En el presente artículo, su autor, presidente del Sector Nacional de Enseñanza de CSI-CSIF, expone y argumenta la posición
de la citada organización sindical en relación con el proyecto
de ley de la LOE, actualmente en vía de tramitación parlamentaria, y abre un espacio de reflexión y debate sobre la actual situación de nuestro sistema educativo y el proceso de reforma ahora emprendido
.

La LOE, una oportunidad
para el Estado

Eliseo Moreno
Presidente del Sector Nacional de Enseñanza de CSI-CSIF

L Proyecto de Ley de la LOE ya

ha entrado en las Cortes, por lo que nos encontramos en la recta final de un proceso que se inició hace unos meses y que ha desembocado en una redacción que contiene luces y sombras, aciertos y errores pero que, en cualquier caso, es la ley que va a vertebrar el sistema educativo español, pero también no lo olvidemos, el propio Estado. Una ley que se redacta en un momento en que el sistema educativo español muestra sus deficiencias en el concierto internacional. Al tremendo varapalo que supuso el Informe PISA se une ahora el informe anual de la OCDE, donde se vuelve a poner de manifiesto la tremenda debilidad y crisis que padece. Destacamos en las tasas de fracaso en el bachillerato, en la escasa inversión anual por alumno -4.900 euros frente a una media de 6100-, en la escasez de becas universitarias –8% frente a una media del 17% del total de gasto educativo-. Si a esto añadimos los resultados del Informe PISA convendremos que nuestro sistema educativo está sumido en una crisis importante.

Inestabilidad

Si algo caracteriza al sistema educativo español es su inestabilidad. Tres Leyes Educativas en 15 años, además de suponer un enorme desbarajuste, significa que nuestros gobernantes no prestan la atención necesaria a la Educación, a pesar de ser el tema estrella en todos los programas electorales. Los países desarrollados buscan modelos estables, y por ello recurren al Pacto Social o de Estado sobre los aspectos educativos básicos. CSI-CSIF ha dicho, en todos los foros donde ha participado, que esta Ley, por su importancia histórica, debería asentarse en un gran Pacto de Estado entre las fuerzas políticas parlamentarias y las Comunidades Autónomas. Un pacto que debería haber estado precedido de otro educativo pero que ha sido imposible por la cerrazón de unos pocos que se creen en posesión de la pureza del pensamiento, y son incapaces de modernizar lo más mínimo sus planteamientos. Aunque pueda tachársenos de pesados al insistir de manera tan persistente en el tema, pensamos que es una afirmación apodíctica que debe ser tenida en cuenta por nuestros responsables políticos. El asunto se ha convertido en un clamor, que ningún administrador consciente del momento que vive debe dejar pasar para ponerse a la altura de las expectativas de los administrados. Todavía es tiempo de la palabra, del diálogo y del acuerdo. Todavía estamos a tiempo del consenso. La presentación de una oferta en este sentido por el principal partido de la oposición no debe caer en saco roto. CSI-CSIF ha trabajado y seguirá trabajando por conseguirlo y será muy crítica con aquellos que crean que la confrontación es la mejor manera de salir adelante.

Apoyo a la escuela pública

La LOE tiene que estar centrada en la defensa y apoyo de la escuela pública frente a los que ven en la educación un bien de mercado regulado por los vaivenes de la oferta y la demanda. La escuela pública debe ser el principal referente del sistema educativo. Eso debe suponer la declaración política de reservar para la enseñanza pública los espacios urbanos de nueva creación, ratios menos elevadas, planes de atención a la diversidad para desarrollar una educación en igualdad, una realista atención a la emigración, una mayor firmeza en la distribución de la escolarización de los alumnos emigrantes y con necesidades educativas especiales entre las dos redes financiadas con fondos públicos. El Estado debe imaginar nuevas formas de participación en la gestión de los centros concertados para evitar la competencia desleal hacia la escuela pública. Decimos esto a la vez que denunciamos que, en los últimos años, la escuela concertada ha tenido una expansión mayor que la propia escuela pública. Esta situación no se sustenta en ningún mandato constitucional, ni es acorde con la historia de una institución que esperaba de la restauración democrática un apoyo que equilibrara la situación de dejación que había padecido en la época anterior. Un reto que no tiene fisuras en CSI-CSIF, demostrado día a día en todos los foros donde interviene, y que nos está llevando a convertirnos gustosamente en el guardián de la escuela pública. Después de analizar detenidamente el proyecto enviado a las Cortes no pensamos que esto vaya a pasar precisamente. Aunque hace una apuesta clara por la atención a la diversidad y la corresponsabilidad en su escolarización en las dos redes sostenidas con fondos públicos, y esto nos gusta porque es una demanda histórica de CSI-CSIF, contiene otros aspectos que nos gustan menos. Se declara gratuita la Educación Infantil pero no se hace obligatoria, lo que va a conllevar la extensión de los conciertos a esta etapa. Igualmente se posibilita la concertación de otros tramos no obligatorios como el Bachillerato o la Formación Profesional. Sinceramente no creemos que ese sea el camino de potenciar la escuela pública.

Consideración social del profesorado

Así mismo, tiene que garantizar la mejora de las condiciones laborales del profesorado y la recuperación de su consideración social. Debe escuchar el grito que sale todos los días de las aulas de los centros educativos pidiendo los cambios necesarios para que, el docente de cualquier nivel educativo, entre en el aula y pueda dar clase con toda clase de garantías y con el respeto que nos merecemos. Cualquier intento de reforma que no tenga en cuenta esto, ya lo decimos con la suficiente antelación y sin ser profetas, será un total y rotundo fracaso. Si el profesorado no se siente respaldado, protegido, ayudado y motivado, la futura reforma será un nuevo fracaso que pagará el sistema educativo y el país en su conjunto. Vendrán nuevos Informes Pisas que volverán a sacarnos los colores en la comunidad internacional.  Desde hace un tiempo la profesión docente ha sufrido su particular ciclón que ha socavado los cimientos en los que se asentaba. Ahora los docentes ya no van al aula a enseñar, sino a sobrevivir, y una parte no pequeña de los alumnos, no van a los centros educativos a aprender, sino a estar  y a pasar el rato conscientes de la permisividad de las leyes en la promoción del curso, y del vacío que tienen a la hora de enjuiciar su comportamiento convivencial. De todos implicados en el acto educativo, al margen del problema que supone la deficiente formación de las futuras generaciones, es el profesorado el que está sufriendo en mayor medida este particular situación . Hoy es muy difícil encontrar a un docente contento y feliz al terminar una clase, hoy es mucho más corriente verle salir de las clases deprimido o con problemas de ansiedad, con la única salida ofrecida por las Administraciones públicas consistente en darle la baja médica o la jubilación anticipada.

Educación y Estado

Termino con un asunto que me parece no se le ha dado la importancia debida. En el Art.6.3 del proyecto de Ley, se regula la participación del Estado y de las Autonomías en el establecimiento del currículo. De su lectura no se saca una conclusión clara del porcentaje que corresponde a cada uno. El asunto tiene tales implicaciones que, dejándolo así, el sistema educativo español podría tener fecha de caducidad. Recientemente decíamos que la educación había sido el elemento de centralidad en la configuración de los modernos estados nacionales. Desde Hobbes, pasando por los revolucionarios franceses o los españoles de la Constitución de 1812, la educación se había situado en el centro de la construcción del Estado. Los constructores del Estado moderno sabían muy bien que con el solo ejercicio del monopolio de la violencia es imposible mantener el Estado. Sólo la educación es capaz de inculcar a los ciudadanos los sentimientos de cohesión y solidaridad necesarios para la aventura colectiva. Porque, dejemos bien claro, sin Estado no hay sitio para la regulación de los derechos y libertades, no hay sitio tampoco para la compensación de desigualdades, en definitiva, no hay sitio para la igualdad. En 1882, con motivo de la celebración del Primer Congreso Pedagógico, Valentín Morán, representante de la Academia de Maestros de Madrid, culpaba al “escolasticismo y al espíritu teológico del retroceso del país, al haber matado la iniciativa intelectual por lo que reclamaba la intervención del Estado como único medio de salvar a nuestro país de la postración y ruina que le amenaza”. El institucionista Rafael María de Labra insistía en que el Estado debe tomar sobre sí y de un modo directo la organización completa de la enseñanza primaria y sostiene rotundo que “la enseñanza en lo fundamental corresponde al Estado; los maestros al Estado; la garantía al Estado”. Y esto lo decía en 1895.

Currículo común

El tema ha saltado a la sociedad, como o podía ser de otra forma, y es ahora asunto de preocupación de todos. Recientemente una editorial del periódico El País recordaba que “Ninguna de las reformas educativas, ni siquiera el proyecto que el Gobierno presentó en julio, esboza claras orientaciones sobre la homogeneidad de la oferta educativa en todas las comunidades”. El catedrático de Teoría del Estado, Andrés de Blas Guerrero nos recordaba hace poco que “cualquier construcción política necesita de una renovación cotidiana” y que para esto “Es necesario que el Estado ponga a disposición de una empresa de renovación nacional los medios indispensables requeridos por una sociedad moderna: medios de comunicación, instituciones culturales y educativas, acción exterior y el trabajo de una Administración común coordinada con las restantes administraciones existentes en un Estado plural”. El sistema educativo juega un papel fundamental en todo este entramado de construcción siempre y cuando esté preparado para esa situación. La configuración del Estado español en la constitución de 1978 se hace de forma positiva al reconocer una pluralidad que permite la convivencia entre la nación española y las nacionalidades y regiones que forman parte de ella. Pero eso significa que el “reconocimiento de esta pluralidad no debe suponer la renuncia a impulsar una cultura y una socialización políticas que actualice la solidaridad nacional de los españoles” (Andrés de Blas). Y eso, señores diputados y senadores, padres de la patria, sólo se puede conseguir con un sistema educativo que reconozca un currículo común para todos los españoles de forma clara y concisa. Y si los responsables educativos afirman que eso queda plasmado de forma clara en el Art.6.3 pues que modifiquen la redacción para que no ofrezca campo abierto a interpretaciones diversas. Porque, a nuestro juicio, con la actual redacción una comunidad autónoma podría fijar el currículo común en el 0% y ser perfectamente legal.
Por eso, el futuro inmediato que nos espera tiene tanta trascendencia. Por eso desde CSI-CSIF estaremos apoyando las políticas educativas que mantengan la educación en el centro de la construcción del Estado, porque el Estado no es algo que se construya y ya está, por el contrario, el Estado necesita una construcción diaria y, sólo un sistema educativo configurado con esa función, puede asegurar su futuro. Por eso decimos que la ley vertebradora del sistema educativo es una oportunidad para la construcción del Estado y de la nación española en convivencia pacífica con las nacionalidades y regiones que reconoce la constitución española. Una oportunidad que nadie consciente de su responsabilidad debe dejar de aprovechar.

 

arriba