Madrid. R.C.
La Federación Española de Religiosos de Enseñanza y Educación y Gestión ha expresado en rueda de prensa su satisfacción por los acuerdos sobre la reforma que han alcanzado con el Grupo Socialista, pero anuncia que continuará negociando. Su secretario general, Manuel de Castro, ha declarado que el proyecto de la LOE no es globalmente aceptable, y que no ha logrado el consenso político que garantice la estabilidad del sistema educativo. También confirmó que siguen los desacuerdos en aspectos como la autonomía de los centros, en la definición de un calendario y en los módulos de concierto.
No obstante, reconoció que se han conseguido avances en la elección de centros, la escolarización equitativa de alumnos inmigrantes y se ha eliminado la posibilidad de criterios de admisión excluyentes. En esta línea, valoró que el carácter propio del centro debe ser respetado por los alumnos y matizó como “moderada satisfacción” la situación de la asignatura de Religión, pero se mostró contrario a que se imparta fuera del horario escolar.
De igual modo, Francisco Virseda, secretario general la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), ha manifestado que “no hemos excluido a nadie, ni hemos defendido sólo la escuela concertada”, se ha buscado el “bien general”, en la conversaciones con los socialistas, y señaló la Conferencia Sectorial como el marco para obtener los recursos necesarios.

“Parches”

Por su parte, las asociaciones convocantes de la manifestación contra la LOE califican de “parches” las modificaciones que se han incorporado a la Ley en su trámite parlamentario y solicitan un Pacto de Estado que avale una reforma educativa de calidad con carácter permanente y consensuada entre sectores sociales y políticos. Para estas organizaciones, las comunidades autónomas continúan con competencias excesivas y los alumnos podrán faltar a clase si lo deciden colectivamente, así como, consideran que se favorecerá la existencia de asignaturas, denominadas “marías”, con las que se podrá pasar de curso. También afirman que el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos no queda clara en el nuevo texto y que no se dignifica la labor docente.
Las asociaciones de padres CONCAPA y COFAPA, la organización de centros de enseñanza CECE, el Foro Español de la Familia, el sindicato USO y la asociación de estudiantes CODE coinciden en calificar de insuficientes estas modificaciones.

Críticas

Isabel Bazo, presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, puntualizó que la nueva redacción del artículo 15.2 sobre gratuidad de la Educación Infantil, en el tramo de 3 a 6 años, “no ha resuelto nada, porque cada comunidad autónoma lo usará en su propio beneficio”. En este sentido, advirtió que se pueden dar casos en los que una autonomía plantee su programación según las vacantes en la pública y no concierte hasta que se cubran, coaccionando el derecho de los centros a ofrecer esta enseñanza gratuita y el de elección de los padres.
Paralelamente, Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), ha señalado que las modificaciones del proyecto de ley se han logrado por la presión que ejercieron los participantes en la manifestación del pasado día 12. Aunque, en su opinión, “es necesaria una ley que sea duradera y estable”, resulta “imposible” si no se acuerda un Pacto de Estado entre los partidos políticos.