La Fiscalía de Menores anuncia actuaciones contra el acoso escolar
Primera condena contra una Administración
en un caso de estas características

Madrid.
La Fiscalía General del Estado ha impartido un conjunto de instrucciones dirigidas a los fiscales de menores en las que se recogen las pautas a seguir y los mecanismos jurídicos y procesales vigentes para luchar contra actos de violencia y acoso escolar en los centros educativos. Según ha anunciado el fiscal delegado en materia de menores, Luis Navajas, el punto de partida para combatir este fenómeno es el mismo que se aplica para la violencia de género, ya que “el acosador escolar puede convertirse en el futuro en acosador laboral y maltratador en la pareja”, dijo Navajas.
Para este fiscal hay que romper con la idea de que “es inevitable que un escolar sufra a lo largo de su vida algún tipo de acoso educativo y que es una cuestión privada entre víctima y agresor”. Por ello las medidas incluidas en la instrucción van encaminadas a exteriorizar este problema e implicar en el mismo a los centros educativos. “Los fiscales han de partir del principio de que ningún acto vejatorio de acoso escolar debe ser socialmente tolerado” y han de tener “una respuesta adecuada por parte de la jurisdicción de menores”, señala la instrucción
Las instrucciones cursadas tienen carácter pedagógico y se aplicarán en “situaciones extrordinarias”, es decir, los fiscales intervendrán en los cuando los casos sean “extraodirnariamente graves” y el centro educativo no pueda frenar la situación.

Fallo judicial

Por otra parte, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete ha condenado a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha a pagar una indemnización a una niña de diez años que sufrió "malos tratos de carácter psicológico y verbales" por parte de un grupo de alumnos, al considerar que la actitud de los responsables del centro escolar donde estudiaba la menor ha sido "omisiva y en ocasiones permisiva", según informa Europea Press.
La sentencia, la primera en España que condena a una Administración pública por un caso de acoso escolar, es firme y no admite recurso y reconoce que existieron "malos tratos de carácter psicológico y verbal" por parte de diversos alumnos, en especial de una niña. También concluye que la actitud "de carácter omisivo y en ocasiones permisivo" de los responsables del centro produjo "los daños morales que sufrió tanto la menor como sus padres".
La Junta de Castilla-La Mancha deberá pagar a la niña una indemnización de 2.000 euros en concepto del daño moral sufrido, además del coste del tratamiento psicológico que está siguiendo.
Según ha relatado Manuel, el padre de la menor, acudieron en diversas ocasiones al centro para dar parte -tanto presencialmente como por escrito- del estado en que estaba la niña y de los malos tratos psicológicos de los que estaba siendo víctima por parte de un grupo de compañeras, sin que desde el colegio se les "hiciera caso". Asimismo, denunció que recurrieron a la inspección de Educación pero que cuando el inspector llegó al centro se quedaron "esperando" para poder aportar su testimonio.

 

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