Madrid.
El Consejo de Estado cuestiona el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación. Aunque considera que el contenido se ajusta a Derecho, estima que “dada la ausencia de consenso, pueda llegar a ser simplemente uno más de los muchos que se elaboran cada vez que se produce alternancia de poder”. En su dictamen, lamenta que este anteproyecto “no recoge un pacto de Estado” y advierte del desconcierto de los españoles ante el hecho de tener que “ajustarse cada breves periodos de tiempo a toda una revisión sistémica y pretendidamente total del sistema educativo”. 
Mientras que “cuestiones como educación para la ciudadanía y en la igualdad resulten sobreenfatizadas por su reiteración constante, la simple pero evidente necesidad de que el sistema educativo transmita conocimientos objetivos de las humanidades, artes y ciencias así como el esfuerzo personal aparece desdibujado, obviando que los alumnos deben fundamentalmente estudiar”.

No vinculante

Este dictamen de este organismo, preceptivo pero no vinculante, sugiere que debería haberse mantenido la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, elaborada por la anterior Ministra Pilar del Castillo, con modificaciones correspondientes. A juicio de los consejeros, la estructura del anteproyecto de ley sigue en gran parte la LOCE.
De igual modo, el Consejo de Estado se muestra partidario de una exposición de motivos más realista y hacer referencia a los resultados del informe PISA 2003, cuyas conclusiones son “demoledoras en cuanto al fracaso del sistema educativo en cuanto a los conocimientos y habilidades de los alumnos de Secundaria en matemáticas, ciencias y lectura”. “Parece como si con el anteproyecto se tratara sólo de modernizar el sistema educativo y no de corregir tendencias a la baja calidad que son de dominio público y preocupan a la sociedad”.

Primaria y ESO

Respecto a la regulación de la Educación Primaria, a los miembros del Consejo les parece “extraño”, que no haya una evaluación al final de esta etapa, limitándose a los ciclos primero y segundo. Así como, no les queda claro si la gratuidad y la oferta necesaria de un puesto escolar se impone sólo para la Primaria o también para la ESO.
Tampoco entienden las competencias que corresponden al Estado y a las comunidades autónomas en la gestión de becas y ayudas al estudio.
En su opinión, convendría establecer con mayor claridad el peso del expediente académico en las admisiones a las enseñanzas de Bachillerato y sugieren que debería decirse que “para las enseñanzas de Bachillerato, además de los criterios establecidos en el artículo anterior, se atenderá al expediente académico de los alumnos”, en vez de “una vez aplicados los criterios”.

Proyecto constitucional

La ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, ha asegurado que el informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley Orgánica de Educación avala su "constitucionalidad". En declaraciones a Efe, la ministra ha afirmado que dicho dictamen ratifica que "no existen indicios de inconstitucionalidad", lo que considera una "magnífica noticia, porque en el debate político se evitará que se susciten dudas sobre el encaje constitucional del proyecto".
Según la titular del MEC el informe del Consejo de Estado presta una "atención detallada" al reparto de competencias en materia educativa con las Comunidades Autónomas y "ratifica también su constitucionalidad". En opinión de la ministra el análisis de la legalidad del proyecto "es totalmente favorable" y se recogen "sugerencias útiles" que "serán estudiadas con detalle para determinar cuáles podrán incorporarse a la ley". María Jesús San Segundo ha señalado que el Consejo de Estado también ratifica la plena legalidad del proceso de tramitación del proyecto y ha recordado que en dicha tramitación se ha escuchado, entre otros, a los agentes educativos, el Consejo Escolar del Estado y las Comunidades Autónomas.
Según la ministra el informe también avala la constitucionalidad del proyecto en lo relativo a las clases de religión. A este respecto ha precisado que "desde el principio nuestra opinión es que una ley orgánica debe recoger las normas básicas y en este caso en la disposición adicional lo que se dice es que las enseñanzas de religión se ajustarán, como no puede ser de otra manera, a los acuerdos con la Santa Sede y a las leyes que nuestro Parlamento ha dictado en lo relativo al papel de las diferentes religiones en nuestro sistema".
Por su parte, el portavoz de Educación del PP en el Congreso, Eugenio Nasarre, ha solicitado al MEC que tome la decisión de retirar el anteproyecto de la LOE tras el dictamen “demoledor” del Consejo de Estado, informa Europa Press.