Madrid. G. A.
Las federaciones de Enseñanza de CC.OO y UGT, la Confederación laica de Padres CEAPA, y las organizaciones estudiantiles CANAE y FAEST, han difundido un  comunicado conjunto, en el que afirman que “la reforma educativa emprendida por el Gobierno debe implicar la implantación de un modelo educativo de servicio público de calidad para todos”. Por ello, piden que se aseguren diversos aspectos del proyecto de LOE que consideran positivos, para “garantizar a todos los alumnos y alumnas una igualdad efectiva de oportunidades”. Y también “la inclusión de todas las medidas y estrategias de prevención del fracaso escolar en todos los niveles, con una referencia explícita a la atención a la diversidad”. Quieren igualmente que se mantenga la regulación que hace el proyecto de la admisión de alumnos, para garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos hagan un esfuerzo equitativo para escolarizar a todos los estudiantes con riesgo de exclusión”. Y están de acuerdo con la inclusión de los “objetivos educativos de la Unión Europea, fomentando el aprendizaje para toda la vida”, y con que se quiera garantizar “el principio del esfuerzo compartido para garantizar el éxito escolar de los alumnos, con la participación de éstos, las familias, el profesorado, los centros docentes, las administraciones educativas y la sociedad en su conjunto”.
Pero también consideran que el Gobierno y los grupos parlamentarios deberían “subsanar” algunas cuestiones que no están “suficientemente recogidas” en la Ley, “y que condicionarán el futuro del sistema educativo en nuestro país”. En primer lugar, creen que es “necesaria e ineludible” una Ley de financiación consensuada entre el Estado y las comunidades autónomas, “que asegure los recursos económicos necesarios y suficientes para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la reforma”. Y piden que el gasto educativo “converja también con Europa”, alcanzando el 6% del PIB.

Atención equitativa a la diversidad

Estas organizaciones reclaman “medidas concretas que aseguren, en todos los centros sostenidos con fondos públicos, el cumplimiento del principio de atención a la diversidad en condiciones de equidad, enfatizando su importancia preventiva”. Eso supondrá reforzar la acción tutorial, reducir las ratios, determinar zonas de atención preferente, y establecer “un plan que aborde los problemas de convivencia en los centros”. Además, piden que se potencien los servicios educativos complementarios, y que se asegure “el proceso de democratización de todos los centros sostenidos con fondos públicos, a través de la participación de toda la comunidad educativa”.
Finalmente, quieren que no haya ningún tipo de discriminación por ninguna causa, incluidas las razones de sexo, en el proceso de admisión de alumnos. E insisten en que la asignatura de Religión “no debe ser computable a efectos académicos, ni de petición de becas ni de promoción de curso”, ni se debe imponer alternativa a quienes opten por no cursarla. Por todo ello, piden “un esfuerzo” a los representantes políticos de la sociedad para que la futura Ley “sea fruto de un gran pacto, que garantice la necesaria estabilidad del futuro de la educación en nuestro país, y no se instrumentalice partidariamente”.