El Pleno del Congreso votará la
LOE el próximo 15 de diciembre

Los contenidos comunes, la admisión de alumnos y la promoción de curso, centran algunas de las modificaciones introducidas en la tramitación parlamentaria

Tras el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios, a excepción del PP, la Comisión de Educación y Ciencia aprobó 106 enmiendas transaccionales y 75 parciales a la LOE. Las enseñanzas comunes, los criterios de admisión de alumnos y la promoción de curso son algunas de las modificaciones que se han introducido en el texto, que se votará en el Pleno a mediados de diciembre antes de pasar al Senado.
La mayoría de los grupos apoyaron el texto final de la reforma educativa. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. ROSAURA CALLEJA
Tras el dictamen de la Comisión de Educación y Ciencia, la Ley Orgánica de Educación ha incorporado un buen número de cambios en su articulado como consecuencia de las propuestas y enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.
Una de esas modificaciones establece que el Estado fijará las enseñanzas mínimas comunes en todo el territorio nacional, que serán del 55% en las comunidades con lengua propia y del 65% en las que no la tengan. En el proyecto de ley que el MEC había remitido al Congreso se especificaba que “las enseñanzas mínimas no requerirán más del 55% para las comunidades con lengua cooficial y el 65% en las que no la tengan”. Este aspecto ha sido objeto de discrepancias por parte de distintos sectores educativos, entre ellos el PP, que advertía de la desvertebración del sistema en 17 sistemas educativos y aseguraba que sólo se fijaba un porcentaje, pero no garantizaba contenidos comunes para todos.
Otro de los puntos de fricción entre los distintos sectores se dirigía a la promoción de curso. Mientras el nuevo texto establece que se podrá pasar de curso con dos asignaturas y con tres en casos excepcionales y a criterio del claustro de profesores, en el proyecto anterior se permitía el acceso al curso siguiente con tres suspensos o incluso con cuatro, si el equipo docente lo autorizaba. También se establecerán exámenes de recuperación de las materias suspensas.

Admisión de alumnos

Por lo que se refiere a los criterios de admisión de alumnos, las administraciones educativas garantizarán “el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres”. Las familias solicitarán plaza directamente en los centros, pero si la demanda supera la oferta, las administraciones crearán comisiones de escolarización para la distribución de los estudiantes. Así como, se sustituye “zonificación” por “área de influencia” para los centros públicos y privados concertados de un mismo municipio o ámbito territorial.
Para acceder al régimen de conciertos, tendrán prioridad los centros que escolaricen a alumnos en condiciones económicas desfavorables o que desarrollen experiencias de interés pedagógico, así como los que estén constituidos en régimen de cooperativa. Además, se dispone la prohibición de cobrar cuotas a los padres de los estudiantes matriculados en centros concertados.
Asimismo, la nueva redacción establece el compromiso de equiparar, en el plazo de diez años, la inversión pública en educación  a la media europea.

Recursos

Una de las enmiendas del PSOE introduce la no discriminación por razones de sexo y la obligación de aportar los recursos humanos y económicos necesarios a los centros para la equilibrada escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales por parte de las administraciones.
En cuanto a los equipos directivos de los centros, la norma introduce la facultad de sancionar faltas de disciplina, sin contar con la aprobación del consejo escolar. Uno de los requisitos para la jubilación anticipada de los profesores es haber permanecido en activo ininterrumpidamente en los quince años anteriores.
De igual modo, ordena que la asignatura de Religión será de oferta obligatoria por los centros y de elección voluntaria por parte de los alumnos. Otra de las modificaciones alude a la nueva regulación del profesorado de Religión, que será contratado como establece el Estatuto de los Trabajadores, su régimen laboral se regularán con la participación de los representantes del profesorado, accederán a destino mediante criterios de igualdad, mérito y capacidad y su propuesta para impartir clase por parte de la entidad religiosa se renovarán automáticamente cada año.

Educación en valores

Los contenidos de la nueva asignatura de “Educación para la ciudadanía y derechos humanos” abordarán las características y funcionamiento de un régimen democrático, la Constitución y declaraciones de derechos humanos y valores humanos. No obstante, se especifica que no será alternativa, ni sustituirá a la asignatura de Religión.
Asimismo, la Educación Infantil en el tramo de tres a seis años será gratuita y las administraciones garantizarán las plazas suficientes en los centros públicos y concertarán en los privados. Los centros concertados no tendrán que reservar plazas durante el curso para los inmigrantes que se incorporen a lo largo del curso. También se establece que las administraciones podrán autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos por aula, con el fin de atender necesidades de escolarización de alumnos que se incorporen tardíamente.
Si con la legislación anterior, el alumno debía acatar el ideario del centro privado, la nueva norma introduce que no es imprescindible que lo acepten, pero si deberán respetarlo. El texto señala: “el carácter propio del centro deberá ser puesto en conocimiento por el titular del centro a los distintos sectores de la comunidad educativa”. La matriculación de un alumno supondrá el respeto al carácter propio del centro, que deberá respetar a su vez los derechos de los alumnos y sus familias reconocidos en la Constitución y en las leyes”.

Discrepancias

Raimundo Benzal, portavoz socialista en educación, ha reconocido el esfuerzo para dotar a la sociedad de “una ley estable, de futuro, con participación, integración de los alumnos y de las dos redes educativas, de refuerzo de la escuela pública y con financiación”. Por su parte, la secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, afirmaba que “esta ley no resuelve el fracaso escolar” y no garantiza contenidos iguales en todas las comunidades, así como, no determina con claridad si los padres harán la matrícula directamente en el centro y si los exámenes extraordinarios se realizarán todos los cursos. 
Por su parte, la ministra de Educación ha valorado el debate, diálogo y generosidad que “han demostrado todos los grupos, excepto el PP”, y ha señalado que en la LOE “cabemos todos”. María Jesús San Segundo ha subrayado el amplio consenso alcanzado por los representantes de los profesores de la enseñanza pública y privada y de los grupos parlamentarios.

 

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