En la presente colaboración su autora aborda uno de los problemas más acuciantes que afronta el ámbito educativo en
la actualidad, la violencia escolar, lacra que lastra
la convivencia en los centros de enseñanza y su entorno, y expone dos iniciativas que pretender dar respuesta a este problema: el teléfono del Defensor del Profesor y una propuesta de nueva norma reguladora de la convivencia.

Dos respuestas a los problemas de convivencia escolar

Carmen Guaita
Secretaria de Comunicación de ANPE-Madrid

OS casos  de conflictividad  en el

ámbito escolar, de los que se hacen eco cada vez con mayor frecuencia los medios de comunicación, son la punta de un iceberg que esconde  la realidad del sufrimiento de muchos profesores y alumnos de nuestro país que cotidianamente la padecen, con menoscabo de su  dignidad como sujetos de derecho.
El matonismo entre alumnos, la indisciplina, la insubordinación y  las agresiones físicas o verbales a los profesores constituyen diferentes variantes de un problema más amplio: la violencia escolar, un  preocupante fenómeno que no es nuevo en el ámbito educativo pero que se ha acentuado en los últimos años en España.
Día a día, mañana a mañana de trabajo, los profesores españoles constatamos que la normativa por la que se rige nuestro sistema educativo no nos proporciona instrumentos adecuados para hacer frente a la conflictividad de parte del alumnado. Así, aumenta preocupantemente la sensación de indefensión, no sólo referida a nuestra propia situación como docentes, sino a la protección que debemos asegurar a los alumnos.
Los responsables públicos y algunos colectivos e instituciones de relevancia dentro del sistema educativo, se están mostrado refractarios a reconocer la gravedad de este problema. Uno de los tópicos más recurrentes  es responsabilizar a la sociedad en su conjunto de los actos de violencia. Una responsabilidad de todos que termina por serlo de nadie. Muchos docentes, ante este panorama, se sienten desmotivados o se consideran responsables de su propia indefensión.
Son ya muy numerosos los estudios realizados sobre el tema de la violencia escolar entre alumnos, el bullying. Algunos de los más importantes son el realizado por el Defensor del Pueblo en 1999 y, sobre todo, el VIII Informe Cisneros sobre acoso y violencia escolar del Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo, de 2005.
No son tan numerosos los referentes a la situación del profesorado. ANPE realizó un estudio entre el profesorado de la Comunidad de Madrid, en el año 2004, cuya repercusión mediática fue notable. Algunos datos de este estudio hablan de que un 87% de los profesores no se sienten protegidos por la Administración; el 80% ha sido insultado o ha sido objeto de indisciplina por parte de los alumnos; mientras que el 81% de de los escolares le falta al respeto al profesor.
En el año 2005 ANPE llevó a cabo un estudio coordinado por el servicio de epidemiología de la Fundación Jiménez Díaz. Los resultados del estudio fueron alarmantes: El 73% del profesorado de la Comunidad de Madrid está en riesgo de padecer enfermedades psíquicas no psicóticas, es decir, aquellas producidas por factores exógenos, ansiedad y depresión.
Estamos realizando en estos momentos otro estudio, porque consideramos indispensable una aproximación rigurosa a este tema y a sus repercusiones-
Con este soporte estadístico, y con la constatación a partir del trabajo sindical de que desde hace ya tiempo el profesorado se enfrenta a una situación para la que carece de posibilidades de respuesta, ANPE ha puesto en marcha una serie de medidas de respuesta inmediata al profesorado, siempre con la vista puesta en que la solución debe estar contenida en la normativa sobre Derechos y Deberes y en el Estatuto del Docente, y que está en las manos de los legisladores, responsables últimos del sistema educativo.
Las medidas son la puesta en marcha de un servicio denominado Defensor del Profesor, y una propuesta firme y seria de  actualización de la normativa vigente sobre convivencia escolar.

 El teléfono del Defensor del profesor

El pasado 30 de noviembre de 2005, ANPE-Madrid puso en marcha un servicio de atención inmediata a los docentes que estén afrontando situaciones de violencia escolar o acoso, en el marco de la campaña de ANPE para la mejora de la convivencia en los centros, que acababa de presentarse. Desde entonces, y debido a la enorme demanda del servicio, el Defensor del Profesor se ha establecido en varias Comunidades Autónomas.
A través de un número de teléfono y de la página web www.defensordelprofesor.com , se ofrece al docente -sea cual sea su filiación sindical, su ubicación profesional en la enseñanza pública o privada, o el nivel educativo que imparta-  atención inmediata, asesoramiento y orientación personal, a cargo de un equipo de psicólogas coordinado en Madrid por la psicóloga y profesora Inmaculada Suárez Valdés, y atendido, en cualquier caso, por equipos de psicólogos en las diferentes Comunidades. La infraestructura sindical de ANPE permite completar el servicio con el asesoramiento profesional, jurídico y administrativo que se precise en cada caso.
La información que se obtiene a través del teléfono tiene carácter confidencial, garantizado por la profesionalidad del equipo de psicólogas, aunque con los datos obtenidos  hemos elaborado estadísticas y estudios de resultados, que han sido puestos en conocimiento de las autoridades educativas y de la opinión pública.
La repercusión mediática de este servicio, y el número de llamadas recibidas han superado todas nuestras expectativas. Hemos constatado también cómo el profesorado ha valorado positivamente esta iniciativa.
Los datos son expresivos: La conflictividad y violencia escolar afecta tanto a los centros de enseñanza públicos como a los concertados y privados, de todo el territorio español.
Un 70 % de los profesores que consultan con el servicio presenta síntomas de depresión, y de ellos, un 30% recibe ya tratamiento psicológico.
Los casos que se presentan corresponden en un 75% a la imposibilidad de dar clase; 24% sufre amenazas verbales por parte de los alumnos; un 12% recibe presiones en su actividad diaria dentro del centro, 5% recibe también amenazas de los padres; 10% ha sufrido alguna agresión física y más de un 80% se encuentra desamparado por la dirección del centro y por la administración educativa.
No cabe la menor duda de que consideramos cumplido el primer objetivo que inspiró la puesta en marcha del teléfono Defensor del Profesor: ofrecer una respuesta inmediata ante una necesidad del profesorado. Queda ahora por cumplir el objetivo sin el cual no podrá resolverse el fondo de la cuestión. A nuestro juicio se deben reformar de manera inmediata las normas de convivencia que rigen desde 1985 los centros educativos españoles, emanadas de la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, de 1985, que permanece en vigor. Para nosotros, la situación derivada de la aplicación de esta Ley tiene responsabilidad directa sobre la situación actual de indefensión del profesorado.

Propuesta de actualización de las normas de convivencia

Las normas de convivencia de los centros docentes son un elemento educativo que tiene una doble vertiente: prevenir y corregir los comportamientos que perjudiquen los derechos subjetivos de los miembros de la comunidad educativa.
Consideramos urgente la redacción de una nueva normativa reguladora de la convivencia en los centros, que establezca como principio la Tolerancia cero con los actos de violencia escolar, y que contemple de forma explícita y sin ambigüedad las siguientes cuestiones:

  • Establecer el derecho básico de alumnos y profesores a poder enseñar y aprender en contextos libres de actos de matonismo y de indisciplina. Derechos básicos, comúnmente aceptados para otros colectivos y socialmente reconocidos a cualquier trabajador.
  • La normativa sobre convivencia escolar debe mencionar y tipificar explícitamente  las graves conductas que la condicionan, sin omitirlas o subsumirlas  bajo denominaciones más suaves o políticamente correctas.
  • Debe redactarse de nuevo el capítulo de Derechos y Deberes que afecten a todos los miembros de la comunidad educativa, con las debidas particularidades y atendiendo a la labor que, en el marco de la institución escolar, cada uno desempeña. Es relevante reseñar aquí que la LODE contempla 56 derechos y 9 deberes para el alumnado, y no menciona la existencia de derechos ni de deberes para los padres y los profesores.
  • Consideramos imprescindible asegurar la protección y la atención preferente a las víctimas de violencia o acoso.
  • En el marco de la atención a la diversidad, deben crearse, en cada centro docente, “Aulas de Atención Individualizada para la Mejora de la Convivencia”, integradas por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y profesores, donde, prioritariamente y de forma transitoria, se dé una atención individualizada y especializada a los alumnos que tengan conductas graves de relación o de convivencia en los centros docentes, y en las que se pueda llevar a cabo un  adecuado seguimiento.
  • El profesor debe considerarse como profesional investido de autoridad, y ser reconocido como autoridad pública en el ejercicio de su función, al igual que otros funcionarios de la administración educativa.
  • Proponemos crear la Comisión de Disciplina dependiente del Claustro de Profesores, que coexistirá con la Comisión de Convivencia, pero que asumiría  la corrección y sanción de las conductas más disruptivas.
  • En los casos más graves, debe contemplarse la suspensión inmediata de la asistencia a clase, y la presencia del equipo multidisciplinar encargado del aula de atención individualizada.
  • Modificación de la Ley del Menor que considere un delito el acoso escolar y arbitre el alejamiento del acosador del entorno escolar.
  • La Inspección Educativa debe velar por que las actuaciones que se lleven a cabo en los centros docentes, relativos a la incoación de expedientes disciplinarios y las consecuencias de los actos que los motiven, no perturben el normal desarrollo de sus actividades, y que alumnos y profesores puedan desarrollarlas con plena libertad y con el pleno ejercicio de sus derechos. Velará por que las víctimas de actos violentos o de acoso tengan las debidas medidas compensatorias o paliativas, incluidas las de organización interna y la atención psicológica; si el centro no pudiese proporcionárselas la Inspección arbitrará las más adecuadas. Verificará que las medidas adoptadas para la corrección de conductas o actos contrarios a la convivencia no suponen menoscabo, condición vejatoria o humillante para las víctimas ni para los demás miembros de la comunidad educativa. En cuanto a los profesores, es necesario que la Inspección y las autoridades educativas les respalden y les protejan.

La LOE da sus primeros pasos contemplando en su articulado un plan de choque contra la violencia escolar. Esperamos desde ANPE con estas propuestas una respuesta legislativa seria, responsable y eficaz, adecuada a la verdadera dimensión de este problema. Esperamos también, y sobre todo, una reacción de la sociedad entera a favor de nuestra dignidad, un reconocimiento general de la relevancia de nuestra tarea.
Los profesores debemos recuperar el principio de autoridad, sin el que no podemos llevar a cabo la labor docente, y que nunca hubiéramos debido perder. Es insoslayable un convencido apoyo institucional al profesorado devolviéndole las funciones profesionales que se le han arrebatado en los últimos años,  porque es mucho lo que la sociedad española se juega en este tema.  

 

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