Madrid. G. A.
Las organizaciones que integran la “Plataforma LOE-NO”, encabezadas por la confederación de padres católicos CONCAPA, la patronal CECE y la Federación de Enseñanza de USO, han entregado 80 propuestas de enmiendas a los grupos parlamentarios del Senado, para que las tengan en cuenta durante la tramitación de la Ley en dicha Cámara. Y han anunciado su intención de organizar el próximo 1 de abril un “acto masivo” el la plaza de toros de Vista Alegre, para explicar que “es posible otra educación”.
Los integrantes de esta Plataforma piden que la educación no sea considerada como un “servicio público sujeto a procesos administrativos”, sino como un “servicio de interés público y social”. Quieren que sean los propios colegios los que realicen el proceso de admisión de alumnos, con criterios prioritarios como “la aceptación del proyecto educativo del centro”, sea público o privado, y el de familia numerosa. Exigen que se garantice una “oferta suficiente” de plazas de segundo ciclo de Educación Infantil, tanto en los centros públicos como en los concertados. Y dicen que se debe garantizar a los padres el derecho a ser informados y a elegir el tipo de centro y de enseñanza que desean para sus hijos.

Más autonomía

También plantean mejoras en la dotación de los conciertos educativos, se oponen a la nueva asignatura de educación para la ciudadanía y a la posibilidad de pasar de curso con tres suspensos, e insisten en que los exámenes de recuperación deben ser en septiembre y en la realización de una prueba general para obtener el título de Bachiller. También reclaman más autonomía para los centros privados, concertados o no, a la hora de establecer su régimen interno, elaborar su proyecto educativo, seleccionar a su profesorado, organizar la jornada escolar y ampliar el horario lectivo de áreas o materias, entre otras atribuciones.
El consejero de la CONCAPA, Eduardo García ha manifestado a la salida del Senado que tiene “escasas esperanzas” de que prospere alguna de las enmiendas que han planteado, porque “esta ley ya estaba pactada de antemano, sobre todo con las comunidades autónomas y los partidos nacionalistas”. Y ha aclarado que cuentan con el apoyo del PP “un poco de CIU y, en algunas cuestiones, del PNV, salvo en el tema de las competencias”.
Por su parte, la presidenta de la CECE, Isabel Bazo, ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Educación, “ya que está desaparecida y su Ministerio ha convertido la LOE en un objeto de negociación exclusiva entre partidos políticos”. Una ley que, considera, “es una amenaza para la sociedad y para el futuro de España”.

Otras movilizaciones

La Confederación de STEs-Intersindical también va a continuar movilizándose contra la LOE, aunque por razones muy distintas (más bien opuestas) la las que esgrime la Plataforma. Esta organización ha celebrado una concentración de sus delegados ante la sede del MEC en Madrid el pasado día 19, y ha convocado una jornada de lucha para el día 22, mediante asambleas informativas, concentraciones, encierros y manifestaciones. Considera que durante su tramitación en el Congreso la ley “ha pasado de insuficiente a deficiente ya que ha empeorado claramente, y los grupos que la apoyaron han cedido a la gran mayoría de las reivindicaciones de la derecha educativa y de las patronales de la enseñanza privada”.
Los STEs-i han planteado 138 modificaciones a la LOE en el Senado, y temen que el texto puede “empeorar aún más” durante su tramitación en esta Cámara, “por las enmiendas presentadas por CIU y las presiones de las patronales educativas sobre el Gobierno”. Consideran que “el Gobierno parece haber desistido de la idea de una educación como derecho en igualdad para toda la ciudadanía, desde el momento en que se asegura que la garantía de este derecho no sólo recae en la responsabilidad de los poderes públicos, sino también en la iniciativa social, es decir, la empresa privada que ha negociado la redacción de una ley a su medida”. Y se preguntan “¿cómo la iniciativa social, la enseñanza privada, va a garantizar un derecho fundamental como es la educación, cuando su objetivo es o ganar dinero o adoctrinar?”.

Privilegios

En definitiva, los STEs-i temen que la LOE suponga “un paso importante en el afianzamiento” de la escuela concertada, al aumentar de forma “desorbitada sus privilegios y su financiación frente a la pública, que atiende a todo el alumnado y por la que los poderes públicos debieran velar”. Reclaman medidas para promover mejoras en las condiciones sociolaborales de los docentes, en la gestión democrática de los centros y en la atención a la diversidad. Y denuncian que “por primera vez en la historia de la educación española, una ley orgánica aparece atada a un acuerdo con un país extranjero”, ya que la LOE dice que “la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en acuerdo con la Santa Sede; acuerdo que es a todas luces anticonstitucional”.
Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC.OO ha presentado 37 enmiendas, con las que pretende incorporar a la ley “determinados aspectos que contribuirán a su mejora y permitirán dotar de estabilidad al servicio público educativo, garantizando su papel vertebrador y de cohesión social”. Ha recordado a los portavoces de los diferentes grupos del Senado que “con la educación no se juega”, y ha pedido a las administraciones central y autonómicas “un pacto de gasto educativo, basado en la corresponsabilidad y coordinación”. Y ha insistido en la necesidad de “apartar a la enseñanza de las reglas del mercado”, en clara referencia a su postura contra la “Directiva Bolkestein” en la Unión Europea.

Plan de choque

Con sus propuestas, CC.OO insiste en la consideración del ciclo 3-6 años de la Educción Infantil como etapa obligatoria, en la incorporación de servicios de orientación educativa y psicopedagógica en Primaria, en la necesidad de crear un plan de choque en Secundaria como medida de atención a la diversidad, y en la reducción de la ratio profesor-alumno como “elemento fundamental para lograr una enseñanza de calidad”. Por ello, rechaza la incorporación que se ha realizado durante el trámite del proyecto en el Congreso para aumentar dicha proporción hasta un 10% “por incorporación tardía de alumnos”, y propone que la reserva sea “durante todo el año y se efectúe sobre ratios más bajas”.
Este sindicato reclama igualmente la creación de servicios educativos y complementarios en todos los centros públicos, lógicamente “financiados con fondos públicos”, para “compensar las desigualdades existentes y conciliar la vida laboral y familiar”. E insiste en “la mejora de las condiciones para acceder a las llamadas jubilaciones LOGSE”. Por último, pide “que no se produzcan retrocesos en los aspectos relacionados con la escolarización del alumnado con dificultades en todos los centros financiados con fondos públicos, sean de titularidad pública o privada”.

El derecho de todos

La Confederación laica de padres, CEAPA, manifiesta que “por encima de las preferencias de algunas familias en la elección de centro escolar está el derecho de todos a la educación”, y expresa su temor de que, “ante las conversaciones que mantiene la patronal de centros privados católicos con distintos grupos parlamentarios, las enmiendas a la LOE eliminen el control del Estado sobre los centros concertados que financia”. Por ello, recuerda que el artículo 14 de la Constitución establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Por todo ello, la CEAPA afirma que “las modificaciones que incorpore el Senado no deben abrir la posibilidad a los centros concertados de continuar con la selección que practican en el proceso de admisión de alumnos, cuando año tras año apenas admiten a hijos de trabajadores inmigrantes, a alumnado con bajo rendimiento académico y demás alumnos con necesidades educativas especiales. Así mismo, -añade- las enmiendas que se admitan no deberán contemplar la posibilidad de escolarizar por separado a niños y niñas”.
Asimismo, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, y el portavoz de Educación del PSOE en el Senado, Manuel Pezzi, se han reunido con los secretarios generales de FERE-CECA y EyG, Manuel de Castro, y de FSIE, Francisco Virseda, para analizar las enmiendas que estas organizaciones han propuesto a los grupos del Senado, 40 y 52 respectivamente, informa Efe. Después de que el Congreso incorporara algunas de las modificaciones propuestas por las escuelas católicas, De Castro había manifestado el deseo de seguir hablando con el ministerio y el PSOE con vistas a eventuales mejoras en la tramitación del proyecto legislativo por el Senado.
De Castro confirmó que hay cosas del proyecto que siguen sin gustar a estas organizaciones, pero mantendrá el diálogo desde una "actitud de independencia". Virseda reiteró la apuesta por la negociación antes que por el enfrentamiento. Las partes coincidieron en calificar la reunión de constructiva y provechosa, sin entrar en detalles de qué enmiendas concretas contarían con el respaldo socialista.