Madrid. G. A.
El sindicato ANPE reconoce que se han incorporado al proyecto algunos cambios “que habíamos demandado reiteradamente” y que, considera, mejoran la redacción inicial del proyecto de LOE, como “la voluntad decidida de defender la enseñanza pública; la inclusión de un plan especial contra la violencia en los centros educativos; o la “distribución equitativa” de los alumnos en todos los colegios sostenidos con fondos públicos. Y también “la mejora en el sistema de acceso a la función pública docente; el establecimiento del porcentaje de los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas; los cambios en las medidas académicas de promoción de curso y pruebas extraordinarias; la enseñanza de la Religión; etc”.
Pero también cree que “esta Ley no podrá dar solución a todos los problemas del sistema educativo porque no responde al consenso, y no permitirá asegurar su estabilidad”. En su opinión, no modifica su estructura, sobre todo en Secundaria y Bachillerato, “que siguen necesitando una reforma profunda”; no responde “a las expectativas creadas para afrontar los retos de calidad y la motivación de profesores y alumnos; rebaja los niveles de exigencia; y no adopta todas las medidas que son necesarias para mejorar el bajo rendimiento escolar y el alto índice de abandono precoz”. En consecuencia, sigue manteniendo una “actitud crítica” con el proyecto, pero a la vez manifiesta su disposición “al diálogo permanente y a la negociación” durante su desarrollo reglamentario.

Pacto político y social

La Federación de Enseñanza de CC.OO sigue apostando por “un pacto político y social que estabilice el sistema educativo español, y lo blinde de los vaivenes políticos”. Insiste en que la LOE “no es su ley”, aunque reconozca “muchos aspectos positivos” en ella. Pero también considera que los puntos negativos “no son los más sustanciales”, mientras que los positivos “pueden ser decisivos para la mejora efectiva” de la educación en nuestro país. Entre estos últimos destaca los relativos a las condiciones laborales y retributivas del profesorado, la inclusión de una memoria económica, y las medidas de atención a la diversidad del alumnado “con garantías de escolarización en igualdad”.
También cree que “la LOE será el eje vertebrador del sistema educativo en las comunidades autónomas, y ve positivamente la intención de potenciar las actividades y servicios complementarios en los centros públicos, “aunque habría que reforzarlos aún más”. Pero lamenta que se mantengan las mismas ratios máximas de alumnos por aula, que la reserva de plazas para estudiantes con necesidades específicas de apoyo “termine con el período ordinario de escolarización”, y que las administraciones educativas puedan autorizar un incremento de hasta un 10% del número de escolares por aula, para matricular al alumnado de incorporación tardía”.

Estabilidad

FETE-UGT valora positivamente “el pacto político conseguido por el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, que garantiza la estabilidad educativa”. Cree que “este proyecto va a permitir a las comunidades autónomas desarrollar sus propios proyectos educativos, y contiene planteamientos pedagógicos muy positivos, como las acciones de refuerzo y de atención a la diversidad, la organización de la ESO y la incorporación de la nueva materia de Educación para la Ciudadanía”. Y destaca igualmente “las medidas introducidas por la comisión de Educación en cuanto a enseñanzas comunes, repetición de curso, adelanto en la implantación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial y el Plan de fomento de la lectura”.
También celebra que el texto incluya los compromisos contemplados en los acuerdos firmados por el MEC y los sindicatos para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, tanto de la enseñanza pública como de la concertada, que suponen mejoras en la jubilación anticipada, en el acceso a la función docente para acabar con la precariedad laboral, en la convivencia en los centros, en las actividades y servicios complementarios, y en la equiparación retributiva del profesorado. Pero FETE pide que se llegue al 6% del PIB en gasto educativo, y afirma que la ley “ha sufrido cambios preocupantes que dejan incógnitas en cuanto a la complementariedad de las dos redes educativas, y los procesos de escolarización no garantizan la distribución equitativa de la diversidad del alumnado entre ambas”. También rechaza “el posible aumento del horario escolar”.

Movilizaciones

Más crítica es la Confederación de STEs-Intersindical que, junto con el Sindicato de Estudiantes y otras organizaciones, ha protagonizado varias jornadas de paro y movilizaciones contra la LOE, la última el pasado 14 de diciembre, un día antes de la votación del texto en el Congreso de los Diputados. Considera que “no recoge las prioridades de la escuela pública, y supone un aumento de los privilegios y concesiones a la enseñanza concertada”. Y afirma que el Gobierno ha incumplido su programa electoral, y las modificaciones introducidas durante las últimas semanas en esta Ley “la sitúan en una órbita de afinidad a las reivindicaciones de la escuela católica, por lo que el PP no ha tenido fácil la búsqueda de argumentos para justificar su oposición”.
Según los STEs, “difícilmente podrá mejorarse la calidad de la enseñanza cuando no se disminuye el número de alumnos por aula, sino que se contempla la posibilidad de que crezca en un 10%”. Y también “se echan en falta otros compromisos, como el aumento de la financiación hasta llegar a la media de inversión europea, la gestión democrática en los centros, o medidas de mejora de las condiciones del profesorado”. Por todo ello, seguirán con su campaña de oposición la Ley, “y con la presentación de propuestas en defensa y promoción de la escuela pública”.

Mejoras

Las principales organizaciones de los centros católicos, como Educación y Gestión, FERE-CECA, Escola Cristiana y Serveis Educatius de Cataluña, junto al sindicato FSIE, han coincidido en su valoración de la LOE, “que no es la Ley que propugnamos”, pero que durante su desarrollo parlamentario en el Congreso ha recibido “mejoras en la redacción de determinadas enmiendas referidas a libertades educativas y régimen de conciertos, que permiten continuar en la búsqueda de un mayor consenso”. Dichas mejoras se refieren fundamentalmente a la libertad de elección de centros, “que queda reforzada para todas las familias”; y admisión de alumnos, “determinando las responsabilidades de escolarización equitativa de los inmigrantes, y eliminando criterios de admisión excluyentes (zonificación)”.
También encuentran avances en lo referente a programación de la enseñanza, con el reconocimiento de la “complementariedad de las redes, de que los centros que impartan enseñanzas gratuitas puedan acogerse al concierto, y la generalización de la concertación de la Educación Infantil”. Aplauden el “refuerzo del carácter propio y del proyecto educativo” de los centros,  y las “mayores garantías de adecuación de la financiación pública de los costes de la enseñanza en condiciones de gratuidad”. Sin embargo, creen que “la Ley sigue conservando un planteamiento intervencionista en los centros, con repercusiones negativas en su autonomía y en la calidad”, y reclaman “un calendario y unos compromisos precisos de que los módulos de conciertos se financien a coste real”.
Estas organizaciones consideran que  “hay que fortalecer institucionalmente a los colegios, sus equipos directivos y profesores, y reconocer abiertamente la autonomía pedagógica de los mismos. También afirman que “la mejora de la educación exige medidas directas de apoyo a las familias, de oferta de actividades formativas complementarias, de un uso educativo de los medios de comunicación social”, porque entienden que “una ley de educación, para ser relevante y transformadora, no puede ser solamente una ley sobre la escuela”. Por ello insisten en que la calidad de la enseñanza “demanda un gran pacto de Estado”.

Rechazo

Mucho más críticas son las organizaciones que integran la “plataforma del 12-N”, encabezadas por la patronal CECE, el sindicato FSIE y la confederación de padres católicos CONCAPA, que reiteran su rechazo tajante a la LOE y afirman que su aprobación en el Congreso “es una mala noticia para la comunidad educativa”. En su opinión, esta Ley “nace con fecha de caducidad porque se ha elaborado de espaldas a la realidad social, condena a la escuela pública y a su profesorado, sigue limitando los derechos y las libertades constitucionales de los padres, y con ella el fracaso escolar está asegurado”.
También creen que “es una Ley ambigua que generará una constante inseguridad jurídica, y deja al arbitrio de las comunidades autónomas las supuestas concesiones que el Gobierno ha hecho tras la negociación, para favorecer la libertad de elección y facilitar la concertación”. Dicen que “el Presidente del Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista han mostrado una nula voluntad de negociar con las organizaciones sociales”. Y manifiestan que “en el PSOE sólo han existido intenciones políticas a la hora de legislar sobre educación, en lugar de analizar y dar respuesta a los graves problemas que padece España en relación con el fracaso escolar, y el incremento de la violencia por la ausencia de formación en valores”.