Privilegios y libertades

CUALQUIERA que tenga contacto con la escuela privada sabe que hay una razón inconfesable en el rechazo a la ley de educación: el temor a tener que acoger inmigrantes en las aulas de las escuelas concertadas. Saben que a los padres no les gusta nada que sus hijos compartan clase con magrebíes o subsaharianos, porque el racismo es una enfermedad muy extendida, pero sobre todo por una cuestión de clase, no fuera que después de llevar a los hijos a un colegio de pago acabaran casándose con un pobre moro. Y temen además que la presencia de inmigrantes, a los que se supone menor equipaje cultural -que es mucho suponer, dada la media nacional- y mayores problemas de adaptación, tenga como efecto una disminución del nivel de la enseñanza. Son dos factores que pueden tener efectos sobre la cuenta de resultados. Por tanto, les va el negocio. Naturalmente, el argumento es demasiado incorrecto para esgrimirlo en público y se viste con ropajes más delicados como la libertad de elección de centro, que, como toda reivindicación que empieza por la palabra libertad, parece incontestable.
Los procesos reivindicativos tienen su ciclo. Naturalmente, una vez una propuesta de ley entra en escena, los disconformes son los primeros en hacer ruido. Y la alianza entre una parte de la escuela privada, el Partido Popular y la Iglesia ha conseguido provocar muchos decibelios mediáticos. Tanto que hubo un momento en que pareció que los únicos problemas de la enseñanza eran los que afectaban a la escuela privada. Hubo que recordar que el 70% de los estudiantes se forman en la escuela pública. Y que la calidad de la enseñanza sólo se puede mejorar reforzando la pública, que es la única que garantiza escolaridad a todos los niveles sociales, porque el mercado es ineficiente a la hora de distribuir determinados bienes de primera necesidad. La irrupción de los obispos, siempre dispuestos a acudir en auxilio de la derecha y siempre atentos a la defensa de sus privilegios, ha provocado la reacción del sector que parecía silenciado: los defensores de la escuela pública y los que están hartos del obsequioso trato que se sigue ofreciendo a la Iglesia.
El Gobierno, que se había situado absurdamente a la defensiva, ha comprendido que su parroquia también existe y que su primera obligación es ocuparse de ella y no asustarse ante las ofensivas del frente político-religioso conservador. Y lo ha hecho en dos etapas: primero, advirtiendo a la Iglesia de que en materia de dineros las cosas podían cambiar a la baja. Y la jerarquía eclesiástica ha demostrado entender el mensaje perfectamente con un súbito cambio de tono, es decir, pasando el uso de la palabra de Rouco a Blázquez. Segundo: recordando que el primer puntal del servicio público educativo es la escuela pública y que la privada lo ejerce con carácter complementario. Y algunos sectores han entendido el mensaje y se han empezado a distanciar del bloque de la contestación callejera.
Una negociación de la ley en busca de un amplio consenso, aunque signifique retrasarla, es, sin duda, deseable. Nadie sensato puede celebrar este estado de inseguridad permanente en que vive la educación española, que ve cómo cada cambio de Gobierno supone un cambio de marco legal. La continuidad de criterios y de pautas es un factor básico para el buen funcionamiento de la enseñanza. Pero para que el consenso sea posible, tiene que haber un territorio común. Si no lo hay, las ofertas negociadoras son brindis al sol, que se hacen simplemente para cargar sobre el adversario la imposibilidad del acuerdo. "Si se trata de marginar a la escuela pública o de imponer la religión, búsquese a otro". Con esta respuesta a Rajoy, Zapatero ha definido el perímetro de la negociación posible. No podía ser de otra manera. El Estado debe velar por la formación de todos los jóvenes. Para ello, la escuela pública es prioritaria. Y la privada, si quiere cooperar en la tarea y recibir recursos para ello, debe situarse dentro de los parámetros del objetivo común: educación para todos.
Antes que la libertad de elección de centro, está el derecho a recibir educación. El Estado, que vela para que todos estudien, puede tener que intervenir en el reparto de los estudiantes en los centros para que esto sea posible en las mejores condiciones. Y la escuela privada, si quiere ser servicio público -y beneficiarse de las ventajas que ello supone-, debe compartir las responsabilidades derivadas de la obligación de educar a todos. Los que no quieran, que se busquen financiación. No intenten vendernos como un debate sobre libertades lo que sólo es un debate sobre privilegios.

Joseph Ramoneda
El Pais Domingo, 27 noviembre 2005