Las movilizaciones contra la LOE llegan a la calle
Titulares, profesores, padres y alumnos de centros concertados convocan una manifestación en Madrid para pedir la retirada del proyecto de Ley
Las principales organizaciones de la enseñanza concertada han confirmado la convocatoria de una gran manifestación en Madrid el 12 de noviembre, para pedir la retirada del proyecto de LOE y la negociación de un nuevo texto “con todos los estamentos de
Los dirigentes
de las organizaciones promotoras han mostrado su convicción de que más de un millón de personas participarán en la manifestación, cuya convocatoria se ha apoyado con 100.000 carteles, 300.000 pegatinas
y un millón de folletos.
la comunidad educativa”. Dicen que esa Ley vulnera el derecho
a la gratuidad en los niveles obligatorios de enseñanza, el derecho a crear y dirigir centros educativos, y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.

Madrid.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Federación de Enseñanza de USO y la Confederación Nacional Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), que representan a titulares de centros, profesores y padres de la enseñanza concertada, encabezan a las organizaciones que han convocado una gran manifestación en Madrid para el 12 de noviembre, contra el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que está debatiendo el Parlamento. La Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), la Asociación de Profesores de Secundaria (APS), la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (COFAPA), la Confederación de Estudiantes (CES), la Coalición Democrática de Estudiantes (CODE), el Foro Español de la Familia (FEF), el Instituto de Política Familiar (IPF) y la Plataforma Tiempo de Educar (PTE), también promueven esta movilización contra la LOE, y para defender “el prestigio de la enseñanza y por una educación en libertad”.
Los máximos responsables de todas estas organizaciones han constatado hasta la fecha, y sobre todo durante la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley, “la nula disposición del Gobierno a modificar aspectos sustanciales de esta nueva reforma”. Han afirmado en reciente rueda de prensa que el Ejecutivo “ha incumplido su promesa de elaborar una Ley “con el acuerdo de toda la comunidad educativa”. Y han advertido en un manifiesto conjunto que con esta Ley “la calidad de la enseñanza española seguirá descendiendo”, y tampoco se resolverá “el elevado fracaso escolar”, ya que “la LOE nos devuelve al modelo educativo implantado con la LOGSE, cuyos calamitosos resultados hoy nadie discute”.

Derechos constitucionales

Han afirmado que “la reforma desconoce los derechos y libertades que en materia educativa reconoce nuestra Constitución”, como el derecho a la gratuidad en los niveles básicos y obligatorios, y el derecho de los padres a “decidir sobre el tipo de educación que quieren para sus hijos, y a elegir centro sin distinción”. O también el derecho a “crear y dirigir centros educativos”, y el derecho “de los centros de promoción privada a recibir fondos públicos y, finalmente, el derecho a definir el carácter o ideario de los centros”.
También han afirmado que la educación “es responsabilidad y derecho de los padres, y el Estado sólo tiene una función subsidiaria”. Y han añadido que “los poderes públicos no tienen el derecho de educar a los ciudadanos, sino que tienen que asegurar la libertad de los padres para decidir el tipo de enseñanza que desean, sin otros límites que los constitucionales”. Además, creen que “la LOE no incluye medidas que prestigien el trabajo de los docentes, verdaderos artífices de la reforma” ni para mejorar “el ambiente de los centros educativos, ya que no se incluyen acciones para mejorar la autoridad de los profesores”.
Finalmente, denuncian que “los docentes de los centros concertados son los grandes olvidados de la LOE, sin que se concreten medidas que avancen en la mejora de su situación laboral”. E insisten en que “la enseñanza de la Religión quedará marginada”. Por todo ello, han pedido la retirada del proyecto de Ley, para negociar “con todos los sectores del ámbito escolar un texto alternativo “que no sea opresor ni esté en contra de la libertad de enseñanza”. Y también para alcanzar “un pacto de Estado que aleje a la educación de los vaivenes políticos y apueste por la calidad del sistema educativo”.

Estatalista y doctrinario

Durante la rueda de prensa el presidente de la CONCAPA, Luis Carbonel, ha dicho que el proyecto de LOE es “estatalista y doctrinario, y está encaminado a fabricar ciudadanos al gusto del Gobierno, olvidando que se trata de nuestros hijos, no de los hijos del Estado”. También ha afirmado que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero “prometió diálogo para elaborar la Ley, nos ha mentido, y quien miente debe dimitir”. Por su parte, la representante de APS, Blanca García, ha manifestado que el proyecto no acabará con el fracaso escolar en España. Y ha insistido en que “fracasa el sistema, no el profesor, los alumnos o los padres, porque el actual marco educativo hace que los docentes sean meros cuidadores de adolescentes, en unos centros que en realidad son guarderías de niños mayores”.
La presidenta de la CECE, Isabel Bazo, ha calificado el proyecto de Ley como “sumamente opresor, porque obstruye la libertad de creación de empresa y de elección de un tipo de enseñanza concreta, que reconoce la Constitución”. Y ante los rumores de que el MEC estaría dispuesto a aumentar las retribuciones de los profesores de los centros concertados ha advertido que “no salimos a la calle por dinero, y están equivocados quienes piensen que la financiación es lo que nos interesa en estos momentos. Están en juego otras cuestiones que afectan a todo el sistema educativo, y la ideología que se ha pretendido verter en esta Ley”.
Por último, el máximo responsable de enseñanza de USO, José Luis Fernández, ha señalado que “ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, que es quien debe decidir si nos sentamos ha hablar de educación a fondo”. Y ha dicho que los convocantes esperan que se manifiesten más de un millón de personas, que llegarán a Madrid en dos aviones procedentes de Baleares y Tenerife, y en más de quinientos autocares procedentes de todos los puntos de España, además de quienes viajen en tren o en vehículos privados. Además, sea han difundido 100.000 carteles, 300.000 pegatinas y un millón de folletos para convocar esta movilización, a la que se han sumado 300 organizaciones del ámbito educativo.

También FERE y EyG

Entre las últimas adhesiones figura la de FERE-Centros Católicos (FERE-CECA) y la Confederación de Centros Educación y Gestión (EyG), que han rechazado los sucesivos proyectos de LOE, pero que antes de decidirse a participar en cualquier movilización han preferido “apurar hasta el límite todas las posibilidades de negociación y diálogo, incluso más allá de lo razonablemente exigible”. Estas organizaciones representativas de los centros católicos creen que “no ha sido posible alcanzar un acuerdo aceptable”, y se ha sumado a esta manifestación para pedir “que la educación no sea convierta, una vez más, en un instrumento del Gobierno de turno para transformar a la sociedad, sino que se ponga al servicio de las familias”. Y, en consecuencia, para solicitar la modificación del proyecto de Ley, “de manera que se respeten y promuevan los derechos y libertades de todos”.

Conferencia Episcopal

Por otra parte, el pasado fin de semana las parroquias de la Comunidad de Madrid invitaron a sus fieles a participar en la manifestación contra la LOE. Así como, la Conferencia Episcopal ha manifestado su apoyo a la movilización, pero los obispos que asistan lo harán a título personal. El Obispo Auxiliar de Madrid Fidel Herráez ha dirigido una carta a todos los sacerdotes de las parroquias de la diócesis, en la que les comunica que el Consejo de Laicos del arzobispado “ha elaborado una nota en orden a informar de la manifestación prevista para el día 12-N y de los motivos de la misma”. En esta carta, solicitaba que la nota del foro de laicos fuera leída al final de las eucaristías. Por su parte, el delegado diocesano de Enseñanza, Avelino Revilla, se dirigió por carta a los directores de colegios y a los profesores de religión, adjuntándoles la nota y la carta del obispo auxiliar.
Asimismo, Antonio Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Toledo, ha reconocido que los contactos que se han venido manteniendo con el Gobierno sobre la reforma educativa “no han dado los frutos esperados”. Tanto la CEE, como su portavoz Martínez Camino, han reiterado que apoyan la manifestación, ya que “se trata de un medio legítimo, por el que los padres y otros agentes educativos salen en defensa de sus derechos, conculcados por la LOE”.

Discrepancias

En declaraciones a la agencia Efe, el Comité Ejecutivo y la Comisión Permanente de la CEE señalan que existen discrepancias sobre la oportunidad de que los obispos participen, por segunda vez en pocos meses (la anterior fue el pasado mes de junio contra la ley que regula los matrimonios entre parejas del mismo sexo), en una manifestación en la calle contra la política del Gobierno. Aunque los prelados coinciden en calificar de “agresión” para la educación el proyecto de ley de reforma educativa, hay “distintas sensibilidades” en la estrategia a seguir y algunos, entre los que figuraría el presidente y obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, “son partidarios de intentar agotar el diálogo con el Ejecutivo, antes de manifestarse en la calle”.
En esta línea, Mariano Rajoy ha confirmado que el PP apoyará la manifestación convocada por CONCAPA, el Foro de la Familia y otras asociaciones y pidió a los afiliados del partido que la secunden. El presidente popular aseguró que habrá representación de su partido en la movilización, aunque no ha confirmado quienes acudirán.
Por su parte, Mª Teresa Fernández de la Vega ha declarado que ve muy difícil un acuerdo con la Conferencia Episcopal sobre el tratamiento de la asignatura de religión en la LOE. A pesar de que reconoce que al Gobierno le hubiera gustado llegar a un pacto con el Episcopado, la vicepresidenta primera afirma que “la obligación del Ejecutivo es gobernar para todos los ciudadanos y de acuerdo con las decisiones que emanan del Parlamento”. No obstante, ha manifestado que “las puertas del Gobierno siempre están abiertas al diálogo”.

 

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