Los sindicatos quieren negociar el desarrollo de la LOE y el Estatuto del profesorado
Los representantes de la escuela católica piden tres años de plazo para adaptar los centros de Preescolar a centros de Educación Infantil
Los sindicatos han pedido al MEC que inicie las negociaciones sobre el desarrollo reglamentario de la LOE y el futuro Estatuto del profesorado, según han manifestado tras la reunión de la ministra Mercedes Cabrera ante los consejeros de Educación autonómicos y su comparecencia en el Consejo Escolar del Estado. Por su parte, los representantes de la escuela católica han pedido tres años de plazo para adaptar los centros de Preescolar a Educación Infantil.
En la imagen, reunión de Mercedes Cabrera con José María Fidalgo y José Campos. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
La Federación de Enseñanza de CC.OO ha planteado sus principales reivindicaciones al Ministerio de Educación, tanto durante la entrevista que han mantenido con la ministra los máximos responsables de esta organización, como durante las recientes encuentros de Mercedes Cabrera con la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Escolar del Estado. En todos los casos, han apelado a la responsabilidad del Ministerio y de las comunidades autónomas para que, ante el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Educación (LOE), garanticen “de manera inequívoca aquellos aspectos que repercuten directamente en la mejora del empleo, la equidad y la calidad de la educación”.
Entre dichos temas CC.OO destaca la financiación, los programas de cooperación territorial, la compensación de las desigualdades, la solidaridad interterritorial, la atención a la diversidad del alumnado, la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza, y el “reconocimiento, apoyo y valoración de los profesionales de la educación”. También ha pedido al MEC que cumpla los compromisos adquiridos en los acuerdos laborales del pasado año para el profesorado de la enseñanza pública y la concertada, sobre todo en lo relativo al acceso a la función pública docente y a la mejora de la convivencia escolar, las pensiones, las retribuciones, la formación, la FP, la salud laboral, el Plan Concilia, etc.
Además, CC.OO quiere que el Ministerio “no olvide” al personal laboral y a los colectivo no docentes, que “desempeñan una labor educativa imprescindible en los centros”. Respecto a la Formación Profesional le ha instado a abordar “de manera urgente y decidida” el desarrollo de unos criterios mínimos de creación de centros integrados, así como la aplicación en este sector de la LOE y la Ley de las Cualificaciones, “para evitar reacciones centrífugas de tipo corporativo”. Por último, ha exigido al MEC que presente “en el plazo más breve posible” el proyecto del Estatuto de la Función Pública Docente, que definirá los derechos y deberes de los profesores, sus perfiles profesionales y sus condiciones laborales.

Medidas urgentes

El sindicato ANPE habría deseado “más diligencia” en la implantación de la nueva Ley, “pues llevamos ya un largo compás de espera y reflexión que deberá prolongarse otro año más, ya que la intención del Gobierno es que hasta el curso 2007-08 no comience su aplicación”. Mientras tanto, cree que es urgente aplicar una serie de medidas como el establecimiento de un complemento económico para todo el profesorado, el refuerzo de su papel y su autoridad en el aula, la mejora de las condiciones de promoción entre cuerpos docentes, la prórroga y mejora de las condiciones de jubilación voluntaria anticipada, el desarrollo de un Plan de Choque contra la violencia escolar y, sobre todo, la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente.
Para esta organización, dicho Estatuto debería tener criterios integradores y no crear “barreras separadoras que impidan el derecho a la movilidad en todo el Estado”. Tendría que mantener el carácter estatal de los distintos cuerpos docentes, garantizar retribuciones iguales en las distintas comunidades autónomas a los profesores de un mismo cuerpo y nivel, y establecer un sistema de acceso “que respete los principios constitucionales de mérito, capacidad y publicidad”. Y también habría de contemplar “una carrera profesional efectiva tanto en sentido vertical como horizontal”, garantizar un perfeccionamiento profesional gratuito dentro de las horas lectivas, y devolver a los claustros “un papel más relevante en la vida de los centros”.
Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT (FETE-UGT) valora positivamente que la LOE comience a aplicarse el próximo curso escolar, “sobre todo en lo concerniente a la organización y dirección de los centros, así como la incorporación de un representante de los municipios en los consejos escolares de la escuela concertada que se vayan renovando. Pero cree que también se podrían haber adelantado temas como los criterios de evaluación y promoción del alumnado de la ESO, y los requisitos de acceso a los programas de diversificación”.

Aplicar los acuerdos

FETE ha mostrado igualmente su satisfacción por el anuncio de la ministra de presentar en los próximos días el proyecto de Estatuto Docente que se negociará con los sindicatos, “cumpliendo así con el compromiso que  públicamente adquirió el Presidente del Gobierno”. Aunque considera necesario que comiencen a aplicarse los acuerdos firmados con el MEC en octubre del pasado año, “ya que el profesorado está expectante por conocer cómo se llegará a la concreción en las aulas de los planes de convivencia; las propuestas para la promoción profesional; la jubilación anticipada, la reducción de jornada, los requisitos para cobrar el plus de 60 euros, la disminución de la interinidad, y si la experiencia docente va a ser determinante para que los interinos accedan a la Función Pública Docente”.
La Confederación de STEs-intersindical (STEs-i) ha valorado positivamente la presencia de la ministra en el Consejo Escolar del Estado, pero ha vuelto ha manifestar que la aplicación de la LOE “perjudicará a la escuela pública si no se ponen los remedios adecuados, beneficiando a las patronales de la enseñanza privada y a la jerarquía eclesiástica”. También han denunciado que los acuerdos que firmó la anterior ministra el pasado otoño durante el trámite de la Ley, y que no suscribió esta organización, “no se están cumpliendo en los escasos aspectos positivos que contienen”.
Ante el desarrollo de la LOE y de dichos acuerdos, y ante la anunciada elaboración del Estatuto Docente, los STEs-i han pedido a la ministra que abra una nueva etapa de negociación, y han mostrado su  disposición a “trabajar con el MEC para que se mitiguen los aspectos más regresivos de dichas leyes y acuerdos”. Quieren que en esos desarrollos reglamentarios, tanto los de ámbito estatal como los autonómicos, se aprueben “medidas que sirvan para fortalecer la educación pública y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y el personal de administración y servicios”. Y, en definitiva”, reclaman “una escuela pública de calidad y laica, como garante de una sociedad más libre y más democrática”.

Conciertos

Las organizaciones de la escuela católica, FERE-CECA y Educación y Gestión (EyG), han manifestado que las Comunidades autónomas “deben respetar el plazo que establecía el Real Decreto de Calendario de la LOCE, no derogado, según el cual la fecha tope para lograr la concertación plena de la Educación Infantil era el curso 2006-07”. Y sobre la aplicación de la LOE han solicitado al MEC un aumento del plazo de tres años, para la adaptación de los centros de Preescolar a centros de Educación Infantil.
Han pedido asimismo que se establezca un plazo de aplicación de la revisión del módulo de concierto, en paralelo al inicio de aplicación de las respectivas enseñanzas. Y han reclamado el retraso en la aplicación de la Disposición Final Primera 8 de la LOE, relativa a la incorporación del representante municipal en los consejos escolares de los centros privados, “hasta que este tema esté correctamente tratado en el nuevo Real Decreto de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos”. Por último, han mantenido su oferta de “colaboración, diálogo y consenso” en el desarrollo de la LOE, porque “sólo será posible lograr una educación de calidad con la aportación de todos”.
La CECE no ha valorado las comparecencias de la ministra, pero sí ha mostrado su decidido apoyo a la mayoría de las medidas acordadas por los consejeros de Educación de las comunidades autónomas donde gobierna el PP para aplicar la LOE, porque “garantizan una política educativa común en gran parte del territorio español”, según informa la Agencia EFE. Dice que dichas cuestiones ya habían sido propuestas por esta patronal en las “numerosísimas” enmiendas presentadas en el Consejo Escolar del Estado a la reforma educativa, y durante el trámite parlamentario de esta Ley.  Felicita a los promotores de esta iniciativa, que califica de “gran acierto”, y anima al resto de las comunidades a desarrollar “medidas similares que garanticen un patrimonio cultural común a todos los españoles”.

Decepción estudiantil

Por último, los dirigentes del Sindicato de Estudiantes (SE) también se han entrevistado con Mercedes Cabrera, y han mostrado su “decepción” tras esa “reunión insatisfactoria” en la que sólo han obtenido “buenas palabras” de la ministra, “que no ha concretado nada sobre ninguna de las cuestiones” que se han tratado. Un portavoz de este sindicato ha manifestado que les hubiera gustado conocer las fechas de desarrollo de la LOE, la presentación de la propuesta definitiva de modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), “y otras cuestiones relativas al Proceso de Bolonia”, pero “no se ha conseguido nada”.
También ha advertido que el SE no descarta convocar nuevas movilizaciones contra la homologación de los sistemas universitarios de 45 países europeos, impulsada por dicho Proceso de Bolonia. Y ha añadido que el rechazo de los universitarios españoles hacia esa medida es “cada vez mayor”, ya estos estudiantes “sólo quieren converger con Europa en la inversión destinada a la investigación y en el número de becas que se conceden”. Por último, ha afirmado que la clave para mejorar el sistema educativo pasa por un aumento en su financiación, y por la derogación de la LOU.

 

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