La posibilidad de una Ley de Financiación, a estudio

Zapatero mantiene reuniones sobre
la reforma con todos los sectores

Las organizaciones opuestas a la LOE piden a los grupos parlamentarios
que se impliquen en un pacto de Estado por la Educación

Un comunicado conjunto de ANPE, CC.OO, FETE-UGT, CEAPA, UECOE, CANAE y FAEST afirma que el objetivo último de la ley debe ser la mejora de la calidad de la enseñanza
Tras la multitudinaria manifestación contra la Ley Orgánica de Educación que tuvo lugar el pasado día 12 en Madrid, el Presidente del Gobierno convocó a las diez organizaciones que se oponen a la reforma educativa a una reunión en el Palacio de La Moncloa. Asimismo, Rodríguez Zapatero ha mantenido también un encuentro con el resto de sectores que no participaron en dicha movilización en el que se estudió la posibilidad de sustituir la memoria económica prevista para la LOE por una Ley de Financiación. Todas
estas asociaciones mantendrán reuniones al efecto con el grupo socialista en el Congreso de los Diputados.
Un momento de la reunión entre el presidente del Gobierno y las organizacio-nes contrarias a la LOE. (Foto: EFE)

Madrid. R.C/G.A.
José Luis Rodríguez Zapatero se entrevistó con representantes de las asociaciones de padres de alumnos CONCAPA, COFAPA, el sindicato USO, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el Foro de la Familia, la Asociación de Profesores de Secundaria, la organización Tiempo de Educar, alumnos de la CODE y de CES y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), además de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE), principal patronal de la enseñanza concertada.
Estas organizaciones presentaron al presidente el documento Propuesta por un pacto de Estado por la Educación, en el que exigían la paralización del trámite parlamentario de la LOE y la elaboración de un pacto social y político por la calidad de la educación. Entre otros aspectos, el texto recoge la libertad de los padres, el prestigio y autoridad del profesorado, la autonomía de los centros y la calidad de la enseñanza.

Oferta de diálogo

Tras la reunión, el presidente expresó su voluntad de negociar y aseguró que la tramitación parlamentaria de la ley “no constituye un obstáculo” para establecer una vía de diálogo y alcanzar acuerdos. Mientras Fernando Moraleda, secretario de Estado de Comunicación reiteró, en rueda de prensa, la voluntad del Gobierno de negociar con estas organizaciones sobre los contenidos comunes del currículum en las comunidades autónomas o la nueva asignatura de “Educación para la Ciudadanía”, entre otros aspectos. También afirmó que “la LOE no se retira, sino que se negocia con voluntad de acuerdo”. En su intervención, garantizó la libertad de los padres en la elección de centro para sus hijos.
Por su parte, Luis Carbonel, presidente de CONCAPA, reveló que “hemos detectado un interés importante del Presidente para mejorar la educación”, pero advirtió que si las negociaciones “no sirven para nada, volveremos a convocar a la sociedad española”.

Propuestas

Las organizaciones contrarias a la LOE han confirmado su asistencia a la reunión con el Grupo Socialista en el Congreso. En un comunicado, manifiestan su voluntad de diálogo “siempre y cuando el Grupo Parlamentario Socialista esté dispuesto a entregar en la Comisión de Educación las propuestas entregadas por escrito en La Moncloa”. Paralelamente, han acordado dirigirse a cada uno de los grupos parlamentarios para trasladarles los documentos que entregaron la presidente de Gobierno y pedir su implicación en un Pacto de Estado por la Educación.
En referencia a la reunión que mantendrán con el Grupo Socialista, Isabel Bazo, presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), ha declarado que irán “abiertos al diálogo”, pero opina que “haber comenzado ya la Comisión es dejar mal al presidente del Gobierno, porque dijo que la negociación con las organizaciones se realizaría de forma que la Comisión no interferiría en ella”.

Ley de financiación

Asimismo, el presidente del Gobierno se ha entrevistado también en estos días con las otras organizaciones representativas de la comunidad escolar, que no participaron en la manifestación del 12-N, como el sindicato ANPE, las federaciones de enseñanza de CC.OO, CSI-CSIF y UGT, FSIE, la Confederación de STEs, la cooperativa de centros UECOE, la confederación laica de padres CEAPA, y las asociaciones estudiantiles CANAE, FAEST y SE. José Luis Rodríguez Zapatero ha prometido estudiar la posibilidad de sustituir la memoria económica prevista para la LOE por una Ley de Financiación, para hacer efectivas las medidas que establezca dicha Ley.
También se ha comprometido a que en el proyecto de Ley no exista discriminación alguna “por razón de sexo” en los procesos de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos, incluidos los concertados. Según ha explicado el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, el presidente ha manifestado su intención de apoyar y reforzar la escuela pública, sin excluir los apoyos comprometidos con la concertada desde hace años. Y ha mostrado su interés por fomentar la convivencia en los centros escolares.
En cualquier caso, Rodríguez Zapatero ha invitado la todas estas organizaciones a exponer sus propuestas en una inminente reunión con los responsables del grupo parlamentario socialista, donde se concretarán los compromisos que adopte finalmente el  Gobierno ante la tramitación de la Ley. Moraleda ha aclarado que la religión será “de oferta obligada por todos los centros, pero en ningún caso computable. Este planteamiento es irrenunciable, -ha recordado- como también lo es el derecho de los padres a la libre elección de centro”.
El portavoz del Gobierno ha destacado que “es la primera vez que un presidente del Gobierno se reúne “con todas y cada una de las organizaciones más o menos representativas” del sector educativo. Y ha insistido en que el grupo socialista escuchará a “la pluralidad” de las organizaciones del sector, ya que para el Ejecutivo “el camino adecuado es el del consenso y el diálogo”.

Mejora de la calidad

Por su parte, ANPE, CC.OO, FETE-UGT, CEAPA, UECOE, CANAE y FAEST han difundido un comunicado conjunto, en el que afirman que “el último objetivo de la LOE debe ser la mejora de la calidad de la enseñanza, junto con una mayor equidad en el sistema”. Piden al Gobierno una “necesaria e ineludible Ley de Financiación que asegure los recursos económicos necesarios y suficientes para hacer efectiva la aplicación y desarrollo de la reforma”, alcanzando el 6% del PIB. Y solicitan “medidas concretas” que garanticen en todos los centros sostenidos con fondos públicos “el cumplimiento del principio de atención a la diversidad en condiciones de equidad” lo que, en su opinión, implicará potenciar la acción tutorial, la reducción de las ratios, y un plan que aborde los “problemas de convivencia” en las aulas”.
También piden que se potencien “los servicios educativos y complementarios”, y que se garantice “el proceso de democratización de todos los centros que prestan servicio público, a través de la participación de toda la comunidad educativa”; así como la no discriminación “por causa alguna, incluidas las razones de sexo, en la admisión de alumnos”. Consideran que la asignatura de religión “no debe ser computable a efectos académicos, ni de petición de becas ni de promoción de curso”. Y exigen un esfuerzo a todos los grupos parlamentarios para que la futura Ley “sea fruto de un gran pacto con consenso social y político, que garantice la necesaria estabilidad del futuro de la educación en nuestro país”.

Críticas

No ha suscrito este comunicado el sector de enseñanza de CSI-CSIF, cuyos responsables han mostrado su preocupación “por la vuelta a la promoción de curso semiautomática”, por las “elevadas” ratios de alumnos y por la concertación de niveles de enseñanza no obligatorios. También han pedido “estabilidad para todo el profesorado, incluido el de religión”. FSIE continúa con su postura crítica ante la LOE, pero sigue sin secundar ningún tipo de movilización contra la misma antes de agotar todas las vías de diálogo, porque desea “más la negociación que la confrontación”. Esta organización defiende “la libertad de elección de los padres”, y cree que la educación es “un servicio de interés público y social, en el que las redes pública y privada son complementarias”.
Tampoco suscribe el manifiesto la Confederación de STEs, que califica el proyecto de LOE como “claramente insuficiente”, y cree que “no refleja numerosas promesas contenidas en el programa electoral del PSOE”. Considera que “el presidente Zapatero está más preocupado en hacer concesiones a la derecha, a la iglesia católica y a las patronales de la enseñanza, que en la consecución de un compromiso por la escuela pública que atiende al 70% del alumnado del país”. Y mantiene su convocatoria de movilizaciones para el 1 y el 14 de diciembre. Este último día también se movilizará el sindicato de Estudiantes (SE), que afirma que esta Ley no defiende la enseñanza pública, y “sigue siendo un proyecto que se pliega a los intereses de la derecha y de los que entienden la enseñanza como un negocio”.

 

Puntos de discrepancia con las organizaciones anti-LOE

La asignatura de religión, el porcentaje de contenidos básicos comunes en las comunidades autónomas y la elección de centro constituyen algunas de las principales discrepancias entre el Gobierno y las organizaciones que convocantes de la multitudinaria manifestación del pasado 12 de noviembre en Madrid, que han pedido la retirada del proyecto de Ley Orgánica de Educación.
La LOE fija en el 65% las enseñanzas mínimas en las comunidades autónomas con una sola lengua oficial y el 55% en aquellas que tienen dos. El texto especifica los máximos, pero no determina un mínimo de enseñanza común. Mientras, las organizaciones que convocaron la manifestación del pasado día 12 de noviembre consideran que este apartado conduciría a la vertebración del sistema educativo.
Por lo que se refiere a la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, el proyecto de ley precisa una equilibrada distribución entre colegios públicos y concertados de los alumnos con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje. Para ello, se crearán comisiones de escolarización que supervisen el cumplimiento de los requisitos, no obstante los padres podrán solicitar plaza en el que estimen oportuno. Los detractores de la LOE se muestran partidarios de tramitar las admisiones en los centros educativos.

Asignatura de religión

Uno de los aspectos más conflictivos es la asignatura de religión, que continuará siendo de oferta obligatoria por parte de los centros y de elección voluntaria por los alumnos. Aunque será evaluable, su nota no computará para la solicitud de becas, ni para el acceso a la universidad, ni para la repetición de curso. Por su parte, la Conferencia Episcopal y los grupos de la oposición a la ley consideran que debe ser computable y que se ofrezca una asignatura alternativa para los estudiantes que no deseen cursarla.
En cuanto a la repetición de curso, la LOE establece que los alumnos pueden acceder al siguiente con dos suspensos, en el caso de tres suspensos, el claustro de profesores decidirá la promoción de curso. Mientras el Partido Popular y las organizaciones que participaron en la manifestación del 12-N reiteran la repetición con más de dos suspensos, como ordenaba la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE).
Una vez obtenido el título de Bachillerato, los alumnos accederán a la enseñanza superior tras superar un examen que diseñarán las universidades, mientras que estas organizaciones insisten en la necesidad de una reválida o Prueba General de Bachillerato contemplada en la LOCE.

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