Madrid. G. A.
Los máximos responsables de los sindicatos de enseñanza, pública y concertada, de las patronales y de las principales confederaciones de padres, han comparecido ante la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados durante los primeros días de octubre. Coincidiendo en algunos casos con la celebración del Día Mundial del Docente el pasado día 5 de octubre, han expuesto sus respectivas valoraciones del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), actualmente en trámite parlamentario.
El vicepresidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández, se ha referido a las razones que justifican una reforma en nuestro sistema educativo, como el “persistente fracaso y el bajo rendimiento escolar”, el abandono precoz de más del 25% de los alumnos de la enseñanza obligatoria, el descenso del nivel de la enseñanza, el clima de indisciplina en algunos centros, y “la pérdida de respeto y autoridad que sufre el profesorado español”. Y ha hecho una valoración crítica del proyecto de Ley porque no contempla “medidas suficientes” para resolver dichos problemas, “no tiene el necesario consenso político, carece de una ley de financiación que haga efectiva su aplicación, y no contribuye a vertebrar el sistema educativo español”.
Sin embargo, ha valorado positivamente algunas de sus propuestas, como las medidas académicas de apoyo y refuerzos, la prórroga de las jubilaciones anticipadas hasta el año 2010, el aprendizaje de lenguas extranjeras en Educación Infantil y Primaria, la creación de una biblioteca escolar en cada centro, etc. Ha vuelto la reivindicar la elaboración de un estatuto de la función pública docente que regule los derechos y deberes del profesorado, y defina sus perfiles profesionales. Y ha pedido a los distintos grupos parlamentarios “un verdadero pacto o acuerdo” sobre educación.

Una reforma para todos

También el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC.OO, José Campos ha pedido durante su comparecencia que la reforma educativa que salga del Parlamento “sea de todos los españoles y se traduzca en un verdadero pacto de estado por la educación”. Considera que debería sustentarse en un “acuerdo básico laboral” que mejore las condiciones de trabajo de los docentes; un “acuerdo educativo y social” en torno a la LOE; un “acuerdo administrativo y financiero” entre las comunidades autónomas y el MEC; y un “pacto de estado” entre el Gobierno y los partidos de la oposición “que estabilice nuestro sistema educativo”.
Ha dado un “sí crítico” a la LOE, que ha calificado como una “ley de consenso y nada doctrinal”, aunque ha denunciado algunas de sus deficiencias, como la falta de una ley de financiación “que implique a las comunidades autónomas”. Por ello ha propuesto la creación de un “observatorio de la financiación educativa”, en el que participen todos los estamentos de la comunidad escolar y las distintas administraciones. Y ha vuelto a reclamar un estatuto docente, que modifique el actual sistema de acceso y garantice la estabilidad laboral de los profesores.

Profesores deprimidos

El presidente del sector de Enseñanza de CSI-CSIF, Eliseo Moreno, ha advertido que “es más habitual encontrar un profesor deprimido que feliz”, y ha pedido más apoyo para la escuela pública. Además, ha reclamado la firma de un pacto educativo entre la administración central y las comunidades autónomas y la elaboración de un estatuto de la función pública docente. Y ha mostrado su esperanza en salga del Parlamento “una ley realista con una financiación adecuada”.
El portavoz de la Confederación de STEs-intersindical, Augusto Serrano, ha destacado la necesidad de alcanzar un gran pacto para conseguir una enseñanza pública “de calidad para todo el alumnado, integradora, compensadora de las desigualdades”. En definitiva, ha solicitado una ley de educación que “fortalezca y potencie” la escuela pública y la sitúe como “eje vertebrador del sistema educativo”. Y a la vez que “reconozca la importancia de enseñar, mejorando las condiciones de trabajo de quienes desempeñamos nuestra tarea en el ámbito educativo”.
Ha reconocido que el MEC ha aceptado algunas de sus propuestas, pero ha vuelto a calificar el proyecto de “decepcionante e insuficiente, porque no asegura una financiación adecuada; no contempla la gestión democrática de los centros; introduce una carrera docente basada en la evaluación externa y la competencia entre el profesorado; y no resuelve la situación de precariedad de los interinos ni recoge medidas efectivas para mejorar la calidad del sistema, como la disminución de las ratios”. También considera que el proyecto “permite el adoctrinamiento al mantener la enseñanza confesional; y que se establezcan conciertos en etapas no obligatorias”.

Condiciones laborales

El secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), Carlos López ha afirmado que la LOE es “una ley ponderada y equidistante de posturas extremas, que corrige desaciertos de la LOGSE y, a la vez, no mantiene posturas rupturistas con la LOCE. Pero ha advertido que la “mayor insatisfacción” de este sindicato con respecto al proyecto es “la muy insuficiente atención que concede a las condiciones laborales del profesorado”, al no incluir “cambios significativos” en temas como las ratios, tutorías, elección de los directores, reducción de jornada lectiva para mayores de 55 años, “jubilación LOGSE” indefinida, etc.
Cree que todo ello debería reflejarse en un estatuto de la función docente, que debería regular “el conjunto de los derechos y deberes de los profesores y definir los perfiles profesionales adecuados para el servicio público educativo”. También debería establecer “un sistema de promoción que permita la movilidad entre los distintos cuerpos, incluido el universitario”. Por último, ha pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas un pacto de financiación educativa, para llegar al 6% del PIB, y a todos los partidos políticos que realicen un esfuerzo para alcanzar un pacto que de estabilidad al sistema.

Libertad para elegir centro

El secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Francisco Vírseda, ha criticado duramente el proyecto de LOE porque, en su opinión, “vulnera la libertad de elección centro, no establece mecanismos que resuelvan el elevado índice de fracaso escolar, y sigue considerando a los centros de iniciativa social como subsidiarios de la escuela pública”. También cree que dicha ley “abre las puertas a que se instalen 17 sistemas educativos diferentes, y no garantiza la igualdad de retribuciones y condiciones laborales del profesorado de la enseñanza concertada”.
Ha afirmado que el MEC se ha dejado llevar por criterios ideológicos al elaborar un proyecto “que tiene a todos descontentos”, y ha manifestado que “una vez más se ha perdido la oportunidad de vertebrar y fortalecer nuestro sistema educativo y de aunar voluntades”. Por último, ha pedido al MEC y a los grupos parlamentarios, especialmente a los dos mayoritarios, que promuevan “un pacto social y político basado en la libertad, que de estabilidad a nuestro sistema educativo y establezca los mecanismos necesarios para abordar con urgencia su mejora”.

Intervencionismo

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, José Luis Fernández, ha dicho que del proyecto se desprende “una concepción intervencionista” de la administración, que “acaba con la complementariedad de redes, con el prioritario papel de los padres en la educación de los hijos y, por tanto, con el derecho de elegir el tipo de educación que quieren para ellos”. Y ha rechazado “la consideración de la educación como un servicio público”, porque considera que es “un derecho fundamental de las personas y no debe confundirse el derecho a la educación con el derecho a la escolarización”.
Ha reconocido algunos aspectos positivos del proyecto, como fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, reafirmar el carácter educativo de la Educación Infantil, las medidas de apoyo a los alumnos con problemas en Primaria, y fomentar la autonomía organizativa, pedagógica y de gestión de los centros. Pero se ha mostrado contrario a la supresión de la prueba general de Bachillerato, la manera de abordar la atención a la diversidad en 3º y 4º de la ESO y la falta de programas de refuerzo en 1º y 2º, y al tratamiento que se da a los Programas de Cualificación Profesional Inicial. Ha dicho que los profesores de los centros concertados “vuelven a ser los grandes olvidados” en el proyecto, y ha pedido un pacto de Estado “para que las cuestiones educativas dejen de estar en manos de los sucesivos vaivenes políticos”.

Estabilidad y perdurabilidad

El portavoz de FERE-CECA y de Educación y Gestión, Manuel de Castro, ha destacado en primer lugar la apuesta de dichas organizaciones “por la consecución de un pacto que deje a la educación española al margen de las disputas y vaivenes políticos”. Ha afirmado que el proyecto de LOE “no supone el avance objetivo que nuestra escuela necesita”, y nace sin el “consenso mínimo que asegure su estabilidad y perdurabilidad”. Y ha añadido que esta ley contiene “gran parte de las medidas pedagógicas” implantadas por la LOGSE, cuando muchas de ellas han sido “insuficientes o utópicas”, como la “comprensividad a ultranza”, la promoción automática de curso, o la “relajación del principio del esfuerzo individual de los alumnos”.
Además, ha dicho que el proyecto “se olvida del principio constitucional de libertad de enseñanza”, y “discrimina, devalúa y menosprecia” a la escuela concertada, “a la que considera subsidiaria de la pública”. Ha recordado que desde años el módulo de concierto “no se ha calculado para que cubra el coste real de la enseñanza”, y ahora el artículo 88 “responde al objetivo” de evitar las donaciones de las familias a los centros, lo que puede provocar “su asfixia económica a corto plazo”. Ha recordado que los colegios privados y concertados “prestan el servicio educativo en ejercicio del derecho de creación de centros, no por concesión de los poderes públicos”. Y ha mostrado su disconformidad con el tratamiento que se da a temas como la autonomía de los centros, la libertad de elección de centro y admisión de alumnos, y la enseñanza de la religión.

Derecho a la educación

También la presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Isabel Bazo, se ha mostrado partidaria de alcanzar un pacto por la educación. Pero ha aclarado que “no es necesario inventar lo que ya está inventado” y ha afirmado que lo que hace falta es “voluntad política para desarrollar sin fisuras y sin sesgos el artículo 27 de la Constitución”, relativo al derecho a la educación.
Esta patronal ha vuelto a oponerse a la LOE, porque cree que considera a la enseñanza concertada “subsidiaria” de la pública, y no respeta el derecho de creación de centros docentes, ni la libertad de los padres a elegir el tipo de enseñanza y de colegio que quieren para sus hijos. Ha rechazado la regulación que se realiza de las comisiones y la planificación de la escolarización. Ha criticado las “deficiencias económicas” de los conciertos y la nueva área de Educación para la ciudadanía, en la que ve un riesgo de “adoctrinamiento por el gobierno de turno”. Y ha pedido que se fije claramente la proporción de contenidos educativos mínimos comunes en todo el Estado.

Defender el futuro de los alumnos

Por último, también han comparecido las dos principales confederaciones de padres de alumnos. La presidenta de la CEAPA, Lola Abelló, ha insistido en que “hasta que no logremos que la enseñanza sea un asunto de Estado no obtendremos la estabilidad del sistema educativo, que tantos miles de padres estamos pidiendo a los políticos, los representantes que hemos elegido democráticamente. Ahora les toca a ustedes –ha dicho a los grupos parlamentarios- esforzarse para que la LOE nos dé el marco donde desarrollar nuestras legítimas aspiraciones, ya que tienen en sus manos el futuro de lo más preciado para nosotros, nuestros hijos”.
El presidente de la CONCAPA, Luis Carbonel, ha asegurado que la LOE provocará “una fractura social de imprevisibles consecuencias” si se mantiene su actual redacción. Y ha advertido que “algo muy grave debe contener o padecer una carencia importante, cuando todos están en contra de esta ley, profesores, sindicatos, estudiantes y familias”. En su opinión, todo este “debería llevar a un Gobierno responsable a paralizar su tramitación de inmediato, y buscar un pacto de Estado social y político que la dote de calidad”.