En la presente colaboración, su autor, presidente nacional de ANPE, analiza y valora los contenidos del anteproyecto de
la Ley Orgánica de Educación, actualmente en proceso
de debate en el seno de la comunidad educativa y de la propia sociedad española.

Análisis del anteproyecto de la LOE

Juan Miguel Molina Serrano
Presidente Nacional de ANPE

L ANTEPROYECTO de Ley de

Educación que en estas jornadas estamos analizando traduce, ante todo, la voluntad de publicar una nueva ley que sustituya a tres de las cuatro leyes orgánicas en vigor: La LODE, la LOGSE, la LOPEG y la LOCE. Este objetivo simplificador no se extiende a la primera, la LODE, a la que, no obstante, algo le toca de las medidas reformistas que pretende introducir la nueva ley.
Es un documento amplio y complejo, y es en las disposiciones finales donde se explican y clarifican las modificaciones introducidas. Mi análisis se centrará en los aspectos técnico-pedagógicos y organizativos del Anteproyecto de Ley, valorados desde la doble perspectiva de la calidad de la educación y los efectos que la aplicación de la normativa representará, llegado el momento, para los centros y el profesorado. En este sentido y como ejemplo de resaltar, la grave consecuencia que traería la implantación de lo establecido en el artículo 6, en sus apartados 2 y 3.
Cuatro son los bloques sobre los que desarrollaré mi argumentación: La calidad de la educación, la implantación de la nueva Ley, el profesorado y la cohesión del sistema educativo.
Sin un buen Proyecto Educativo no cabe hablar de calidad en educación. Parece evidente que son necesarios unos medios y unos recursos que no son buenos o malos en sí mismos, sino suficientes/insuficientes, adecuados/inadecuados para el logro de los objetivos parciales y del fin último de la educación. El segundo bloque de criterios se refiere a la implantación, implementación y desarrollo del Proyecto Educativo. No siempre lo más perfecto es lo mejor. A veces, pequeños obstáculos son dificultades insalvables que pueden dar al traste con excelentes planteamientos teóricos.
Respecto al profesorado, pese a que es el eje estable sobre el que tiene que girar cualquier reforma educativa, una vez más se legisla a sus espaldas y, sobre todo y de nuevo, se hace recaer sobre sus hombros toda la carga para la puesta en marcha de otra reforma. Y sobre el cuarto bloque, todos conocemos la importancia de mantener la cohesión del sistema educativo para el desarrollo de la educación en nuestro país. Su desvertebración es, sin duda y al margen de las enconadas discusiones contra la LOCE, el hecho de mayor calado y trascendencia de entre los pocos elementos novedosos que contiene el Anteproyecto de Ley de Educación respecto a las anteriores leyes.
Me referiré por separado a estos cuatro elementos que acabo de citar.

Sobre la calidad de la educación

El Anteproyecto incluye un amplio abanico de objetivos que abarcan la mayoría de los aspectos de la formación integral del ser humano. Una importante novedad es la incorporación de las competencias básicas como parte del currículo. Sin embargo, se aprecian dos carencias muy notables: La ausencia de toda referencia a la dimensión espiritual del ser humano y la exclusión del cultivo de la voluntad. Es más, las referencias indirectas a este aspecto se hacen desde la perspectiva limitadora de la responsabilidad personal de los alumnos, porque se contextualizan con otros esfuerzos obvios, como los correspondientes al profesorado y a las administraciones, o con los no regulables por la futura Ley, como son los que tienen que ver con la familia y la sociedad. Demasiadas intenciones para concretar objetivos y sobre todo para alcanzarlos. En la misma línea parecen ir los planteamientos relativos a los criterios que permiten o no la promoción y la titulación, ya que con la supresión de la Prueba General se rebaja notablemente el nivel de exigencia, tanto en Enseñanza Secundaria Obligatoria como en Bachillerato.
Este hecho puede ser especialmente grave si tenemos en cuenta que el primero de los principios que presiden la Ley se concreta en el objetivo de “mejorar los resultados generales y reducir las todavía elevadas tasas de terminación de la educación básica sin titulación y abandono temprano de los estudios”. Parece evidente que tal objetivo pretende alcanzarse “levantando la mano”, concediendo titulación a quienes no han logrado superar las materias. En otro apartado, frente a la idea de itinerarios recogida en la LOCE, el Anteproyecto habla de modo indeterminado de “alguna materia optativa” y de la posibilidad de establecer agrupaciones de materias en diferentes opciones. Entiendo que estas limitaciones derivan de las críticas que se hicieron a los itinerarios de la LOCE como segregadores; sin embargo, no parece menos peligroso el riesgo de fracaso que existe cuando la oferta de estudios aparece tan poco diversificada.
Algo similar podríamos afirmar en relación con el retraso en la implantación de los programas de iniciación profesional, aquí denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Respecto a la diversidad, una mayor optatividad y una organización del currículo por bloques de materias para dar respuesta a la diversidad de intereses la haría factible haciendo posible la reducción del número de alumnos deseosos de salir del sistema y que, lejos de aprovechar las oportunidades, se convierten en origen de indisciplina de centros y aulas, perturbando así el adecuado desarrollo de la vida académica.

La implantación de la Ley

No es fácil establecer las fronteras entre la viabilidad y la inviabilidad de la implantación de los aspectos contenidos en el Anteproyecto, pero sí deseo poner de manifiesto algunas ideas en torno a ciertas consecuencias derivadas del mismo que representan dificultades de cierto relieve a la hora de organizar la vida de los centros educativos.
La forma de compatibilizar una educación confesional con el respeto a los valores de culturas diferentes, tanto de otras religiones como ateas, no es tarea fácil y habrá que estar vigilantes para que esto no genere nuevo problemas. La problemática que representa para los centros la atención a la diversidad es variada y compleja destacando problemas de personal, de organización, de espacios o problemas de materiales de aprendizaje.
En el anteproyecto se hace mención expresa necesidad de especialistas, pero no especifica cuales. La identificación temprana de niños con necesidades específicas de apoyo, la prevención de dificultades de aprendizaje, el tratamiento de la discapacidad o de los trastornos requieren especialistas que, con frecuencia, están más capacitados que los orientadores escolares. Parece evidente que la realización de desdobles, con grupos paralelos, los programas de refuerzo y de tratamiento personalizado y todo el conjunto de medidas ligadas a la flexibilidad como forma de afrontar la atención a la diversidad, representan exigencias que hacen muy compleja la organización escolar y, en particular, la articulación de horarios.
Forzoso es reconocer que los medios y recursos suelen presentar fuertes debilidades a pesar de que los enunciados del Anteproyecto, como los de anteriores leyes, siempre prometan una realidad ideal. En efecto: las leyes anteriores, de la L.G.E. a la LOGSE fracasaron por falta de recursos, principalmente económicos. En su día se criticó seriamente al Gobierno popular por no incorporar la necesaria financiación a la aprobación de la Ley. La misma postura merece este Anteproyecto, que no viene acompañado de la Memoria económica correspondiente que haga efectiva y creíble su aplicación.

El profesorado

Aún así, y pese a que el profesorado es el eje estable sobre el que tiene que girar cualquier reforma educativa, una vez más se legisla para que soporte el esfuerzo que requieren la comprensión, interiorización y aplicación de la nueva Ley. Esta situación -me refiero a que cada gobierno trate de introducir su reforma educativa, con el indudable interés político- ha producido en el profesorado una situación de hastío y desinterés agravado al comprobar que la nueva Ley no sólo altera y perjudica su situación laboral, sino que dificulta el desarrollo de su propia tarea docente cuando, además, las medidas no dan solución a los problemas que tiene planteados el sistema educativo español.
Así mismo, las Medidas de Apoyo al profesorado contempladas en Anteproyecto de Ley no constituyen ningún avance significativo en las mejoras de las condiciones laborales del profesorado, y es evidente que el Ministerio debiera cambiar su estrategia respecto a este colectivo en un intento de hacer viable la Ley.
Es por lo que desde ANPE seguimos demandando un Estatuto de la Función Pública Docente:
- Que mantenga los Cuerpos Nacionales del profesorado sin obstáculos ni barreras que dificulten la movilidad territorial.
- Que regule el acceso a la Función Pública Docente, respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. - Que establezca una carrera docente.
- Que promueva la formación docente gratuita y dentro del horario escolar.
- Que mantenga la modalidad de jubilación voluntaria anticipada a partir de los 60 años...

La desvertebración del sistema educativo

Esta circunstancia es, repito, al margen de las enconadas críticas a la LOCE, el hecho de mayor calado y trascendencia de entre los pocos elementos novedosos que contiene el Anteproyecto de Ley de Educación respecto a las anteriores leyes.
El artículo 6.3 del Anteproyecto, en efecto, limita los aspectos básicos del currículo o enseñanzas mínimas que habrá de fijar el Gobierno nacional, respectivamente, a un máximo del 55% y del 65% de los horarios escolares, según se haya de aplicar en Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial además del castellano o en las demás, correspondiendo el resto a las propias Comunidades Autónomas. Estos mismo porcentajes habían sido también fijados en el artículo 8.2 de la LOCE pero no como máximos para el Estado sino como mínimos, correspondiendo su concreción ulterior al Gobierno, mientras que la redacción del Anteproyecto deja la puerta abierta para que el Gobierno pueda rebajar a porcentajes inferiores a 55% y 65%, respectivamente, la parte mínima o básica del currículo, sin que el nuevo texto legal llegue a limitar las facultades del Gobierno con porcentajes mínimos inexcusables.
Se entiende que esta supresión de mínimos en cuanto a los currículos que debe fijar el Gobierno para hacer que los títulos correspondientes de ámbito nacional respondan a esa naturaleza que demanda para ellos la Constitución cuando reserva su regulación al Estado en el artículo 149.1.30ª, no puede considerarse conforme al orden constitucional.
La posibilidad además de una tal diversidad de contenidos curriculares por Comunidades Autónomas, no como consecuencia del ejercicio de la libertad de conformación de los proyectos educativos sino por imperativo de los Poderes públicos autonómicos, que serán uniformes para cada territorio autonómico, comporta un riesgo excesivo para la igualdad básica de todos los españoles en sus derechos educativos, para una sustantiva comparabilidad y homologación de sus estudios o para la misma calidad de las enseñanzas que se impartan, además de los perjuicios que pueda causar a la cohesión social del conjunto de la población española y a las posibilidades reales de movilidad de todos sus habitantes, y en particular del profesorado y de quienes se encuentran en edad escolar. Y todo ello, no porque haya razones para desconfiar más de los gobernantes autonómicos que de los del Estado en cuanto al acierto con que vayan a ejercer sus competencias al respecto, sino por los condicionantes distintos que comporta el marco sociopolítico de unos y otros y la propensión observada en no pocas Comunidades Autónomas a “rehacer” la historia bajo ciertas pautas impuestas o a imponer contenidos en los currículos excesivamente limitados a realidades locales, en perjuicio de una formación más general y universal de los alumnos.
Unos títulos estatales deberían asegurar unos contenidos generales comunes -sin perjuicio de los amplios espacios que deben dejarse en cualquier caso a la libertad de conformación de los centros y de sus profesores- que, como mínimo, alcanzarán los porcentajes a que se refería la LOCE, que no deberían ser inferiores a un 70% y un 80% según que respectivamente las Comunidades Autónomas tuvieran o no lenguas propias reconocidas como cooficiales. Se desvertebra de hecho el sistema educativo, dejando sin contenido los demás principios de competencia estatal. Dicho de otra manera, se pretende modificar por la vía de los hechos consumados la propia Constitución Española. De esta manera quedará allanado el camino para que cada una de las Comunidades Autónomas, según su “fuerza” y “capacidad de persuasión”, alcance un mayor o menor techo en cuanto a esos 55% o 65% de “competencias básicas” (nótese que ya no se nombran las “enseñanzas comunes”) que, como máximo puede fijar ahora el Gobierno de la nación.
En todo caso, parece obvio, que puede existir diferente “techo” para cada una de las Comunidades Autónomas, pudiendo dar lugar a tantos sistemas educativos diferenciados como Comunidades Autónomas.
Esto no es ni un error ni mucho menos una broma. Lo que verdaderamente se esconde tras ello es la posibilidad de desmantelar el sistema educativo español y esto es algo que no podemos silenciar ni consentir.
Para finalizar, conviene recordar algo tan elemental en nuestro ordenamiento jurídico como es la supremacía de la Constitución como norma fundamental del Estado y de todo el ordenamiento jurídico vigente en el ámbito nacional español. Por eso llama la atención que no se aluda a ella en el documento que estamos analizando, aunque la falta de su mención explícita no disminuye en nada el neto valor jurídico vinculante de que los dota la propia Constitución.

A modo de valoración global

Podemos concluir y, a modo de valoración global, decir que: El Anteproyecto fue precedido de un falso debate que lejos de alcanzar el consenso que pretendía, puso de manifiesto las notables discrepancias entre los distintos sectores de la comunidad educativa. El debate, más que aunar, confrontó, y bastaría con revisar las últimas actas del Consejo Escolar del Estado para comprobar cuanto acabo de manifestar.
Esto, si no se corrige, supondrá un lastre importante en el desarrollo de la Ley que sin duda dificultará su implantación.
Por otra parte nos encontramos ante una futura Ley que puede considerarse innecesaria. En efecto: los cambios de mayor relieve -Área de Sociedad, Cultura y Religión, itinerarios, promoción en Secundaria, centros concertados- pudieron ser llevados a cabo por el Ejecutivo sin paralizar durante dos cursos académicos la implantación de una Ley legítimamente aprobado por el Parlamento. A esto podríamos añadir que la futura Ley de Educación:
- Rebaja los niveles de exigencia: El esfuerzo no es sólo de los alumnos (según propone el Anteproyecto), con lo que se diluye al menos en parte, su responsabilidad individual; se retrasa la diferenciación de materias; se pasa de curso con tres materias pendientes; los exámenes extraordinarios se realizan sólo en cuarto de la ESO en lugar de en todos los cursos de Secundaria obligatoria...
- Contiene una memoria económica insuficiente.
- Es insolidaria con el profesorado que esperaba soluciones mucho más decididas y valientes para enfrentarse a los retos que tiene planteados: mejorar la calidad de nuestro sistema educativo y la escasa motivación del alumnado, así como que las Medidas de Apoyo contempladas en el Anteproyecto constituyesen avances más significativos en sus condiciones de trabajo y retribuciones.
- Sienta las bases para las desvertebración del sistema educativo español. Por todas estas razones, ANPE Sindicato Independiente, mantiene una postura responsablemente crítica ante el Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, presentado por la Ministra, redoblando en estos momentos sus esfuerzos para que en los trámites reglamentarios sean tenidas en cuenta las propuestas de mejora que hemos elaborado y presentado.

 

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