En el presente artículo, remitido desde Washington D.C. (EE.UU.), el autor abre un espacio de reflexión sobre uno de los aspectos de la LOE, el referido a la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”, incluida por vez primera en el plan de estudios con carácter obligatorio y no alternativo a la
asignatura de Religión, desde una perspectiva legal, abierta no solamente a la propia Constitución Española sino a la Declaración Universal de Derechos Humanos, auspiciada por la ONU, y a la Constitución de la UNESCO
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La LOE y la Educación
para la Ciudadanía:
una perspectiva legal

Domenec Ruiz Devesa
Licenciado en Derecho (Universidad Carlos III). Master en Relaciones Internacionales (Johns Hopkins University)

L  pasado  12  de  noviembre  la

Confederación de Padres Católicos (CONCAPA), el Foro de la Familia, la Conferencia Episcopal Española y el Partido Popular convocaron a cientos de miles de personas en Madrid para protestar contra el proyecto de Ley Orgánica de la Educación. El carácter no computable de la asignatura de Religión, y mayores limitaciones a que los centros concertados seleccionen a sus alumnos por razón de su renta u origen geográfico o social, son dos de los asuntos relacionados con la LOE que han logrado mayor eco mediático. Sin embargo, la LOE introduce una novedad de hondo calado que también es rechazada por los grupos contrarios al proyecto de la ministra de Educación. Por primera vez en la historia de la democracia se introduce en el plan de estudios con carácter obligatorio y no alternativo a la Religión la asignatura de "Educación para la Ciudadanía", una materia pensada para instruir en valores constitucionales, ética y Derechos Humanos.
Los grupos opositores a la nueva ley, por su parte, han venido criticando con dureza la nueva asignatura. Así, el secretario general del PP, Ángel Acebes, declaraba el día de la manifestación que “los jóvenes quieren una educación en libertad, sin imposiciones, sin alguien que les diga como tienen que pensar y que les dirijan ideológicamente”(El Mundo, 12/11/05). Dos días antes,  podíamos leer en el mismo rotativo que “los populares critican que la materia [Educación para la Ciudadanía] será como la franquista Formación del Espíritu Nacional” (El Mundo, 10/11/05). Por su parte, Luis Carbonel, presidente de la CONCAPA señalaba en la pagina Web de dicha organización ( http://www.concapa.org , accedido el 12/11/05) que la LOE establece “el adoctrinamiento ideológico (se establece la asignatura ‘filosofía y ciudadanía’, evaluable y computable, para transmitir el credo del gobierno)”. Por ultimo, Benigno Blanco, dirigente del PP y vicepresidente del Foro de la Familia (la organización que promovió la protesta contra el matrimonio homosexual) indicaba que “cada padre y madre [debe poder] decidir como educar a los hijos y en que colegio quieren hacerlo, en lugar de que el Estado imponga su moral con asignaturas obligatorias como Educación para la Ciudadanía mientras relega otras demandadas mayoritariamente como la de Religión” (La Razón, 12/11/05), y que “se trabaja sobre ella en la Universidad Carlos III bajo la batuta de Peces Barba. Y yo puedo admitir que a mi hijo no lo eduquen como yo quiero; pero que lo eduque Peces Barba, no” sugiriendo además la posibilidad de recurrir a la “objeción de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía” (Abc, 12/11/05).

Constitución Española

Todas estas afirmaciones parecen pasar por alto una serie de normas y recomendaciones sobre la materia tanto estatales como internacionales, precisamente en este año 2005 dedicado por el Consejo de Europa a la ciudadanía a través de la educación. El artículo 27.2 de la Constitución Española de 1978 establece que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, por lo que la LOE asegura y concretiza el cumplimiento de este mandato constitucional a través de la enseñanza en Derechos Humanos y valores constitucionales. El derecho a recibir una formación religiosa y moral acorde con las propias convicciones, reconocido en el mismo articulo 27, apartado tercero, no puede lógicamente considerarse incompatible con el mandato del apartado segundo, por lo que es inconcebible acudir al instrumento de la objeción de conciencia para evitar recibir educación en Derechos Humanos, contenidos de la ética publica comunes a todos los ciudadanos con independencia del credo religioso que cada uno de ellos, en su caso, profese.
Igualmente marginadas en este debate son determinadas normas y recomendaciones internacionales. En particular, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas) señala en su preámbulo que dicha declaración es “el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades”. El articulo 26.1 establece que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de la los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”, principios reiterados en el articulo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1964. Conviene recordar que, de acuerdo con el articulo 10.2 de la Constitución Española, “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades (…) se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

Educación y Derechos Humanos

La conexión entre educación y Derechos Humanos ha sido ulteriormente desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organismo internacional del que España es parte y que el pasado 16 de noviembre celebró su 60 aniversario. El preámbulo de la Constitución de la UNESCO de 1945 señala que “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”, estableciendo en sus artículos I y VIII la relación esencial entre la educación y e la protección de la dignidad humana. La UNESCO ha venido desarrollando con posterioridad en una serie de recomendaciones la educación en Derechos Humanos, empezando por la Recomendación relativa a la Educación para el Entendimiento Internacional, la Cooperación, la Paz y la Educación relativa a los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 19 de noviembre de 1974, que culminaría con la Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia aprobada por la 28ª Conferencia General de dicha organización el 16 de noviembre de 1995.
De acuerdo con el articulo 96 de la Constitución Española, los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico interno una vez ratificados, por lo que tanto el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1964, como la Constitución de la UNESCO de 1945, son Derecho vigente en España al menos de 1978 (ambos instrumentos fueron ratificados en 1977). Las recomendaciones de la Conferencia General de la UNESCO mencionadas son, por su parte, documentos que deben orientar la práctica de los estados miembros.
En conclusión, la nueva asignatura en Educación para la Ciudadanía, lejos de ser adoctrinamiento ideológico, no es más que el resultado de un robusto cuerpo normativo y orientador producido a lo largo de las últimas seis décadas en el seno de las Naciones Unidas en materia de educación y derechos humanos, recogido en España primero por la Constitución Española de 1978 y ahora por el proyecto de Ley Orgánica de la Educación.

 

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