Madrid. ROSAURA CALLEJA
A través de 254 entrevistas a profesionales, mujeres y niños víctimas de la violencia de género y a 141 instituciones de siete comunidades autónomas, Save the Children ha elaborado una investigación sobre la atención a estos niños y adolescentes. Los expertos entrevistados coinciden en que los menores son víctimas directas o indirectas de la violencia de género que su padre ejerce sobre su madre, pero el sistema de protección a la mujer no los contempla como víctimas y los recursos terapéuticos o educativos específicos son escasos.
“Un niño de 2 años llamaba a su madre “puta”, porque creía que se llamaba así, su padre lo hacía”. Este es el testimonio de una trabajadora social, que Rosa Regàs, escritora y directora de la Biblioteca Nacional, reveló en el transcurso de la presentación de este informe, que se ha desarrollado en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Euskadi. En este acto también intervinieron, Mª Jesús Mohedano, miembro del Patronato de Save the Children, Pepa Horno, coordinadora de la investigación, y Dolores Perea, autora del informe sobre la Comunidad de Madrid. 

Conclusiones

Entre las conclusiones, figura que la normativa, los planes y documentos técnicos sobre la violencia de género no contemplan a los niños como víctimas en sus acciones, sino que los considera sólo como agravantes de la pena al agresor o como añadido a las medidas de protección para la mujer.
Aunque la edad no sea un requisito de exclusión, en la práctica, los niños varones mayores de 12 años no pueden acceder a las casa de acogida, desvela esta investigación. De igual modo, constata que los recursos para el desarrollo de las medidas previstas en esa normativa están, en general, descoordinados y no son suficientes ni adecuados para atender las necesidades de los niños, así como la inexistencia de datos cruzados entre los sistemas de protección de infancia y de protección de la mujer.
Este informe precisa que, en un caso de violencia de género, no siempre se notifica a protección ni a fiscalía la situación de los niños involucrados, salvo que presenten lesiones físicas.
Generalmente la atención a estos niños se canaliza a través del apoyo a sus madres, no mediante medidas de carácter psicosocial específicas y adaptadas a sus características y necesidades.

Recomendaciones

Para garantizar una atención de calidad a los niños, los autores de este documento apuestan por optimizar los recursos existentes y reforzar los de atención no residencial a las mujeres y los niños, para que puedan permanecer en su domicilio. También proponen incrementar los programas de tratamiento terapéutico para mujeres y niños, así como para los agresores. Otra de las recomendaciones se concreta en no excluir a los varones adolescentes en los centros residenciales, preservando la unión de la madre y los hermanos y valorando la opinión de los adolescentes. Tampoco se debe excluir a los adolescentes con conductas problemáticas, ya que los expertos consideran que los problemas de conducta se han de abordar con intervenciones psicoeducativas y sociales.
Asimismo, se muestran partidarios de potenciar los escasos recursos adaptados para víctimas que presenten alguna discapacidad.

Igualdad de género

Otro de los aspectos hace referencia a la formación de las instituciones y profesionales competentes para llevar a la práctica políticas de igualdad de género en los recursos de atención a las mujeres y los niños, favoreciendo la incorporación de educadores de ambos sexos en los centros residenciales, donde el personal es femenino preferentemente. Además de disponer de espacios específicos para la atención de los niños en sede policial y judicial.
Por último, plantea suspender de forma sistemática y temporal las visitas de los hijos a sus padres, si éstos han sido denunciados por situaciones de violencia de género y existan indicios de comisión de hechos delictivos.