Augusto Serrano
Portavoz de la Confederación de STES-intersindical

reforma educativa no ha calado ni entre el profesorado ni en el resto de la comunidad educativa, y el debate ha sido escaso; se ha debatido realmente entre las personas muy implicadas en política educativa, lo que no deja de ser significativo e importante, pero no es suficiente. De las razones, que pueden ser muchas, señalamos una: que la ley viene a sustituir una nefasta normativa elaborada por la derecha y que esta ley la hace un partido que se sitúa en la izquierda y no es, por tanto, apenas criticada por las organizaciones que se incluyen en el espectro de la izquierda social.
Desde la Confederación de STES-intersindical, sin embargo y desde la izquierda social, sí que hemos criticado el anteproyecto de ley; lo hemos criticado y hemos presentado propuestas alternativas ante el MEC y en el Consejo Escolar del Estado (CEE).
El Proyecto de LOE (Ley Orgánica de Educación), redactado en estos días por el MEC tras el debate realizado y tras recibir las propuestas emanadas desde el CEE y las diversos sindicatos y organizaciones relacionadas con la enseñanza, pasa ahora al Congreso de los Diputados y se inicia el trámite parlamentario que finalizará con la aprobación de la nueva Ley, aprobación que puede realizarse, según el MEC, a finales de año.
Para los STES-intersindical, los cuatro meses que van desde el principio de curso hasta la aprobación de la ley son fundamentales para conseguir que la escuela pública salga fortalecida en la nueva legislación.
El constante llamamiento al “pacto escolar” que rodea la promulgación de la LOE, debe explicarse desde el punto de vista de quienes defendemos un “compromiso social por la escuela pública”. El pacto pretende, en síntesis y según sus defensores, “alejar a la escuela del debate político y dar estabilidad al sistema educativo”, cuando está claro que la estructura del sistema educativo no la discute nadie y que lo que ha cambiado en los últimos años ha sido el currículum de las distintas asignaturas; esto es lo que había que acordar, lo que había que pactar: qué es lo queremos que estudien nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, y de esto no hablan quienes hablan del pacto.

“Pacto escolar”

La realidad de lo que quieren conseguir quienes defienden el “pacto escolar” es la total y absoluta equiparación entre los centros públicos y privados bajo el eufemismo de “centros sostenidos con fondos públicos”; esto y la concertación de nuevas aulas en etapas de escolarización obligatoria y postobligatoria en función de la demanda de las familias y del hipotético derecho a la libertad de elección de centro. Todo esto rodeado por continuos e insidiosos ataques a la escuela pública para conseguir el trasvase del alumnado, y de los presupuestos de la escuela pública, a las empresas privadas de la enseñanza; y por la confusión interesada de quienes pretenden mezclar los intereses de las empresas privadas de la enseñanza, con los legítimos intereses de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada.
Estamos, por lo tanto, ante una tarea dura; por un lado nos enfrentamos a la nueva ley sabiendo que  los ataques al concepto de “educación como derecho fundamental de toda la ciudadanía” y, por lo tanto, como servicio público que deben prestar las distintas administraciones en condiciones que garanticen la calidad del sistema educativo público está siendo atacado por los neoliberales, por los partidarios de la privatización de todos los servicios públicos. Y lo hacen contando con la complicidad de organizaciones que dicen defender la escuela pública y se camuflan tras el manido “pacto escolar”.

Financiación

Por otro lado, vemos que la financiación que plantea el gobierno es insuficiente y no la podemos aceptar. Es insuficiente pues las cantidades que se plantean invertir elevarían, en los próximos cinco años, sólo un 0’2% del PIB que se destina a educación, lo que nos dejaría por debajo de lo que se invertía en 1994 en España y muy alejados de la media de lo que se invierte en la Unión Europea y no nos permitiría superar los grandes desfases históricos en infraestructuras y personal que tiene nuestro sistema educativo.
Y no la podemos aceptar por llevar implícito un trasvase constante de fondos desde la enseñanza pública a la privada, pues si los presupuestos no suben y en aplicación de la LOE aumentan los conciertos y las dotaciones materiales y humanas a las empresas privadas, está claro de dónde pretenden que salga el dinero necesario: de la disminución constante de los presupuestos destinados a la enseñanza privada.
Ahora, cuando la reforma ya es proyecto de ley, es cuando hay que realizar el debate profundo sobre lo que plantea el gobierno y lo que queremos para nuestra escuela pública. La Confederación de STES-intersindical seguirá presentando propuestas ante el profesorado, ante el gobierno y a los grupos parlamentarios en línea con nuestros objetivos: la mejora de la escuela pública y la mejora de las condiciones de trabajo de todas las personas, docentes y no docentes, de pública y privada, que trabajamos en el sistema educativo; esperamos que el gobierno las asuma. Y para conseguirlo no dudaremos en movilizar al profesorado si vemos que el gobierno atiende las propuestas que llevan a una mayor privatización de la enseñanza y no atiende a las que plantean una potenciación de la escuela pública. En este camino esperamos encontrarnos con todas las personas y organizaciones que defendemos la escuela pública; es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad.