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Madrid.
ROSAURA CALLEJA
Tras el dictamen
de la Comisión de Educación y Ciencia, la Ley Orgánica de Educación ha
incorporado un buen número de cambios en su articulado como consecuencia
de las propuestas y enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.
Una de esas
modificaciones establece que el Estado fijará las enseñanzas mínimas comunes
en todo el territorio nacional, que serán del 55% en las comunidades con
lengua propia y del 65% en las que no la tengan. En el proyecto de ley
que el MEC había remitido al Congreso se especificaba que “las enseñanzas
mínimas no requerirán más del 55% para las comunidades con lengua cooficial
y el 65% en las que no la tengan”. Este aspecto ha sido objeto de discrepancias
por parte de distintos sectores educativos, entre ellos el PP, que advertía
de la desvertebración del sistema en 17 sistemas educativos y aseguraba
que sólo se fijaba un porcentaje, pero no garantizaba contenidos comunes
para todos.
Otro de los
puntos de fricción entre los distintos sectores se dirigía a la promoción
de curso. Mientras el nuevo texto establece que se podrá pasar de curso
con dos asignaturas y con tres en casos excepcionales y a criterio del
claustro de profesores, en el proyecto anterior se permitía el acceso
al curso siguiente con tres suspensos o incluso con cuatro, si el equipo
docente lo autorizaba. También se establecerán exámenes de recuperación
de las materias suspensas.
Admisión
de alumnos
Por
lo que se refiere a los criterios de admisión de alumnos, las administraciones
educativas garantizarán “el derecho a la educación, el acceso en condiciones
de igualdad y la libertad de elección de centro por padres”. Las familias
solicitarán plaza directamente en los centros, pero si la demanda supera
la oferta, las administraciones crearán comisiones de escolarización para
la distribución de los estudiantes. Así como, se sustituye “zonificación”
por “área de influencia” para los centros públicos y privados concertados
de un mismo municipio o ámbito territorial.
Para acceder
al régimen de conciertos, tendrán prioridad los centros que escolaricen
a alumnos en condiciones económicas desfavorables o que desarrollen experiencias
de interés pedagógico, así como los que estén constituidos en régimen
de cooperativa. Además, se dispone la prohibición de cobrar cuotas a los
padres de los estudiantes matriculados en centros concertados.
Asimismo, la
nueva redacción establece el compromiso de equiparar, en el plazo de diez
años, la inversión pública en educación a la media europea.
Recursos
Una
de las enmiendas del PSOE introduce la no discriminación por razones de
sexo y la obligación de aportar los recursos humanos y económicos necesarios
a los centros para la equilibrada escolarización de alumnos con necesidades
educativas especiales por parte de las administraciones.
En cuanto a
los equipos directivos de los centros, la norma introduce la facultad
de sancionar faltas de disciplina, sin contar con la aprobación del consejo
escolar. Uno de los requisitos para la jubilación anticipada de los profesores
es haber permanecido en activo ininterrumpidamente en los quince años
anteriores.
De igual modo,
ordena que la asignatura de Religión será de oferta obligatoria por los
centros y de elección voluntaria por parte de los alumnos. Otra de las
modificaciones alude a la nueva regulación del profesorado de Religión,
que será contratado como establece el Estatuto de los Trabajadores, su
régimen laboral se regularán con la participación de los representantes
del profesorado, accederán a destino mediante criterios de igualdad, mérito
y capacidad y su propuesta para impartir clase por parte de la entidad
religiosa se renovarán automáticamente cada año.
Educación
en valores
Los
contenidos de la nueva asignatura de “Educación para la ciudadanía y derechos
humanos” abordarán las características y funcionamiento de un régimen
democrático, la Constitución y declaraciones de derechos humanos y valores
humanos. No obstante, se especifica que no será alternativa, ni sustituirá
a la asignatura de Religión.
Asimismo, la
Educación Infantil en el tramo de tres a seis años será gratuita y las
administraciones garantizarán las plazas suficientes en los centros públicos
y concertarán en los privados. Los centros concertados no tendrán que
reservar plazas durante el curso para los inmigrantes que se incorporen
a lo largo del curso. También se establece que las administraciones podrán
autorizar un incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos por
aula, con el fin de atender necesidades de escolarización de alumnos que
se incorporen tardíamente.
Si con la legislación
anterior, el alumno debía acatar el ideario del centro privado, la nueva
norma introduce que no es imprescindible que lo acepten, pero si deberán
respetarlo. El texto señala: “el carácter propio del centro deberá ser
puesto en conocimiento por el titular del centro a los distintos sectores
de la comunidad educativa”. La matriculación de un alumno supondrá el
respeto al carácter propio del centro, que deberá respetar a su vez los
derechos de los alumnos y sus familias reconocidos en la Constitución
y en las leyes”.
Discrepancias
Raimundo
Benzal, portavoz socialista en educación, ha reconocido el esfuerzo para
dotar a la sociedad de “una ley estable, de futuro, con participación,
integración de los alumnos y de las dos redes educativas, de refuerzo
de la escuela pública y con financiación”. Por su parte, la secretaria
de Política Social del PP, Ana Pastor, afirmaba que “esta ley no resuelve
el fracaso escolar” y no garantiza contenidos iguales en todas las comunidades,
así como, no determina con claridad si los padres harán la matrícula directamente
en el centro y si los exámenes extraordinarios se realizarán todos los
cursos.
Por su parte,
la ministra de Educación ha valorado el debate, diálogo y generosidad
que “han demostrado todos los grupos, excepto el PP”, y ha señalado que
en la LOE “cabemos todos”. María Jesús San Segundo ha subrayado el amplio
consenso alcanzado por los representantes de los profesores de la enseñanza
pública y privada y de los grupos parlamentarios.
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