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Pedimos la palabra

Distintas asociaciones de estudiantes han expresado su deseo de participar en la elaboración del nuevo mapa de titulaciones. Según han manifestado públicamente, reconocen que la convergencia europea es positiva y necesaria, pero que no debe olvidarse que la universidad, además de preparar a los mejores profesionales, debe potenciar el conocimiento científico, técnico y cultural. Por ello, subrayan que las Humanidades deben tener un espacio propio, encaminado a una especialización posterior a través de los másters.
Para materializar la igualdad de oportunidades, demandan un sistema de becas, que garantice el acceso a las nuevas titulaciones, sobre todo a los estudios de postgrado. En referencia al Espacio Europeo de Educación Superior, los estudiantes instan al Ministerio de Educación y Ciencia a que les facilite información sobre el proceso de Bolonia y los nuevos Reales Decretos de Grado de Posgrado. A juicio de numerosos alumnos, los títulos actuales son válidos y tienen que encontrar un espacio en los nuevos títulos de grado. Sobre un Estatuto del Estudiante, que recoja los derechos y deberes, consideran que debe contemplar la formación integral, la igualdad de oportunidades, la representación estudiantil, el derecho a la huelga, la orientación para el empleo, las salidas profesionales y la participación en la evaluación de la calidad.
En mi opinión, que coincide con la de muchos de mis compañeros, el MEC debería establecer una sola prueba de acceso a la universidad, así como aumentar el número y la dotación de las becas y garantizar que la subida de las tasas universitarias no supere el 2% del IPC.
Si la política del Ministerio de Educación se orienta a mantener un diálogo con todos los sectores de la enseñanza, los estudiantes reclamamos la participación en los debates y la oportunidad de expresar nuestras inquietudes y que nuestras opiniones se tengan en cuenta.

Borja Fernández Martín
Guadalajara

 
     
   

El reto de la educación
de alumnos inmigrantes

El último informe de la Fundación Encuentro pone los pelos de punta al analizar el crecimiento de la población escolar inmigrante en nuestras aulas y recuerda que el curso 2003-04 se inició con 388.290 alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas de régimen general, cuando un año después la cifra se acerca al medio millón. Es decir, en un curso, el número de escolares de otras nacionalidades ha crecido en casi 120.000 alumnos ¿Está la escuela preparada para hacer frente no ya a tan elevado contingente, sino para responder a ese reto que ahora se denomina diversidad o interculturalidad?
Mucho me temo que la respuesta sea negativa. De entrada, los datos del mencionado informe revelan que el 70% de los escolares de otros países se concentran fundamentalmente en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, con la cual ya existe una enorme descompensación geográfica en el reparto del alumnado, que es acogido en su mayoría en la red pública. Pero es que además, el estudio destaca el actual “desequilibrio” en la distribución del alumnado inmigrante entre la red pública y la privada concertada. También habla de una normativa “poco adecuada e insuficiente” y de aspectos como la localización espacial de los centros o el nivel sociocultural del entorno. Y recuerda: “Por encima de todos estos elementos, lo que está en juego es el derecho de los padres a elegir un tipo de educación que desean y el tipo de centro”.
El estudio de esta fundación pone de manifiesto asimismo que la escolarización de alumnos inmigrantes depende de una cierta disposición de determinados centros de hacerse cargo de estos chicos. Por ello es frecuente encontrar en un mismo enclave urbano centros públicos con una alta tasa de escolarización de estos alumnos y a otros de igualdad titularidad con muchos menos, y algo similar ocurre en la educación concertada. Y este es un factor negativo que está llevando al colapso de determinados establecimientos educativos.
El fenómeno de la inmigración está rebasando al Gobierno y a las Comunidades Autónomas y el sector de la enseñanza no iba a ser una excepción. Creo que hace falta un gran plan nacional que corrija no solo el desequilibrio en la escolarización de estos alumnos sino también que defina claramente las pautas a seguir para que estos escolares reciban una educación de calidad. Y para ello son necesarios programas coherentes, recursos económicos, apoyos escolares y más profesores. El debate de la nueva ley educativa es un momento inmejorable para intentar dar solución a un problema que puede convertirse en irresoluble en muy pocos años

Javier García Menéndez
Madrid

 
       
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