Madrid.
Ley Orgánica de Educación (LOE) incorpora diversas novedades que comenzarán a implantarse a partir de próximo curso y durante cinco años. Entre dichas novedades destacan las siguientes:
Contenidos. El 55 y el 65% de los horarios escolares se dedicarán a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. El 55% en aquellas CC.AA. que tengan lengua cooficial y el 65% en las que no la tengan.
Admisión. Las administraciones regularán la admisión en centros públicos y privados concertados con garantía del “derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro”. También “podrán” constituir comisiones de garantías de admisión, cuando la demanda de plazas supere la oferta, para vigilar que el proceso de matriculación se ajusta a la ley. La norma establece las “mismas áreas de influencia” para los centros públicos y concertados de un mismo municipio o ámbito territorial.
Escolarización equilibrada. En el caso de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo -inmigrantes sobre todo- las administraciones atenderán a su “adecuada y equilibrada distribución”, estableciendo la “proporción” que deba ser matriculada en centros públicos y privados concertados. Los centros de una misma área podrán incrementar hasta el 10% del máximo de alumnos por aula para atender la escolarización tardía inmediata. Estas medidas se aplicarán en zonas con condiciones socioecónomicas y demográficas donde sea preciso un “apoyo educativo”.
Enseñanza concertada. Los centros privados “podrán acogerse” a la concertación educativa, con preferencia para los que atiendan poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables. La cuantía global para los conciertos buscará hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas. Según la LOE, todas las partidas de los módulos de concierto se revisarán anualmente en un porcentaje equivalente al de las retribuciones de los docentes dependientes de las administraciones del Estado. El salario de los docentes de la concertada se irá equiparando progresivamente con el del profesorado de la pública. También las CC.AA. tendrán que garantizar plazas suficientes en el ciclo infantil 3-6 años, tanto en centros públicos como en concertados. Otra novedad, es que los centros del sector no podrán percibir cantidades de las familias por las enseñanzas gratuitas ni imponerles la aportación a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanza que implique un desembolso a los padres.
Religión. La religión católica se queda como está: será de oferta obligatoria en los centros y voluntaria para los alumnos; las otras religiones se ajustarán a los acuerdos con las respectivas confesiones. Por otro lado, los docentes de Religión podrán acogerse a partir de ahora al Estatuto de los Trabajadores
Financiación. Pese a que el proyecto de ley entró en las Cortes con una memoria económica de poco más de 6.000 millones de euros adicionales para su implantación en cinco años, la cifra se ha visto incrementada hasta los 7.033 millones de euros. El Estado y las CC.AA. acordarán un plan de incremento del gasto educativo para los próximos diez años para la equiparación con la media de la UE. El Gobierno publicará un informe anual con los indicadores del sistema educativo, en el que aparecerá el gasto público en educación.
Repeticiones. Los alumnos podrán repetir una vez en Primaria y dos en ESO y sólo en una ocasión por curso. En ESO, promocionarán con dos suspensos como máximo y “excepcionalmente” con tres cuando el equipo docente lo considere oportuno. Las CC.AA regularán las condiciones para las pruebas extraordinarias de recuperación.
Educación infantil. Es voluntaria y gratuita entre los 3 y los 6 años, y las Administraciones garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y la concertación con los privados. Como novedad, el aprendizaje de un idioma extranjero comenzará a los 5 años.
Planes de refuerzo. Habrá planes específicos de apoyo, refuerzo o recuperación para todos estos escolares desde edades tempranas con el fin de mitigar el fracaso escolar. Los programas de refuerzo proporcionarán apoyo a los alumnos con dificultades en materias instrumentales, adquisición de hábitos de estudios y comprensión lectora, además de mejorar la atención a la diversidad.
Diagnóstico. En 4º de Primaria (10 años) se realizarán las primeras evaluaciones generales de diagnóstico, que se repetirán en 2º de la ESO (14 años). El objetivo de estas pruebas -no computarán en el historial del alumno ni tendrán calificaciones- es medir el rendimiento en competencias básicas como lectura, escritura o cálculo; no se trata de una evaluación concreta del alumnado o de los centros, sino de recabar datos sobre la evolución y funcionamiento global del sistema educativo
Diversificación curricular. Son programas para aquellos alumnos que no tengan un rendimiento adecuado y para reforzar materias básicas como Lengua o Matemáticas. Podrán establecerse a partir de grupos reducidos desde 3º de la ESO –la LOGSE los creaba en 4º– y su finalidad es que los alumnos alcancen el título de graduado en ESO.
Cualificación profesional. La nueva ley prevé la organización de estos programas para jóvenes mayores de 16 años y menores de 21 que no obtengan la titulación en la ESO. Estos programas -anterior Garantía Social-, estarán orientados a la adquisición del nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, por lo que abren la posibilidad de una inserción laboral. Se estructurarán en tres tipos de módulos: específicos, formativos de contenidos general y módulos de carácter voluntario.
Bachillerato. Este nivel (16-18 años) seguirá teniendo dos cursos y se organiza en tres modalidades (Artes, Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales), que podrán desdoblarse en vías diversas. Se organiza en materias comunes, de modalidad y optativas.
Nuevas materias. En el capítulo curricular, una de las principales novedades es la nueva materia de Educación para la Ciudadanía; con ella se busca potenciar la formación del alumnado en valores cívicos, de igualdad, democracia y ciudadanía y que se impartirá a lo largo de todo el sistema educativo, en Primaria, durante dos cursos de Secundaria y en un curso de Bachillerato. También habrá una signatura de Ciencias para el mundo contemporáneo al objeto de compensar la falta de conocimiento científicos entre los escolares; se impartirá como materia común en el Bachillerato de Artes y Humanidades y Ciencias Sociales.
Acceso a la Universidad. La LOE elimina la reválida -Prueba General de Bachillerato (PGB)- que había previsto la Ley de Calidad. Los estudiantes podrán ingresar en los estudios superiores a través de un única prueba homologada, que elaborarán conjuntamente las propias universidades y los centros de Secundaria.
Alumnos. La norma reconoce el derecho de reunión de los alumnos, así como no asistir a clase cuando esa decisión sea consecuencia de una reunión previa y así lo comuniquen a la dirección del centro.
Disciplina. La nueva ley promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. También permitirá a los equipos directivos imponer medidas disciplinarias. Asimismo, se agilizarán los procedimientos sancionadores
Profesorado. Se prevé intensificar la formación permanente de los profesores, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, además de la actualización de conocimientos en lenguas extranjeras. El MEC quiere avanzar en el Estatuto de la Función Pública Docente, en colaboración con los sindicatos docentes más representativas del sector. Asimismo, se prevé la reducción de interinos en cuatro años y la jubilación voluntaria a los 60 años durante el calendario de aplicación de la ley
Autonomía. Los centros docentes dispondrán de mayor autonomía, tendrán sus propias “señas de identidad”, capacidad para adecuar el proyecto educativo a las características de su entorno y a las necesidades educativas de sus alumnos.