Madrid.
El Ministerio de la Presidencia ha promulgado el Real Decreto 1558/2005 a propuesta de los departamentos de Educación y Ciencia y de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se regulan los requisitos básicos de los centros integrados de Formación Profesional. Estos centros son los que impartan todas las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que conduzcan a títulos de FP y certificados de profesionalidad. Y su principal objetivo es “desarrollar acciones formativas derivadas de la integración de las ofertas de FP, dirigidas a la población demandante, jóvenes, trabajadores en activo ocupados y desempleados, que faciliten el aprendizaje a lo largo de la vida”.
Por ello, incluirán en sus acciones formativas las enseñanzas propias de la Formación Profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, y las de formación permanente dirigidas a la población trabajadora ocupada. Estos centros podrán ser públicos y privados, de nueva creación o proceder de la transformación de centros ya existentes. Para financiar las acciones educativas y los servicios que presten podrán recibir subvenciones  y otras ayudas, incluidas las de régimen de conciertos educativos, o estar cofinanciadas por el fondo Social Europeo.
Entre los fines prioritarios de estos centros destaca la “cualificación y recualificación” permanente de las personas, mediante el establecimiento de una oferta de FP “modular, flexible y de calidad, adaptada a las demandas de la población y a las necesidades generadas por el sistema productivo”. También contribuirán, en el marco del Sistema nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, a “la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral de vías no formales de formación, promoviendo así la valoración social del trabajo”. Y establecerán “un espacio de cooperación entre el sistema de Formación Profesional y el entorno productivo sectorial y local, para desarrollar y extender una cultura de formación permanente”.

Necesidades de cualificación

Los centros integrados de FP desarrollarán vínculos con el sistema productivo del entorno (sectorial y comarcal o local) en los ámbitos de la formación del personal docente, de la formación de los alumnos en centros de trabajo y la realización de otras prácticas profesionales, de la orientación profesional, y de la participación de profesionales del sistema productivo en la impartición de docencia. Además, colaborarán “en la detección de las necesidades de cualificación y en el desarrollo de la formación permanente de los trabajadores”.
Estos centros tendrán autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal, “de acuerdo con lo que establezca la administración competente”. Y elaborarán su propio proyecto funcional, en el que se establezca el sistema organizativo, los procedimientos de gestión, los proyectos curriculares de ciclo formativo, las programaciones didácticas y el plan de acción tutorial”. Para garantizar la calidad de las acciones de dicho proyecto, se implantará un sistema de mejora continua en cada centro que, al menos, evalúe “el grado de inserción laboral de sus alumnos y usuarios, y el nivel de satisfacción de los mismos”.

Órganos de gobierno y participación

El equipo directivo de un centro integrado estará integrado por los correspondientes órganos unipersonales de gobierno, a saber el director, el jefe de estudios y el secretario o equivalentes, mientras que los órganos colegiados de participación serán el consejo social y el claustro o equivalentes, además de los que, en cualquier caso, determinen las administraciones competentes. Además, contarán con los órganos de coordinación necesarios para “garantizar la formación integrada y de calidad, la información y la orientación profesional, el reconocimiento y evaluación de competencias profesionales y las relaciones con las empresas.
En los centros integrados de titularidad pública dependientes de las administraciones educativas y laborales, podrán ejercer la docencia los funcionarios de los cuerpos de catedráticos y de profesores de Enseñanza Secundaria y profesores técnicos de FP, “de acuerdo con las especialidades previstas en las normas que aprueben los títulos de Formación Profesional”. Y también los pertenecientes a la Escala Media de Formación Ocupacional de la Administración Laboral, “cuando reúnan los requisitos específicos dispuestos en los certificados de profesionalidad”. Además, podrán ser contratados como expertos los profesionales cualificados para impartir las enseñanzas que por su naturaleza lo requieran, en las condiciones y régimen que determinen las respectivas administraciones.

CC.OO pide recursos suficientes

La Federación de Enseñanza de CC.OO ha pedido a las administraciones educativas que impulsen una red pública de centros, “dotándolos de los recursos necesarios para que puedan desarrollar, a través de convenios con empresas o con planes propios, el aprendizaje permanente de los trabajadores”. Considera que este decreto “es de una gran importancia para el conjunto de los trabajadores y del sistema educativo, ya que los centros integrados serán un instrumento fundamental en el ejercicio del derecho a la educación, entendido éste como un aprendizaje permanente para los trabajadores”.
CC.OO muestra su satisfacción porque esta norma recoge “buena parte” de sus aportaciones, como la gestión participativa de estos centros y la intervención del profesorado, la presencia de sindicatos y patronales en el consejo social, la configuración de una red pública, y la extensión a los centros concertados de las funciones y exigencias de control y participación”. Y también que los institutos de Secundaria y los centros de FP puedan convertirse en centros integrados, “uniendo así los aspectos educativos y los laborales de la Formación Profesional y conviviendo los tres subsistemas que existen:  FP Reglada, Ocupacional y Continua”. Pero no está de acuerdo con el modelo de designación del director.

UGT, por un sistema público

FETE-UGT cree que los centros integrados deben ser una “pieza clave para el desarrollo de la Ley de las Cualificaciones, y un elemento imprescindible para avanzar en la necesaria integración de la FP”. Advierte que “la formación a lo largo de la vida es un derecho básico, y el Estado debe asegurar la igualdad en el acceso, la calidad de la FP en todas sus modalidades y el principio de equidad en la evaluación y la acreditación”. Por ello, defiende la consolidación de un sistema de FP de carácter público “que garantice esos derechos en condiciones de igualdad y gratuidad”, y dice que “debemos partir de una única red con igualdad de objetivos y funciones”, independientemente de que su titularidad corresponda a la administración laboral o educativa.
También afirma que todos los centros que impartan la FP Específica deben cumplir “todos los criterios que marca la Ley para la FP reglada”, en lo referente a espacios, condiciones materiales, recursos, condiciones laborales y derechos y deberes del profesorado, etc. Considera que es necesario impulsar un plan de formación permanente de calidad para los profesionales de estos centros, “con recursos suficientes para la actualización de conocimientos, así como para su adaptación a las nuevas modalidades de docencia”.