Esfuerzo “importante pero insuficiente”
Sindicatos, patronales y padres piden un compromiso entre el MEC y las comunidades autónomas para elevar el gasto educativo al 6% del PIB
Organizaciones sindicales, patronales y confederaciones de padres han valorado como un primer paso positivo la memoria económica para la LOE presentada por el MEC, pero
creen que es insuficiente para mejorar la calidad del sistema educativo. También han pedido al Ministerio y a las comunidades autónomas que lleguen a un compromiso para elevar el gasto educativo hasta el 6% del PIB.
Las organizaciones de la comunidad educativa piden garantías para que no se desavíen a otros objetivos las partidas presupuestarias previstas inicialmente para implantar la LOE
(Foto: Rafael Martínez)

Madrid.
Las federaciones de Enseñanza de CC.OO, CSI-CSIF y UGT consideran que la memoria económica para la Ley Orgánica de Educación (LOE) presentada por la ministra María Jesús San Segundo es “un primer paso”, porque propone “un sistema de financiación compartida entre el propio Ministerio y las comunidades autónomas con el fin de facilitar la compensación educativa y corregir el desigual acceso a la educación en determinados centros y territorios”. Y asimismo “porque contempla mejoras destinadas al profesorado”.
Sin embargo, también exigen al MEC y a las administraciones autonómicas un “compromiso financiero” para elevar el gasto educativo al 6% del PIB, y para que acompañen esa iniciativa con “una Ley de financiación que garantice la aplicación de todas las medidas para mejorar la calidad de la enseñanza” recogidas en cualquier reforma, “independientemente de los vaivenes políticos” tanto en el Gobierno central como en los regionales, y de la evolución de los presupuestos del Estado. Creen que con la propuesta ministerial “este porcentaje sólo llegará al 4,7% cuando finalice su implantación en 2010, todavía por debajo de la actual media de la UE”. Reconocen que esta memoria económica “pretende compensar al alumnado desfavorecido y a los centros y comunidades con menos recursos”. Y admiten igualmente que, para ello, “prevé incrementar en un 50% las becas en los próximos cinco años, y establecer programas de refuerzo para los colegios con alumnado con dificultades de aprendizaje, de apoyo a la enseñanza de lenguas extranjeras y, en menor medida, a las nuevas tecnologías”. Pero lamentan que no incluya “los acuerdos educativos vigentes” firmados con muchas autonomías, ni los “incrementos habituales de los presupuestos” para aumentos salariales, conciertos, etc., que precisan “un compromiso para vincularlos al texto de la Ley”.

Avances

El sindicato ANPE también considera que el Gobierno ha hecho “un esfuerzo importante en el incremento de becas, para la gratuidad en el segundo ciclo de Educación Infantil y para la prórroga temporal de la jubilación voluntaria anticipada de los profesores, así como en lo presupuestado para los programas de Cualificación Profesional Inicial, escolarización post-obligatoria, programas de refuerzo y apoyo educativo, gasto en nuevas tecnologías y en la enseñanza de idiomas”. Pero cree que dicho esfuerzo es “insuficiente”, porque el complemento previsto para la función tutorial sólo alcanza al 60% de los docentes y la gratificación por evaluación positiva únicamente al 22%.
Además, dice que no se contempla incremento presupuestario para la reducción de jornada lectiva a los mayores de 55 años, y lamenta que la financiación de los programas de Cualificación Profesional para mayores de 16 años que no superan la ESO “queden en manos de las comunidades autónomas”. También advierte que “habrá que asegurar” que éstas se comprometan a aportar el 40% del presupuesto que les corresponde y que, en cualquier caso, “estos presupuestos están lejos de alcanzar el 7% del PIB demandado por la comunidad educativa en el Consejo Escolar del Estado”.
La Confederación de STEs-i considera inaceptable la memoria económica presentada por la ministra, y entiende que el MEC no ha escuchado esa demanda de llegar al 7% del PIB para el gasto educativo al acabar la presente legislatura, “ni tampoco de que exista una Ley de Financiación que obligue a los sucesivos gobiernos” a aumentar los presupuestos dedicados a enseñanza. Y denuncia que “el Gobierno opta claramente por la privatización del tramo 3-6 años, pues al declarar actualmente su gratuidad no existe a la vez compromiso alguno de creación de plazas públicas, sino la garantía de trasvase de fondos de las comunidades autónomas para pagar la concertación de ese nivel no obligatorio”.

Privatización

Esta organización teme también que las becas “se dediquen por igual al alumnado de centros públicos y al de los privados, con lo que seguiría reforzándose la privatización de tramos no obligatorios”. Califica de “totalmente decepcionante que sólo se plantee la prórroga por cuatro años de las llamadas jubilaciones LOGSE” que, su opinión, debería tener carácter indefinido. Afirma que las medidas sobre condiciones laborales del profesorado responden “a una concepción competitiva y neoliberal de la Educación, como es el pago de la tutoría cuando ser tutor es inherente a la función docente”. Y considera muy negativo que sólo se dedique un 10% del total a medidas de refuerzo y atención a la diversidad, y que no se establezca una “drástica reducción del número de alumnos por aula”. Las organizaciones que representan a los centros católicos, Educación y Gestión (EyG) y FERE-CECA, valoran positivamente “el esfuerzo del Gobierno por presentar una memoria económica de la LOE”, pero a la vez lamentan que “asuntos tan trascendentes como la revisión de los conciertos hayan quedado pospuestos de nuevo”. Sobre este tema, piden que se aborde de una vez por todas “la adecuación del módulo de concierto al coste real del puesto escolar, de forma que se subsane el enorme déficit histórico que se ha ido acumulando”. Quieren que se realice “un reparto proporcionado” de los fondos y recursos entre todos los centros, profesores y alumnos, tanto de la escuela pública como de la concertada. Y valoran positivamente la extensión de la gratuidad del segundo ciclo de Educación Infantil, pero exigen que dicha partida se dedique para ese fin y no se desvíe a otros conceptos.

Declaración de intenciones

También la confederación católica de padres, CONCAPA, valora positivamente el anuncio ministerial sobre financiación de la reforma educativa, ya que “por una vez parece que el Gobierno asume sus compromisos, y cumple con una de las cuestiones fundamentales para la puesta en marcha de las medidas incorporadas por la LOE”. Pero advierte asimismo que “la memoria económica no supone un compromiso de gasto, sino una mera declaración de intenciones que habrá de ser concretada por las distintas administraciones educativas”.
En este sentido, recuerda que “otras administraciones habían transferido antes fondos con destino a programas educativos que, finalmente, fueron destinados a atender otras prioridades políticas de cada comunidad autónoma”. Y muestra su preocupación por “cómo se va a financiar el segundo ciclo de Educación Infantil en todo el Estado, y por la “falta de concreción económica en algunas de las previsiones del Gobierno”. En particular “por el hecho de que se mencione la elaboración del Estatuto de la Función Pública Docente, sin cuantificar el coste que ello va a suponer”, o por el riesgo de que no se aplique un “trato igualitario a todos los centros que prestan el servicio de interés público y social de la educación, con independencia de su titularidad”.

Defender la escuela pública

Por su parte, la confederación laica, CEAPA, ha pedido al Ejecutivo que “no hable sólo de dinero que va a desatinar a la LOE”, sino que incluya también medidas para impedir que las comunidades autónomas vayan “en contra de las intenciones iniciales del Ministerio, y dediquen esos recursos a otros fines que no sean la mejora del sistema educativo”. Y ha insistido en que “su principal objetivo deben ser los centros públicos, puesto que son de su titularidad”.
Esta organización reconoce como “un avance” e hecho de que se haya cuantificado una partida económica para la reforma, y valora “positivamente la cantidad presupuestada”, pero muestra su “incertidumbre sobre el uso que se va a dar a ese dinero”. Cree que el MEC no ha aclarado si dentro de la Ley se incluirá el compromiso para que todas las autonomías lleguen al 6% del PIB en gasto educativo; si el reparto de los fondos será equitativo y tendrá en cuenta los recursos y el gasto actual de cada región; y cuánto se destinará a la red pública de enseñanza y cuánto al resto porque, en su opinión, en algunas comunidades “los esfuerzos se centran casi exclusivamente en los centros concertados”.

 

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