el acceso a la función pública docente y consideramos que las administraciones educativas deberían sacar a oferta pública de empleo el mayor número de plazas para terminar con la precariedad del empleo.
Una de las reivindicaciones que venimos reclamando desde hace años es la posibilidad de disponer de un año sabático, sin reducción retributiva, que podríamos disfrutar, al menos, una vez a lo largo de nuestra carrera profesional.
Confiamos en que Mercedes Cabrera, la nueva titular de Educación y Ciencia, lleve a buen puerto las negociaciones entre los distintos sectores, que conduzcan a la elaboración de este Estatuto, de forma que satisfaga las demandas del conjunto de los trabajadores de la enseñanza.

Jaime Pérez Campos
Segovia.

 
     
   

Protección al profesorado

Los episodios de violencia hacia los profesores son cada vez más numerosos. Según los datos de un informe que reproduce la prensa en estos días, una cuarta parte de los maestros ha sufrido agresiones en su trabajo. Mientras que en la etapa de Primaria, los autores de estos hechos suelen ser los padres, en Secundaria son los propios alumnos quienes acosan a sus profesores. Desde que el sindicato ANPE puso en funcionamiento el teléfono del Defensor del Profesor el pasado noviembre, ha recibido centenares de llamadas que constatan la indefensión de estos profesionales ante numerosas agresiones físicas y psicológicas.
Hace unas semanas, el Ministerio de Educación firmó un convenio con los sindicatos de enseñanza un plan para la mejora de la convivencia escolar, con el que se pretende erradicar comportamientos incompatibles con el buen clima escolar y fomentar la resolución pacífica de conflictos. Además, el MEC va a proponer a la Conferencia Sectorial de Educación la revisión de la normativa que hace referencia al Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado y de los Reglamentos de organización y funcionamiento de los centros.
Los profesores confiamos que con estas iniciativas se garantice asistencia jurídica y especializada, cuando seamos objeto de actos violentos, y que los responsables educativos emprendan medidas para reforzar nuestra autoridad en el aula. Además, consideramos necesario que estas propuestas se incluyan en el futuro Estatuto de la Función Pública Docente que, al parecer, se presentará próximamente.

Luis Gómez Martín
Móstoles (Madrid). 

 
       
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