Madrid. G. A.
La Federación de Enseñanza de CC.OO considera que el texto aprobado por el Gobierno “supone un importante avance en la mejora de la calidad y la igualdad de la enseñanza”, especialmente en lo relativo a la ordenación del sistema, la consideración de la Educación Infantil como etapa educativa, la atención a la diversidad, la simplificación normativa, la regulación equitativa de la admisión de alumnos, o la eliminación de la reválida, entre otros temas. Pero cree que “es totalmente insuficiente en cuanto a las condiciones laborales y otros colectivos docentes”, sobre todo en lo referente a las mejoras retributivas, jubilaciones, acceso a la función pública, formación inicial y permanente, promoción y dignificación profesional, y a las mejoras laborales para el personal de servicios educativos y de la enseñanza privada, etc”.
Además, CC.OO pide a la administración estatal y a las autonómicas un “compromiso financiero preciso y realista” con la enseñanza, que en el caso del Gobierno central empezaría con una “Ley de financiación para afrontar los gastos derivados de la aplicación de la LOE, y para corregir los desequilibrios territoriales y sociales en la asignación de recursos económicos a las necesidades educativas”. Por último, insiste en la necesidad de negociar un “Estatuto Docente”, y exige a los grupos políticos que acerquen sus posturas durante la tramitación parlamentaria de la Ley, para llegar “un gran Pacto de Estado en materia educativa, similar al que se alcanzó en su día en materia de pensiones o sanidad”.

Mejoras laborales insuficientes

También FETE-UGT cree que el texto aprobado por el Gobierno sigue siendo “insuficiente” en lo relativo las condiciones laborales de los trabajadores. En su opinión, “no contempla un sistema de acceso que termine con la precariedad laboral de la gran bolsa de interinos; y tampoco se observan cambios significativos en lo concerniente a la promoción profesional docente, la elección de los directores de los centros, la reducción de jornada, la jubilación voluntaria anticipada, o la incorporación de nuevas figuras profesionales. Ni tampoco se ha hecho eco de las reivindicaciones del profesorado de Educación Plástica y Visual, Música y Tecnologías”.
Por el contrario, FETE aplaude “el mantenimiento de la nueva materia de Educación para la Ciudadanía, la introducción del aprendizaje y la recuperación del peso de la Filosofía en el Bachillerato, la nueva reestructuración efectuada en las Enseñanzas Artísticas, y la incorporación del capítulo dedicado a las Enseñanzas Deportivas”. Aunque considera “chocante” que se haya suprimido la posibilidad de que los menores de 15 años puedan acceder, excepcionalmente, a los Programas de Cualificación Profesional Inicial. Por otra parte, pide que la Religión sea de “oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos”, y propone un convenio colectivo marco que regule las condiciones laborales de quienes la imparten. Por ultimo, reclama “sentido común a los partidos políticos para dar a la enseñanza la estabilidad que necesita”, mediante un Pacto de Estado por la Educación.

Decepción

Según la Confederación de STEs-Intersindical la Ley “decepciona y frustra” las expectativas de quienes pedían un claro compromiso por la escuela pública ya que, afirma, el MEC no ha admitido las propuestas planteadas para potenciar dicho sector, disminuir las ratios y mejorar la calidad, acabar con las discriminaciones salariales del profesorado, prevenir el fracaso escolar en Primaria y mantener la carga horaria de determinadas asignaturas en Secundaria. También cree que no se fomenta la elección democrática de los cargos directivos, el acceso diferenciado para el profesorado interino, el reconocimiento de las enfermedades profesionales, y la reducción del horario lectivo a los mayores de 55 años.
Además, los STEs denuncian que “no se dota a esta reforma de los medios económicos necesarios para mejorar la calidad del sistema, pues con la memoria económica que la acompaña sólo se eleva el porcentaje del PIB destinado a educación en un 0,2%, lo que nos deja lejos de la media de la UE y sin posibilidad de superar los atrasos históricos que tenemos”. Por ello, esta organización espera que “la bofetada y el desprecio que supone la prácticamente nula aceptación de propuestas para potenciar la escuela pública sirva para animar la necesaria movilización de la comunidad educativa”.

Visión “estatalista y totalitaria”

La Federación de Enseñanza de USO afirma que “el Gobierno impone en el articulado de esta Ley una visión estatalista y totalitaria de la educación, que deja poco margen de actuación para que la iniciativa social pueda ejercer los derechos educativos que reconoce nuestra Constitución”. Y añade que “La LOE es una adulterada fotocopia de la LOGSE que no aporta nada coherente para solucionar las altas cifras de fracaso escolar en nuestro sistema educativo”. También dice esta ley “se ha elaborado sin contar con el necesario consenso”, y que no se ha realizado un debate fructífero, sino “la mera imposición de un modelo que cercena las posibilidades que pueden aportar los centros de iniciativa social, a los que se considera en todo momento subsidiarios de la escuela pública”.
USO insiste en su rechazo al contenido de “una ley innecesaria, que poco va a contribuir a mejorar el nivel de los alumnos españoles”. Echa de menos “referencias a la necesidad del esfuerzo en la educación”; se opone a la eliminación de la Prueba General de Bachillerato; rechaza la asignatura de Educación para la Ciudadanía, “que puede convertirse en una herramienta para adoctrinar a los alumnos y ha provocado que se marginen otras como Música, Plástica y Tecnología”. Y, sobre todo, denuncia que “la Religión continua perdiendo peso e importancia en la educación, con lo que se pone en peligro el futuro laboral de miles de docentes”.

Visión negativa

La CECE considera que el texto aprobado por el Gobierno “no contempla la libertad de enseñanza; no afronta que los alumnos desarrollen eficazmente su personalidad y que nuestro sistema educativo supere la posición en la que lo coloca el informe PISA; y considera la enseñanza concertada subsidiaria de la pública”. También cree que no se garantizan unos mínimos que deban respetar las comunidades autónomas, para evitar que se constituyan “diecisiete sistemas educativos diferentes”; que no se reconoce el derecho de los padres a elegir el centro que desean para sus hijos”; y que se limita “drásticamente a los centros concertados las ventajas que se derivan de la libertad de empresa”.
En opinión de esta patronal, tampoco se reconoce que “la formación religiosa es un derecho fundamental que el artículo 27 de la Constitución Española le otorga a las familias”. Por todo ello, ha valorado “muy negativamente” el anteproyecto, y ha anunciado su intención de emprender “todo tipo de actuaciones conducentes a sensibilizar a la sociedad de la importancia del servicio educativo que presta el sector privado de enseñanza, llegando si fuera preciso, a recurrir ante el Tribunal Constitucional”.

“Monopolio estatal”

También Educación y Gestión y FERE-CECA entienden que el proyecto de LOE “insiste en la consideración de la educación como un servicio público y no como un servicio público y social; rechaza el peso de la demanda de las familias; y no reconoce la complementariedad de las dos redes de nuestro sistema educativo, la pública y la privada. Todo ello -añade- nos lleva a un monopolio estatal de la educación, que perjudica gravemente el principio de libertad de enseñanza en sus distintas vertientes”.
Además, insisten en que “se agrava el problema de la financiación de los centros concertados y se cercena su autonomía, como si el modo de lograr una educación de calidad para todos sea acabar con la enseñanza concertada”, y advierten que “la ansiada calidad de nuestro sistema educativo no se logrará con el conjunto de medidas pedagógicas que adopta la LOE, que no sólo no servirán para mejorarlo sino que lo deteriorarán aún más”. Y dicen que no se ha solucionado el tema de la Religión, “una asignatura fundamental para la formación integral de nuestros alumnos”. En consecuencia, estas organizaciones de la escuela católica manifiestan “la insatisfacción y decepción que causa una Ley que nacerá deslegitimada en cuanto que no logra su principal objetivo, el consenso”.

Sin consenso

Más crítica incluso se ha mostrado la CONCAPA, que ha enviado una carta a la ministra de Educación en la que califica a la LOE como “la norma educativa más mediocre y menos consensuada de toda la democracia”, y advierte que no permitirá que ni el MEC ni el Gobierno “jueguen o hagan experimentos con la formación de nuestros hijos”. Dice que esta Ley “es un auténtico fiasco, un fraude para el profesorado, una estafa para las familias, un paso atrás del sistema educativo y una oportunidad perdida para todos los españoles en edad escolar”. Y rechaza la inclusión de la asignatura Educación para la Ciudadanía y el tratamiento que se da a la enseñanza de la Religión.
Esta confederación de padres católicos dice que con medidas como la “posibilidad de los alumnos de faltar a clase, la promoción de curso con tres suspensos, la falta de pruebas objetivas que evalúen los conocimientos del estudiante y la ausencia de medidas para suprimir la violencia en las aulas, la profesión docente ha quedado irremediablemente desprestigiada”. E insiste que la LOE “ha discriminado la escuela concertada y no ha conseguido prestigiar la escuela pública”, y ha agravado “la situación originada en las diversas autonomías desde la LOGSE, porque en lugar de homologar contribuye a acentuar la creación de 17 sistemas educativos distintos”.
En definitiva, la CONCAPA ha pedido la dimisión de la ministra de Educación “por su manifiesta incapacidad para lograr un acuerdo educativo que propicie una ley que mejore la enseñanza en nuestro país”. También ha iniciado contactos con diversos agentes del mundo educativo, para promover acciones de protesta conjuntas contra el proyecto de Ley. A mediados de septiembre está prevista una reunión para concretar posibles movilizaciones, con la posible presencia de las organizaciones firmaron el pasado mes de junio un documento sobre “El derecho de los padres a elegir la educación en libertad”. Entre ellas figuras patronales y representantes de los centros, como ANCEE, CECE, EyG y FERE-CECA, de padres como COFAPA y la propia CONCAPA, y sindicatos de enseñanza privada como FSIE y USO.