Observatorio Estatal contra los conflictos escolares

El MEC negocia un Plan sobre Convivencia Escolar con las comunidades autónomas y las organizaciones de profesores, padres y alumnos

El MEC quiere impulsar un “Observatorio estatal de la convivencia escolar y de prevención de los conflictos escolares, según un Plan que está negociando con los sindicatos y en el que también quiere implicar a las comunidades autónomas y a las organizaciones de padres y de alumnos. Para combatir el “progresivo incremento” de problemas de violencia y acoso en las aulas, quiere implicar a toda la comunidad educativa en el intercambio de experiencias y materiales didácticos, e impulsar actividades de formación sobre este tema.
Las organizaciones representativas del profesorado advierten que durante los últimos años han aumentado los problemas de disciplina y convivencia en los centros, sobre todo en Secundaria. Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha planteado a los sindicatos un  borrador para negociar el futuro Plan sobre Convivencia Escolar, en el marco del Acuerdo que ambas partes suscribieron el 20 de octubre de 2005. Parte de la base que “aprender a convivir con los demás es una finalidad esencial de la educación, y representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales”. Y también del hecho de que “una de las percepciones más extendidas entre el profesorado hace referencia al progresivo incremento de los problemas de convivencia en los centros educativos y, en especial, en los de educación Secundaria”.
Los sindicatos de profesores han advertido, y el propio Ministerio lo reconoce en su borrador, que en los últimos años han aumentado “los problemas y dificultades para poder impartir las clases y llevar a cabo el proceso de enseñanza, fenómeno que repercute directamente en el profesorado, en su motivación, en el clima del aula y en las relaciones con sus alumnos”. También han constatado la aparición de conductas de agresión entre compañeros con formas muy diversas, desde la agresión física directa hasta la psicológica “mas sutil”. Y son especialmente graves los casos que se conocen con el nombre de “bullying” o matonismo.

Diálogo con las CC.AA

El MEC quiere que el desarrollo de este Plan se base en un “diálogo constante” con las comunidades autónomas, “buscando el máximo acuerdo y consenso con ellas”. Y también desea contar con la implicación de “sus principales destinatarios”: los profesores, los alumnos y sus familias, “cuya colaboración resulta imprescindible”. Para facilitar la investigación sobre los problemas de convivencia en los centros, intenta facilitar el intercambio de experiencias y el aprovechamiento de materiales utilizados por los profesores, las propias administraciones autonómicas y otras instituciones, y “abrir un foro de encuentro y debate sobre la convivencia y las formas de promocionarla y desarrollarla”.
Para impulsar la investigación el Ministerio propone la creación de un “Observatorio Estatal de la convivencia escolar y de prevención de los conflictos escolares”, la creación de “comisiones de convivencia” en los centros, y la revisión de la legislación básica en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. Y para facilitar el intercambio de experiencias quiere crear una página web, convocar ayudas y premios para proyectos de fomento de la convivencia, en colaboración con las CCAA, y celebrar un congreso anual sobre estos temas, con participación internacional.
También va a elaborar guías de “buenas prácticas” e instrumentos de apoyo, que incluyan programas de control de asistencia y comunicación a las familias, instrumentos para el análisis de los grupos escolares, y materiales para la práctica de la mediación y otras alternativas a los expedientes sancionadores. Y va a organizar cursos de formación de responsables en temas de convivencia y mediación escolar. Para ello, quiere llegar a acuerdos con los sindicatos de profesores, con las asociaciones de padres, con las organizaciones de alumnos y con la Federación Española de Municipios y Provincias.

Implicar a las familias

En cualquier caso, el Ministerio ha propuesto diversas medidas concretas, como reducir el tiempo que transcurre desde que un alumno comete una falta hasta que se ejecuta la sanción, que puede ser de hasta tres meses, lo que resulta “poco eficaz” según el subdirector general de Alta Inspección, Pedro Uruñuela. También quiere adoptar medidas para dar “continuidad y coherencia” a las medidas de convivencia y a las posibles sanciones implicando más a los padres, que “lamentablemente muchas veces dan la razón a los niños frente a la opinión del profesor”. Por ello, el MEC pretende “que las familias se impliquen y se preocupen más por los estudios de sus hijos y su comportamiento en las aulas”.
El MEC estima inicialmente que para poner en marcha el Plan de Convivencia será necesario invertir 2.190.000 euros anuales, de los que el 82% (1.800.000 euros) se destinarán a controlar el absentismo en cien centros al año, en colaboración con las comunidades autónomas”. Los 330.000 euros restantes se emplearían en financiar cada año un Informe de diagnóstico de la convivencia escolar (60.000 euros), la guía de buenas prácticas (otros 60.000 euros), la formación de responsables en temas de convivencia y disciplina (120.000 euros), la celebración del congreso internacional anual (60.000 euros), y materiales de apoyo al profesorado (los 30.000 euros restantes).

“Tolerancia cero”

El sindicato ANPE cree que la futura normativa debería establecer como principio la “tolerancia cero” con los actos de violencia escolar, y tendría que adecuarse a “la grave realidad de lo que ocurre en algunos centros”. Pide una nueva redacción del capítulo de derechos y deberes “que afecte a todos los miembros de la comunidad educativa”, que se dé prioridad a “la protección y la atención preferente a las víctimas”, y que se creen “aulas de atención individualizada para la mejora de la convivencia”, en el marco de la atención a la diversidad e integradas por diferentes profesionales, como psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales y profesores”.
ANPE dice que hay que establecer “un nuevo sistema sancionador ágil y desburocratizado”, puesto en marcha fundamentalmente por los profesores, el claustro y el equipo directivo, y crear asimismo comisiones de disciplina dependientes de los propios claustros. Considera que hay que reforzar la figura del profesor como profesional investido de autoridad, “con la capacidad de sancionar de forma inmediata las conductas contrarias a las normas de convivencia”. Afirma que “las medidas preventivas y sancionadoras deben ser realistas y eficaces”, y advierte que “es urgente una modificación de la Ley del Menor, que considere un delito el acoso escolar”.

Financiación

La Federación de Enseñanza de CC.OO inició precisamente el pasado 30 de enero una “campaña de reflexión y movilización a favor de la convivencia en los centros escolares”, de la informábamos en el número 780 de COMUNIDAD ESACOLAR, y en la que propone un conjunto de actuaciones que implican un cambio en la normativa, en la organización escolar y en la formación del profesorado. Esta organización considera que “cualquier propuesta sobre este asunto puede quedar baldía si no va acompañada de un plan de financiación, que garantice a los centros los recursos humanos y materiales necesarios”, y dice que la sociedad debe tomar conciencia de que la escuela no puede trabajar de forma aislada.
CC.OO propone que se modifiquen los derechos y deberes del alumnado y el reglamento orgánico de los centros, que se cree un “Observatorio de la Convivencia” para promover estudios e investigaciones sobre el tema, que se garantice “una asistencia jurídica gratuita y eficaz” a todos los profesionales para las agresiones relacionadas con su labor educativa, y que se asegure la existencia de programas de formación continua a todos los sectores que intervienen en el proceso educativo. También cree que es “de especial relevancia la dotación suficiente de profesorado para reducir el número de alumnos en las aulas y el número de grupos que imparte cada profesor”, así como la incorporación de profesionales a los centros que atiendan la mediación y el trabajo social.

Disminuir las ratios

También FETE-UGT ha difundido sus propuestas, que recogemos en el número 782 de COMUNIDAD ESCOLAR”, y valora que el MEC haya reconocido algunas de ellas durante las negociaciones. Considera positiva “la creación de un Observatorio Estatal de la convivencia escolar y la prevención de los conflictos”, y que se tenga en cuenta a las comunidades autónomas. Pero ha mostrado su preocupación “por la indefinición del MEC en algunos aspectos clave para la consecución de la ansiada mejora en la convivencia, por cuanto no se concreta la necesaria disminución de las ratios que posibiliten una atención personalizada, y la definición de nuevos perfiles profesionales, como psicólogos, trabajadores sociales, etc.”
FETE considera “imprescindible” incrementar el horario lectivo dedicado a la acción tutorial, así como un incentivo económico de la misma, y la creación de un servicio de “asesoría jurídica, psicológica y social gratuitas de apoyo al profesorado”. Y también que el futuro Plan de Convivencia “venga acompañado de la financiación suficiente que permita su puesta en marcha, con las garantías necesarias, incorporándola a la memoria económica de la LOE”.

 

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