La escuela concertada se siente discriminada económicamente
El Foro “Calidad y Libertad de la Enseñanza” presenta un documento en el que pide un nuevo sistema de financiación de la educación privada
La Administración no ha cumplido con su obligación de garantizar que los conciertos permitan realmente la gratuidad de la educación, según se afirma en un documento del Foro “Calidad y Libertad de la Enseñanza” que promueven las principales organizaciones de los centros católicos. Este sector pide
El documento denuncia que la enseñanza concertada sufre un déficit estructural y económico, con casi 120 millones de euros de pérdidas en los últimos diez años.
(Foto: Rafael Martínez)
un nuevo sistema de financiación que tenga en cuenta “el coste real” de la actividad docente, y haga posible “el ejercicio concreto y real del derecho de libertad” de elección de centro.

Madrid.
El Foro “Calidad y Libertad de la Enseñanza” ha presentado un documento sobre Libertad y financiación de la Enseñanza: condiciones y exigencias. En defensa de un sistema de calidad que, desde la actualidad del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), se desarrolla en torno a “la obligación que tienen los poderes públicos de financiar la enseñanza, incluida la de iniciativa social”. Este Foro está promovido por la Confederación de Centros Educación y Gestión (EyG) y por FERE-Centros Católicos (FERE-CECA), y lo componen personas vinculadas a las enseñanzas medias y universitarias y al mundo de la cultura.
Los responsables del Foro creen que “no es posible el ejercicio de la libertad de enseñanza por parte de los ciudadanos mientras no esté justamente financiada para todos ellos”. Consideran que “es el momento de diseñar un nuevo sistema de financiación de la educación escolar que, superando insuficiencias históricas y prejuicios infundados, haga posible el ejercicio concreto y real del derecho de libertad y de gratuidad de la enseñanza obligatoria para todos los ciudadanos”. Y dicen que la cuantía del módulo de concierto debe establecerse de forma que se garantice dicha gratuidad, es decir, “de manera que tenga en cuenta el coste real que se deriva del ejercicio de la actividad docente”.
También afirman que “la enseñanza concertada no es subsidiaria de la pública”, y que “la administración no puede imponer a las familias un modelo educativo”. En este sentido, el presidente del foro, Juan Velarde, ha advertido durante la rueda de prensa de presentación del documento que “de suprimirse los concierto con los centros privados, el sector público debería hacer un esfuerzo adicional de 1.676,87 euros por alumno, lo que supone 3.206 millones. Y ello sin incluir el gasto que supondrían las instalaciones necesarias para suplir los 3.049 centros de Educación Primaria y los 2.793 de Secundaria Obligatoria que en la actualidad se sostienen en régimen de concierto”.

Déficit estructural

El documento indica que “la LODE consagró el déficit estructural de los centros privados concertados, al suprimir las ayudas por amortizaciones e intereses del capital propio”. Añade que “la administración no ha cumplido con su obligación de garantizar que el módulo económico del concierto permita la impartición de las enseñanzas en régimen de gratuidad”, lo que habría originado en el sector de la enseñanza concertada “un déficit de 21 millones de euros sólo en 2004, y de casi 120 millones acumulados en los últimos diez años”.
El Foro denuncia asimismo “la discriminación que padece la escuela concertada frente a la pública”, a causa de “los 1.676,87 euros de diferencia del coste por alumno al año que hay entre la escuela pública (3.517,62 euros) frente a la concertada (1.840 euros), lo que supone una inversión de un 48% más en los estudiantes de la red de titularidad estatal”. Por ello, el secretario general de EyG y FERE-CECA, Manuel de Castro, ha hecho un llamamiento a los poderes públicos para que corrijan esta “situación de injusticia, que hace que los padres de alumnos de centros concertados tengan que colaborar económicamente, porque el Estado no está dispuesto a asumir el coste real”. Y ha denunciado que “esta situación de inferioridad se endurece con el proyecto de LOE, al restringir la libertad de enseñanza y la elección de centro, y coartar el proyecto educativo del propio centro concertado”.

 

arriba