Asistencia jurídica para profesores y alumnos víctimas de la violencia escolar

El MEC destina inicialmente 4.495.000 euros para poner en marcha el
Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar

El MEC va a garantizar la asistencia jurídica a los profesores y alumnos víctimas de acoso o violencia en las aulas, según se contempla en el acuerdo que ha suscrito con la mayoría de los sindicatos y la CEAPA para promover la convivencia escolar.
Va a destinar casi 4,5 millones de euros para ponerlo en marcha, aunque esta cantidad podrá incrementarse anualmente, y se va a implicar en su desarrollo a las comunidades autónomas, municipios y asociaciones de padres y de alumnos.
Tras la firma del acuerdo, María Jesús San Segundo manifestó su intención de implicar a las CC.AA. y los ayuntamientos en este Plan. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. ARIANES
El Ministerio de Educación y Ciencia ha suscrito con el sindicato ANPE, con las federaciones de enseñanza de CC.OO, CSI-CSIF, UGT y USO, y con la Federación SAP, un “Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar”, al que también se ha adherido la Confederación laica de padres CEAPA. Establece una serie de compromisos y prevé diversas medidas cuya principal finalidad es erradicar de las aulas “comportamientos incompatibles con el buen clima escolar”, y fomentar la resolución pacífica de los conflictos entre los más jóvenes.
En este sentido, en el preámbulo del acuerdo todos los firmantes reconocen que “aunque las situaciones de conflicto, de indisciplina o de acoso entre escolares han existido siempre, parecen haber cobrado una mayor relevancia en los últimos años y es innegable que han aumentado las dificultades para poder impartir las clases y llevar a cabo el proceso de enseñanza”. También advierten que cada vez se producen más agresiones a profesores y entre compañeros “que adoptan formas muy diversas, desde la agresión psicológica más sutil hasta la física directa, como las provocadas por algunos casos de acoso de graves consecuencias”.

Consenso con las comunidades autónomas

Este Plan es fruto de los acuerdos suscritos por el Ministerio y la mayoría de los sindicatos el pasado año para mejorar las condiciones sociolaborales de los profesores de la enseñanza pública y de la concertada, y se inscribe en el marco de lo previsto en la Ley Orgánica de Educación (LOE) sobre los planes de convivencia como elementos básicos del Proyecto Educativo del Centro. Se concibe desde “el diálogo y el consenso con las comunidades autónomas y la implicación de sus principales destinatarios: los profesores, los alumnos y sus familias”, por lo que se proponen actuaciones “expresamente dirigidas” hacia dichos colectivos.
La primera medida prevista en el Plan es la creación de un “Observatorio estatal de la convivencia escolar y de prevención de conflictos escolares”, que estará presidido por la ministra de Educación y constará de dos vicepresidencias, una correspondiente al MEC y la otra a las comunidades autónomas. También estarán representados los sindicatos docentes y las asociaciones de padres y de alumnos. Actuará como “órgano de recogida, análisis y difusión de información periódica, homogénea y sistematizada, relativa a los conflictos de convivencia en los centros escolares”. Para ello se creará una base de datos de referencia y se normalizará un sistema de “indicadores de calidad de la convivencia”.

Revisar la normativa actual

El MEC va a proponer a la Conferencia Sectorial de Educación la revisión de la normativa referida a la convivencia escolar, como el Decreto de derechos y deberes del alumnado y de los Reglamentos de organización y funcionamiento de los centros. Y va impulsar el intercambio y difusión de las medidas y decisiones que están adoptando en este sentido las distintas administraciones educativas. En cualquier caso, se compromete a promover “las medidas adecuadas para garantizar la asistencia jurídica de los docentes y alumnos víctimas de violencia escolar, o conflictos que alteren la convivencia y el normal desarrollo de la actividad docente, así como la asistencia especializada que sea necesaria”. Esta propuesta se incorporará al futuro Estatuto de la Función Pública Docente.
El Ministerio quiere reconoce que hay que reforzar “el papel del profesorado y su autoridad en el aula”. Y va a proponer a los representantes de las comunidades autónomas la articulación de programas de actuación en centros y zonas que, por sus “características específicas, necesiten mayores recursos humanos y materiales para llevar a cabo su actividad educadora, potenciando también la acción tutorial y reforzando la actuación de los departamentos de orientación”. También pretende incorporar planes destinados a favorecer la convivencia en los centros a los programas de formación inicial del profesorado.

Informar a las familias

El plan prevé asimismo el desarrollo de programas de control de asistencia a clase de los alumnos e información a sus familias, que se implantarán inicialmente en cien centros. Se pretende fomentar la participación de los padres en la actividad de los colegios, y facilitarles también el acceso a la información escolar a través de Internet, “salvaguardando la necesaria confidencialidad”. Además, el MEC va a crear una página web sobre convivencia, en la que se recogerán experiencias de centros y proyectos premiados sobre convivencia, y se facilitarán materiales de apoyo y conexiones con otras web.
También se van a convocar anualmente ayudas y premios para proyectos de fomento de la convivencia, se van a elaborar “guías de buenas prácticas”, se van a organizar cursos de “formación de formadores” y se va a celebrar cada año un Congreso internacional sobre estos temas. El Ministerio ha establecido un presupuesto inicial de 4.495.000 euros para desarrollar este plan, cantidad que “se incrementará anualmente en la medida que se considere necesaria”. Todas las actividades previstas comenzarán antes de finalizar el presente curso 2005-06, salvo las relativas a formación del profesorado que darán comienzo al inicio del próximo ejercicio 2006-07.

Apoyar a los docentes

La ministra de Educación ha mostrado su satisfacción por la firma de este acuerdo “con los sindicatos que representan a la inmensa mayoría de los docentes”, y que recogen “compromisos y apoyos a la tarea de los profesores”. Ha manifestado que “no queremos cerrar los ojos, queremos tener un retrato fiel y permanente de cual es la realidad diaria de nuestro sistema educativo, porque conocer la realidad es el mejor paso para poder mejorarla”. Y ha dicho que “tenemos que trabajar por la prevención y tenemos que trabajar por imbuir a nuestros jóvenes conocimientos y competencias, pero también los retos y los valores de la ciudadanía democrática, si pretendemos tener una mejor sociedad en el futuro”.
María Jesús San Segundo ha advertido que “las situaciones de violencia en la escuela suponen que se tambalean los cimientos de un espacio para formar en la convivencia”. Por ello, ha desatacado la puesta en marcha de los programas de control del absentismo escolar en un mínimo de cien centros, mediante la firma de convenios con las comunidades autónomas. Y también las medidas para reforzar la autoridad de los docentes y para reducir “el menor plazo posible” la aplicación de posibles sanciones.

Punto de partida

Aunque el contenido de este acuerdo “no satisface plenamente” sus objetivos, el sindicato ANPE lo ha valorado positivamente “porque constituye un primer paso y un punto de partida para la mejora de la convivencia escolar, y porque supone el reconocimiento expreso de la administración educativa del ambiente de indisciplina y de violencia que se vive en las aulas”. Celebra que se intente devolver al profesorado “la autoridad que le corresponde en el ejercicio de su tarea docente”. Y también medidas como la creación del Observatorio estatal y la revisión de la normativa vigente sobre convivencia escolar, la defensa jurídica de las víctimas de la violencia, la elaboración de estrategias y materiales de apoyo y la formación del profesorado en estos temas, el establecimiento de protocolos de actuación ante agresiones, etc.
La Federación de Enseñanza de CC.OO ha mostrado su satisfacción por este Plan que recoge “gran parte” de sus propuestas, como “la modificación de la legislación y de los reglamentos orgánicos de los centros, y de los derechos y deberes del alumnado, la creación de nuevas figuras sociales, el reforzamiento de la asistencia jurídica a los docentes, la inclusión de programas preparatorios sobre este tema en la formación inicial del profesorado, y la creación de observatorios sobre la convivencia”. Pero también pide un “Plan de choque específico en Secundaria, porque es en este nivel en el que se están produciendo la mayor parte de los problemas”. Y exige planes de convivencia en todos los centros del Estado para el curso 2007-07, y que las comunidades autónomas desarrollen el acuerdo estatal firmado con el MEC.

Avance importante

CSI-CSIF advierte que el Plan “adolece de falta de concreción”, y su puesta en marcha “dependerá de la voluntad política de las comunidades autónomas”. Pero afirma que es un “avance importante”, y cree que “era urgente actuar en el tema de la convivencia porque el deterioro de la vida en las aulas era ya preocupante y el aumento de la conflictividad es el primer problema del sistema educativo español”. Esta organización ha puesto en marcha un “registro nacional” para contabilizar y combatir problemas concretos, tanto de “alta conflictividad” (agresiones físicas) como los de “baja conflictividad (insultos, interrupciones en clase, indisciplina, etc.) que no son objeto de atención de las administraciones, pero son muy frecuentes y socavan poco a poco la motivación y la moral de los profesores”.
FETE-UGT cree que este Plan es positivo porque “intenta dar respuesta a la exigencia por parte del profesorado, fundamentalmente del que imparte sus clases en la ESO, que ve como en los últimos tiempos está siendo superado en algunos centros por conductas agresivas”. Considera lógico formar a los docentes en temas relacionados con la convivencia, potenciando al mismo tiempo la tutoría y creando nuevos perfiles profesionales “que les sirvan de ayuda en la difícil tarea de educar”.Y valora muy positivamente la creación del Observatorio estatal y la modificación de la normativa básica sobre la convivencia escolar, la implicación de los padres, la creación de programas específicos para centros y zonas con mayor necesidad de recursos,  la garantía de defensa jurídica y la existencia de un presupuesto para este programa.

Reforzar la autoridad del profesor

La Federación de Enseñanza de USO considera que “la convivencia escolar es un requisito básico para que los profesores puedan realizar su labor”, y cree que la actual situación “es más grave de lo que parece, por lo que es urgente actuar contra las actitudes y situaciones violentas en los centros docentes”. Espera que este acuerdo sea “un instrumento que sirva para ver las causas y buscar soluciones”, y suponga un “paso importante contra el pesimismo del profesorado por la desconfianza que tienen hacia las administraciones educativas”. Y pide que se refuerce la autoridad de los docentes, “porque son los protagonistas de la educación y deben sentirse valorados y apoyados por toda la comunidad escolar”.
Por el contrario, la Confederación de STEs-Intersindical afirma que este Plan “es una cortina de humo que quiere ocultar los problemas por no tener soluciones”. Considera “positivo” que el MEC “haya sido sensible al fin a las reiteradas demandas del profesorado” en este sentido. Pero cree que “los problemas de convivencia escolar no son única y estrictamente escolares, ya que hunden sus raíces en problemas de convivencia social que también deben abordarse” con medidas “más generales y sociales”. Por eso, entiende que “este Plan nace prácticamente muerto, pues se ha gestado únicamente desde el MEC,” y pide un proyecto “más global”, en el que también participen los departamentos de Asuntos Sociales, Justicia, Trabajo y Sanidad, junto a las comunidades autónomas.

Problema de la sociedad

Las principales asociaciones de padres de alumnos también muestran posturas encontradas en este tema. Así, la confederación laica CEAPA se ha adherido al acuerdo, que ha calificado de “muy importante, porque firmar significa adquirir compromisos y la escuela necesita hoy muchos compromisos”. Cree que los problemas de convivencia “no afectan sólo a la escuela, sino también a las familias y a toda la sociedad, y hay que afrontarlos entre todos”. En este sentido, recuerda que “los padres también tenemos que ganarnos la autoridad día a día, y en eso nos parecemos a los profesores,  por lo que es muy importante la colaboración entre escuela y familias , superando los recelos que todavía existen”.
Por el contrario, los padres católicos agrupados en la CONCAPA reconocen que el acuerdo es “una actuación loable que viene a dar satisfacción a una demanda antigua de la comunidad educativa”. Pero a la vez denuncian que “el MEC olvida al resto de los agentes implicados y, una vez más, el Gobierno pretende educar a nuestros hijos sin el concurso de los padres”. Afirman que los alumnos y las familias “son parte y solución del problema”. Y dicen que “el acuerdo firmado debería ser más ambicioso y sentar las bases de un régimen de convivencia que, además de dotar al profesorado de las herramientas precisas para mantener un clima adecuado dentro del aula, establezca procedimientos cortos y no burocratizados con finalidades educativas en las sanciones”.

 

arriba