El Pleno del Congreso aprueba
la Ley Orgánica de Educación
El proyecto recibe 181 votos a favor (PSOE, ERC, PNV, IU-ICV y CC) 131 en contra (PP) y 12 abstenciones (CiU y tres diputados del Grupo Mixto)
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) por 181 votos a favor, 133 en contra y ha habido 12 abstenciones. El proyecto legislativo fue respaldado finalmente por PSOE, ERC, PNV, EA, IU-ICV y CC; los votos contrarios correspondieron al Partido Popular, y la abstención a CiU y a tres diputados del Grupo Mixto (BNG y CHA). El Gobierno aprobará previsiblemente en junio el primer decreto de desarrollo de la ley, referido al calendario de aplicación.
María Jesús
San Segundo
en un momento de su intervención
en el pleno del Congreso.
(Foto: Rafael Martínez)

Madrid
La norma, cuyo debate se inició en septiembre de 2004 con el documento Una educación de calidad para todos y entre todos, viene a sustituir a tres leyes educativas precedentes: la LOGSE (1990), la LOPEG (1995) y LOCE (2002). Con ella se deroga también el articulado todavía vigente de la Ley General de Educación de 1970, aunque se mantiene en vigor la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985. Antes del verano, el Gobierno aprobará previsiblemente el primer decreto de desarrollo de la ley, referido al de calendario de aplicación de la misma. En las próximas semanas se iniciarán las negociaciones con las CC.AA. para la aplicación de la ley en los distintos territorios.
La mayoría de los grupos parlamentarios condicionaron su apoyo a la reforma educativa en función de las enmiendas introducidas en el Senado que finalmente se aprobaran o tumbaran en este último trámite. Si el pasado diciembre los diputados de CiU apoyaron la ley y los de IU se abstuvieron, en la votación final se han invertido los papeles. Las nueve abstenciones de CiU tienen que ver con una enmienda del Senado que eliminaba del Consejo Escolar de los centros concertados al representante de los Ayuntamientos, pero que ha sido rechazada en el Congreso.

Texto sin apenas cambios

No obstante, tras su paso por la Cámara Alta el texto del proyecto aprobado es muy similar al que se enviado el pasado mes de diciembre, aunque se han incorporado algunas mejoras técnicas, lo que significa en la práctica que la mayor parte de las enmiendas más importantes introducidas en el Senado han sido retiradas. Por ejemplo, la regulación de la asignatura de Religión. queda como estaba, es decir, será de oferta obligatoria en los centros y optativa para los alumnos, y evaluable pero no computable a efectos de becas, de promoción de curso y de acceso a la universidad. También se ha suprimido la obligatoriedad de Informática en 4 curso de la ESO, el carácter educativo-asistencial del primer ciclo de la etapa infantil, el fondo de cohesión interterritorial y un acceso diferenciado y privilegiado de los docentes interinos a la función pública. Tampoco prosperaron otras modificaciones como asegurar una oferta de plazas suficiente y su crecimiento progresivo en los centros concertados de Infantil y Bachillerato y en las zonas de nueva población, la posibilidad de que los centros adoptaran especializaciones curriculares o que las CC.AA. establezcan procedimientos para la difusión de los resultados de las evaluaciones del sistema que realicen en sus respectivos ámbitos. El texto de la LOE recupera además la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, que había sido suprimida en la tramitación en el Senado, y cuya enmienda no ha prosperado en la Cámara Baja.

Una ley “optimista”

Durante su intervención en el pleno, la titular de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, el proyecto de la LOE como una ley “ambiciosa” y “optimista”. “Es una norma que nos impulsa a llegar tan lejos como queramos llegar en nuestro sistema educativo. Es una ley que para ser optimista y para ser ambiciosa tiene que ser rigurosa y por ello nos invita a definir estrategias que son complejas”, dijo San Segundo. Asimismo, señaló que la importancia de actuar en diferentes frentes, “que les demos mayores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes en los centros públicos. Es una ley que nos permite impulsar nuestra educación pública más lejos de lo que ha llegado nunca”.
María Jesús San Segundo agradeció a los representantes del sistema educativo, las familias, los profesores, las CC.AA. y los diputados y senadores su participación en el debate y sus contribución a la mejora del texto. “Desde el principio de este debate todos hablamos de conseguir grandes objetivos con las leyes de educación, pero además de buscar acuerdos. En educación todos partimos de fuertes convicciones y sinceramente creo que nunca debemos perderlas. Hará más difícil el debate de las leyes educativas, porque todos partimos de eso que creemos que la educación puede conseguir para nuestra sociedad”. Asimismo, señalo que “prefiero tener una sociedad que crea en la educación a venderlo todo en nombre de un debate fácil para una Ley que probablemente no abordaría la complejidad de la tarea que tenemos delante de nosotros”.
San Segundo hizo también un llamamiento a los diputados para que continúen trabajando por la Educación: “Ahora empieza de verdad el reto del sistema educativo para desarrollar esta ley, para aplicar todos esos programas, para invitar a todos nuestros centros a aplicar sus mejores estrategias, la combinación de programas que les estamos ofreciendo para mejorar. Por ello les invito a que sigan creyendo en la educación, a que todos los años renueven su apoyo en los presupuestos, como hemos comprometido, y a que entre todos hagamos realidad, y el ‘entre todos’ es fundamental, esa promesa de mejora del sistema educativo”.

Desvertebración

Por su parte, la secretaria de Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, volvió a cuestionar ante la prensa que la LOE vertebre el fracaso educativo y resuelva el fracaso escolar, y afirmó que “la LOE contribuye a la desvertebración de España, ya que crea 17 sistemas educativos diferentes a partir de hoy”. Pastor, interpretó que la ley “se ha escorado hacia la izquierda” y ello ha motivado el distanciamiento de CiU, destacando asimismo que la LOE sale con el apoyo de “sólo el 53% del Congreso, cuando debería haber sido una ley consensuada”.
Según manifestó el portavoz de CiU, Joseph Antoni Durán i Lleida, este grupo se siente responsable de “los grandes cambios que la LOE supone para el sistema educativo”, pero justificó la abstención de su formación política señalando que los socialistas no habían cumplido la palabra dada sobre una enmienda, apoyada por el PSOE en el Senado, relativa a la supresión de la presencia de un concejal en el Consejo Escolar de los centros privados concertados. En el pasado mes de diciembre, CiU había dado un voto favorable al proyecto en el Congreso “condicionado” a las mejoras “pactadas” con el PSOE que se incorporarían en el Senado.
La parlamentaria de IU-ICV Carme García señaló que el voto de este grupo, partidario de la representación municipal en los centros concertados, “podía depender de este asunto”, y finalmente IU, que se había abstenido en la votación del proyecto en diciembre, votó a favor de la LOE, mientras que ICV respaldó asimismo la ley, tal y como había hecho en diciembre con el proyecto. Joan Herrera, representante de IU-ICV, expresó su convencimiento de que el resultado final “es el mejor que podía darse”.
Para el portavoz de ERC, Joan Puigcecós, quien mostró su satisfacción por la aprobación de la ley, la LOE es “inclusiva, por favorecer a la escuela pública y ser un buen instrumento para la enseñanza concertada que quiera comprometerse”.
El portavoz del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, celebró la aprobación de la ley, a la que calificó de “importantísima” para el desarrollo económico y la igualdad social, y resaltó “la estabilidad que otorgará al sistema por el amplio consenso con el que cuenta”.

Fruto del consenso

Entre los diferentes sectores de la comunidad educativa, las opiniones sobre el proyecto son de signo muy diverso. Para la Federación de Enseñanza de CC.OO la LOE “es equilibrada, por cuanto que ha sido fruto del consenso parlamentario”, y aunque matiza que no es su ley, reconoce que “buena parte de las medidas que se recogen en ella supondrán un avance en la calidad y en la igualdad educativas”. Afirma que “los aspectos negativos no son los más sustanciales, mientras que los positivos pueden ser decisivos para la mejora del sistema educativo”. Entre estos últimos destaca las mejoras relativas a las condiciones laborales y retributivas del profesorado de la enseñanza pública y de la concertada; el establecimiento de una memoria económica y de una financiación para las medidas contempladas en la ley; las medidas de atención a la diversidad del alumnado; y que se establezcan “los mismos derechos y deberes para todos los centros sostenidos con fondos públicos”.
También la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT) valora positivamente “el pacto conseguido por el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, que garantiza la estabilidad educativa”. Considera que esta ley va a permitir a las comunidades autónomas desarrollar sus propios proyectos educativos. Y que contiene “planteamientos pedagógicos muy positivos, como las medidas de refuerzo educativo y de atención a la diversidad, la organización de la ESO y la incorporación de la nueva materia de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, las medidas referidas a las enseñanzas comunes, repetición de curso, adelanto en la incorporación a los Programas de Cualificación Profesional Inicial y el Plan de fomento de la lectura”. También valora los acuerdos para mejorar las condiciones sociolaborales de los docentes, pero mantiene dudas sobre la complementariedad de las redes, y pide que el futuro acceso a la función docente “contemple la experiencia como factor fundamental”.

Mala para la escuela pública

Por el contrario la Confederación de STEs-Intersindical afirma que esta ley “no es la que necesita la educación pública y no la fortalece, ya que en su aplicación la perjudicará, beneficiando a las patronales de la enseñanza privada y a la jerarquía eclesiástica”. Según esta organización, “es una ley que no mejorará la calidad de la enseñanza, que no contiene mejoras en las condiciones de trabajo, que ha ignorado al profesorado, y en la que, por primera vez en la historia de la educación española, el Estado hace dejación de una de sus obligaciones fundamentales cuando afirma que “el servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social”. Los STEs-i añaden que la aprobación de la LOE supone “un mal día para la escuela pública”, y esperan que en sus desarrollos se aprueben medidas para “fortalecer una escuela pública de calidad y laica, como garante de una sociedad más libre y democrática”.

No al pacto

Las organizaciones que integran la “Plataforma LOE-No”, entre las que figuran la Federación de Enseñanza de USO, la patronal CECE y la Confederación de padres católicos CONCAPA, han reiterado su rechazo frontal a esta ley, afirmando a la vez que “el Gobierno se ha aliado con la extrema izquierda para sacar adelante la reforma educativa, y ha dicho no al pacto por una educación de calidad en libertad y ha perdido una ocasión magnífica para encontrar el consenso”. Afirman que la LOE es “una ley sin futuro y regresiva, hecha de espaldas a la sociedad, que originará el adoctrinamiento de la juventud española con la nueva materia de Educación para la Ciudadanía, que asegura el fracaso escolar, y que rompe el sistema educativo español en 17 subsistemas diferentes, que no garantizarán la movilidad de los estudiantes y familias ni tampoco una cultura común”.
Por su parte, la Plataforma Estatal del Profesorado Interino lamenta que el Congreso no haya aceptado la enmienda a la Disposición Transitoria 17 aprobada en el Senado, relativa al acceso a la función docente y que contemplaba un proceso extraordinario para los interinos y sustitutos. Por ello, esta organización manifiesta que “el problema de la inestabilidad laboral de 80.000 docentes no es en este momento prioritario para nuestro Gobierno ni para nuestros parlamentarios”. Y advierte que “ahora es el momento de presionar al MEC para conseguir que el real decreto que desarrolle esta nefasta forma de acceso que se regula en la LOE, valore la experiencia docente como es de justicia, y no se expulse de la función pública a personas con años de servicio”.

Representante municipal

Por otra parte, la CEAPA ha mostrado su satisfacción ante la LOE. Su presidenta, Lola Abelló, considera muy positivo que el articulado final de esta Ley, recupere al representante municipal en el consejo escolar, así como que se reconozca al consejo escolar y al claustro como órganos de gobierno y se frene la cesión de suelo público a centros concertados en zonas de nueva creación. Asimismo, valora que el texto introduzca la asignatura de Educación para la Ciudadanía en todas las etapas y devuelva a la religión un carácter “no obligatorio y evaluable, aunque no computable”. En este sentido, Abelló defiende una formación “en derechos humanos, laica y democrática” y opinó que la “la moral y la religión pertenecen al ámbito privado”.
FERE y Educación y Gestión se muestran “bastante enfadados” por entender que con la LOE “se han vulnerado gravemente algunas cosas importantes que se acordaron con el PSOE, como no mantener como miembro del consejo escolar al representante municipal”, por lo que entienden que hay importantes dificultades para continuar con el diálogo.
Por último, ACADE valora “muy positivamente” el reconocimiento explícito en la ley de “una autonomía diferenciada” para los centros totalmente privados no concertados. Sin embargo, entiende que se ha perdido la oportunidad de posibilitar que todas las familias españolas, independientemente de su nivel económico, puedan elegir libremente el modelo y el centro que desean para la educación de sus hijos.

 

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