La escuela concertada se
siente discriminada en la LOE
La CECE, Educación y Gestión y la FERE organizan sendas jornadas para analizar y valorar el anteproyecto de Ley presentado por el MEC
Los responsables de los colegios concertados creen que la LOE limita sus derechos y discrimina al sector con respecto a la enseñanza pública, según han manifestado en dos jornadas organizadas por las patronales y los titulares de estos centros. También creen que vulnera el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, y no garantiza la financia- ción real para la escuela concertada.
Las organizaciones de la concertada creen que la LOE amplía el margen de desarrollo normativo y currícular por parte de las distintas administraciones, pudiendo aumentar las desigualdades entre distintas CC.AA. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. G. A.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha organizado una jornada para analizar el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), a partir de tres dictámenes referidos al ámbito jurídico, pedagógico e ideológico que han sido elaborados, respectivamente por los catedráticos José Luis Martínez (Universidad de Valladolid) y Ramón Pérez Juste (UNED) y Avelino Revilla, delegado Diocesano de Enseñanza de Madrid. Según ha afirmado la presidenta de la CECE, Isabel Bazo, estos dictámenes coinciden al denunciar que “la futura ley limita el derecho de creación de centros diferentes a los públicos, y pone a los concertados bajo sospecha permanentemente”.
También considera que “la LOE es una ley ideológica dirigida a la enseñanza pública, que es más cara, y limita el derecho de elección de centro escolar que tienen los padres, ya que es la administración quien planifica y controla la admisión de alumnos”. Y cree que aunque se mantienen los mismos porcentajes de las leyes anteriores sobre el currículo, ahora se da “una situación preocupante, por la dependencia del Gobierno respecto de algunas comunidades autónomas”. Por último, ha advertido que esta patronal acudirá al Tribunal Constitucional “si la futura Ley lesiona, como apunta el borrador, los derechos fundamentales de libertad de creación de centro, y de elección por parte de los padres del tipo de enseñanza que quieren para sus hijos”.

Simplificar las normas

Ha participado en esta jornada el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, quien ha destacado que la nueva legislación propuesta por el MEC pretende “simplificar y mejorar el mapa normativo en la enseñanza española, regido actualmente por cuatro leyes diferentes”. Su objetivo fundamental es “conseguir una educación de calidad, para lo que se ha contado con todos los sectores educativos y se han articulado medidas como prevenir las dificultades cuando se detecten, afirmar el carácter educativo de la enseñanza Infantil, considerar la atención a la diversidad como principio fundamental, hacer a los alumnos más fácil el tránsito de la Primaria a la Secundaria, y conseguir llevar al mayor número de jóvenes al éxito escolar”.
Ha insistido igualmente en que “para que la educación sea de calidad para todos hace falta la colaboración de todos los estamentos que participan en ella, el trabajo colegiado de los profesores, la cooperación entre las administraciones, y que las familias se involucren en el proceso educativo de sus hijos”. Y todo ello sin obviar “la necesidad de adecuar la normativa española a los objetivos europeos con el horizonte del 2010”.
Por su parte, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, ha reconocido “aspectos positivos” en la LOE, pero ha manifestado que “no se ha concebido desde el diálogo”, y presenta “aspectos preocupantes” sobre los contenidos mínimos. “Ya no se habla de contenidos comunes, lo que puede ser interpretado por las comunidades nacionalistas excluyentes como una carta blanca para confeccionar un currículo que no sea común para el resto del Estado”. En su opinión, “no se habla en ningún momento del derecho que tienen los padres a la elección de centro, y sólo se garantizan plazas de Educación Infantil en la escuela pública, concertando sólo cuando sea necesario y estrangulando la entrada de los niños a los centros concertados”. Cree que con la LOE habrá “una degradación de la ESO y se deteriorará la autoridad docente”, y considera que hay que volver a “los exámenes extraordinarios en septiembre”.

Responsabilidad compartida

La Confederación de Centros Educación y Gestión y FERE-Centros Católicos (FERE-CECA) también han convocado una jornada informativa para “analizar con detalle y rigor todos los aspectos jurídicos, pedagógicos y económicos” de este anteproyecto, especialmente en “lo que puede afectar a los centros concertados católicos”. Ha representado al MEC en este encuentro la directora general de Cooperación Territorial y Alta Inspección, María Antonia Ozcariz, quien ha calificado como prioritario el concepto de formación como proceso permanente y la cooperación entre todas las administraciones, que deben ser corresponsables en la financiación del sistema educativo y en la atención a todo el alumnado.
La directora general ha asegurado que la nueva Ley no va a suponer cambios en la doble red educativa “salvo correcciones puntuales”. Pero los responsables de la enseñanza católica consideran que el Ministerio no se ha planteado analizar por ahora “cuál es el coste real del puesto escolar” lo que, consideran es “una forma de admitir que en esa doble red los colegios concertados seguirán siendo centros de segunda, y que las familias que los escojan seguirán siendo castigadas por hacerlo”.

Desigualdades territoriales

Según las conclusiones de este encuentro, la LOE amplía el margen de desarrollo normativo por parte de las administraciones educativas, “con el evidente riesgo de que puedan incrementarse las desigualdades entre comunidades autónomas. Y tiene “una importantísima y nada desdeñable carga ideológica al posicionarse claramente a favor de la enseñanza pública, en detrimento de la concertada; a favor de la escuela neutra, más bien laica; y a favor de una intervención mayor de la administración en la planificación de los conciertos y de la oferta de puestos escolares, en detrimento de la libertad de creación y elección de centro”.
En el aspecto pedagógico califica de “retroceso” la promoción de curso con tres asignaturas suspensas, la desaparición de las pruebas extraordinarias, el aumento del número de repeticiones y la reducción de asignaturas en la ESO, así como el menor peso de las humanidades en toda la Secundaria. Valora negativamente la eliminación de la Prueba General del Bachillerato, “el endurecimiento de las condiciones del régimen de conciertos”, y aprecia “un retroceso claro” respecto a la autonomía de los centros, al aumentar “la intervención pública en perjuicio de los derechos del titular y de los padres de alumnos”.

 

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