Madrid.
El proyecto de ley aprobado reconoce la lengua de signos española como la lengua de personas sordas que libremente decidan utilizarla en España, así como su aprendizaje, conocimiento y uso. Asimismo, la nueva normativa, según se contempla en el proyecto, establecerá y garantizará los medios de apoyo a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. En la memoria económica del citado proyecto se contempla una aportación anual de dos millones de euros por parte del Gobierno para el desarrollo y apoyo de esta iniciativa.
En el texto aprobado rige el principio de libertad de elección por parte de las personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas, por lo que se reconoce y regula de forma diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la lengua de signos española, así como de los medios de apoyo a la comunicación.
En cuanto al uso, la norma facilitará a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas la utilización de intérpretes de lengua de signos y el establecimiento de medios de apoyo a la comunicación, cuando lo precisen, en diferentes ámbitos públicos y privados (sanidad, educación, cultura, ocio, transportes, participación política y medios de comunicación, entre otros).

Instituciones de apoyo

El proyecto de ley contempla asimismo la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, con el objetivo de investigar, fomentar, difundir y velar por el buen uso de esta lengua.
Además, el Gobierno creará, en el Real Patronato sobre Discapacidad, el Centro Español de Subtitulado y la Audiodescripción con la finalidad de investigar, fomentar, promover iniciativas y coordinar actuaciones en este ámbito.
Finalmente, el texto del proyecto de ley aprobado reconoce asimismo la existencia de la lengua de signos catalana (junto a la española, la única reconocida por la comunidad sorda signante en nuestro país) en su ámbito de uso.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros que la norma aprobada “beneficia directamente a un millón de ciudadanos con sordera o deficiencia auditiva, y también a los cuarenta millones de ciudadanos restantes que conviven con ellas”. Fernández de la Vega agregó al respecto que, a su juicio, “el reconocimiento de la lengua de signos y la regulación de su uso y aprendizaje sitúa a España en la vanguardia de la protección de los derechos de las personas con discapacidad, junto a países pioneros como Francia o Finlandia”.

Valoraciones

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) “aplaudió” la aprobación del citado proyecto, y resaltó al respecto que “se trata de un momento decisivo e histórico para la comunidad sorda de este país”.
El presidente de la Confederación, Luis Cañón, precisó que “este proyecto de ley es fruto de mucho trabajo y de años de lucha”, y añadió que las personas sordas esperan que la futura ley garantice nuevos derechos y la igualdad en distintos ámbitos, como la educación, la justicia, el ocio o la sanidad, “para que cuando una persona sorda acuda al médico no se sienta como un extranjero en su propio país”.
Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC.OO., exige que esta Ley posibilite de manera real la creación de centros bilingües para personas sordas y la consolidación, en condiciones de estabilidad, de la figura del Intérprete de Lenguaje de Signos para el alumnado sordo en los IES  y Universidades en los  que se encuentren integrados estos alumnos.
En un comunicado emitido por esta organización se precisa al respecto que “el anteproyecto de Ley Lengua de Signos para las personas sordas aprobado en Consejo de Ministros del pasado día 13 obligará a las administraciones educativas a ofertar centros bilingües, un modelo educativo inexistente de manera real en el actual sistema educativo español”.
El anteproyecto será debatido y votado a partir de ahora en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado. La Ley garantizará el derecho a aprender la Lengua de Signos así como a utilizarla a través de intérpretes y otros medios, como el subtitulado, en determinados ámbitos, según recuerda CC.OO. en su comunicado, y las administraciones deberán determinar los centros que ofrecerán educación bilingüe y las personas sordas podrán solicitar su uso en hospitales, centros culturales, deportivos y de ocio y en las relaciones con las administraciones públicas.
En varias Comunidades Autónomas los intérpretes de Lengua de Signos Española ha pasado a convertirse en personal laboral dependiente de las Consejerías de Educación, aunque hay una gran variedad en la modalidad y situacional contractual de este colectivo. Recientemente presentaron un manifiesto reivindicativo y actualmente están en contacto con la Federación de CC.OO. para emprender acciones reivindicativas en las que exigen que estabilidad laboral y unas condiciones de trabajo dignas.
“La Federación de Enseñanza de CC.OO., valorando muy positivamente este anteproyecto de Ley, manifiesta estar expectante respecto a su desarrollo –se precisa en la nota- ya que de no contarse con recursos adecuados y suficientes, la Ley sólo será un marco legislativo positivo que no ofrecerá medios para mejorar la situación actual de las personas sordas”.
Este sindicato también exige que la Ley vaya acompañada de un Plan de formación en Lengua de Signos para el Profesorado, sobre todo para el que desarrolla su tarea en centros de Infantil y Primaria en que se encuentran integrados alumnos y alumnas sordas.