Madrid. ROSAURA CALLEJA
El proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que incorpora las recomendaciones realizadas por el Consejo Escolar del Estado y cuenta con el aval constitucional y jurídico del Consejo de Estado, sustituye la LOGSE-1990, la LOPEG-1995 y la LOCE-2002. La reforma va acompañada de una memoria económica, que prevé más de 6.000 millones de euros adicionales al gasto educativo global, para los próximos cinco años. El MEC sufragará el 58% y el resto será financiado por las comunidades autónomas.
Una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes en todos los niveles es el objetivo de la LOE, como precisó María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes. Según sus propias palabras “el esfuerzo y el estudio constituyen la primera obligación para los estudiantes” y señaló que en el proceso de debate han participado todos los sectores de la comunidad educativa.
Conseguir el éxito de todos los alumnos en las enseñanzas obligatorias, aumentar la escolarización en edades tempranas, promover el aprendizaje a lo largo de la vida, la formación ciudadana, la igualdad de oportunidades y la cohesión social constituyen pilares básicos en esta nueva norma.

Formación en valores

En su definición de principios enfatiza la educación ética y ciudadana y prima la educación en el respeto a los demás y en la igualdad entre hombres y mujeres, además de promover la participación de la familias y los alumnos y configura un modelo de centro docente plural y participativo.
Durante su intervención ante los medios de comunicación, María Jesús San Segundo subrayó que, tras un numerosas reuniones en el marco de la Conferencia Sectorial, se han alcanzado “90 puntos de acuerdo” y que el proyecto recoge modificaciones propuestas por las comunidades autónomas, el Consejo Escolar del Estado y el Consejo de Estado. “Partimos de un sistema educativo herido, muy enfrentado”, afirmó la Ministra y aclaró que “la LOE no destruye, sino que construye y aprende de las leyes anteriores”.
Esta ley incide en el refuerzo de competencias básicas como lectura, escritura y matemáticas, por lo que los alumnos  con dificultades de aprendizaje dispondrán de planes de apoyo para paliar el fracaso escolar, que se pondrán en marcha desde Primaria. Además, todos los centros públicos contarán con bibliotecas escolares para fomentar la lectura. 

Educación Infantil

Las administraciones garantizarán la gratuidad en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-5 años) y la oferta suficiente de plazas, ya que el Gobierno considera que es una etapa fundamental para el desarrollo posterior del alumno y por su carácter preventivo y compensador de desigualdades. El profesorado que imparta este nivel será especialista en Educación Infantil y contará con el apoyo de otros profesionales en el primer ciclo (0-3 años).
De igual modo, la LOE incorpora la enseñanza de un idioma extranjero y de nuevas tecnologías de la información y la comunicación desde los 5 años. Además, establece dos evaluaciones de diagnóstico en 4º de Primaria, para alumnos de 9 años, y en 2º de la ESO, para los de 13 años. No obstante, estas pruebas no computarán en el expediente académico, ni se reflejarán en las calificaciones. Estos resultados permitirán conocer la evolución y funcionamiento global del sistema educativo y adoptar las actuaciones pertinentes para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
La promoción automática queda eliminada y se regula la repetición de curso, con la opinión del claustro de profesores y estableciendo medidas de refuerzo evaluables.

Agenda de Lisboa

María Jesús San Segundo precisó que se realizarán actividades de recuperación con evaluación de las materias suspensas, “tanto si se repite curso, como si se pasa al siguiente”. También puntualizó que los objetivos de la reforma cumplen los fijados en la Agenda de Lisboa, algunos “compartidos con la UE y otros son específicamente españoles”.
La Ley organiza los cursos 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria con un núcleo común para todos los alumnos, pero el 4º curso tendrá un carácter orientador. Sin embargo, los estudiantes podrán elegir opciones adaptadas a sus circunstancias e intereses con objeto de continuar estudios postobligatorios o la incorporación laboral. Además, se establecen desdoblamientos en materias instrumentales y programas de apoyo y refuerzo. Desde 3º de la ESO, los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje podrán realizar programas de diversificación curricular adaptados a sus necesidades y que conducirán a la obtención del título de Graduado en ESO.

Acceso a la universidad

En cuanto al acceso a la universidad, “se propone una única prueba con validez en todo el territorio español”. La nota de este examen hará media con las calificaciones del Bachillerato, para elegir una carrera.
Por lo que se refiere a la asignatura de Religión, la LOE dispone que será de oferta obligatoria para los centros y de elección voluntaria para los alumnos, ajustándose a lo establecido en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre la Santa Sede y España. María Teresa Fernández de la Vega manifestó que el Gobierno garantiza el derecho a la formación religiosa, “pero que no se debe imponer como asignatura obligatoria y evaluable, ya que no debe condicionar el futuro de los estudiantes que quieran ser médicos, jardineros o arquitectos”.

Estatuto docente

Esta Ley prevé intensificar la formación permanente de los docentes, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la actualización de conocimientos en lenguas extranjeras. Paralelamente a la tramitación de la LOE, el MEC ultima la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente, cuya elaboración se lleva a cabo en colaboración con las centrales sindicales más representativas. Así como, la nueva Ley establece la adecuación de la formación inicial del profesorado al sistema de grados y postgrados del espacio europeo de educación superior.
Asimismo, la LOE pretende que los centros tengan capacidad suficiente, para adecuar su proyecto educativo a las características de su entorno y a las necesidades educativas de su alumnado específico y que puedan imprimir sus señas de identidad en ese proyecto, dentro de un contexto de sometimiento a la legalidad. Mientras que calidad y autonomía exigen evaluación, esta norma introduce mecanismos sistemáticos de control de calidad, mediante evaluaciones periódicas de diagnóstico al alumnado y evaluaciones del profesorado, de los centros y del conjunto del sistema educativo.

Reacciones

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Política Social y Bienestar del PP, Ana Pastor, afirma que la LOE “va en contra de la calidad y el esfuerzo” y que desaparece el deber de estudiar. Según sus declaraciones, “es la ley del “todo vale”, del no esfuerzo, de saber menos lengua, menos matemáticas, menos historia o menos filosofía”. También, insistió en que esta norma nace sin consenso y que ha sido criticada por toda la comunidad educativa, el Consejo de Estado y la mayoría de las comunidades autónomas.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal califica de “inaceptable” el proyecto de Ley Orgánica de Educación, ya que “pone seriamente en peligro la enseñanza de la religión” y, a su juicio, “recorta el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”. El secretario general Juan Antonio Martínez Camino manifiesta que el texto legal “es de la responsabilidad exclusiva del Gobierno, ya que no ha habido diálogo ni negociación alguna respecto al mismo”.