En el presente artículo el secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, reflexiona sobre diversos aspectos
del anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, así
como sobre la importancia de un pacto educativo o la necesaria financiación de la nueva reforma.

La hora del profesorado

Carlos López Cortiñas
Secretario General de FETE-UGT

finales de marzo el Ministerio de

Educación presentó el anteproyecto de Ley Orgánica de la Educación. Este nuevo texto deroga la mayor parte de las Leyes educativas hasta ahora vigentes: LOGSE de 1990, LOPEG de 1995, LOCE de 2002 y modifica en parte la LODE de 1985.
Contamos ahora con un texto ambiguo en muchos de sus aspectos a la espera de que el trámite parlamentario lo concrete, dependiendo siempre de los apoyos con los que cuente el Gobierno. Además, dicha ambigüedad ofrece un amplio margen de desarrollo a las Autonomías, lo que puede acarrear el riesgo de desvertebración del sistema educativo.
Una cuestión fundamental para el posterior desarrollo de una Ley Orgánica, es que esté suficientemente financiada. En una de las Disposiciones Adicionales se indica que el objetivo es, incrementar el gasto público en educación para alcanzar la equiparación progresiva a la media de los países de la Unión Europea, esta media se sitúa en el 5,48% PIB, frente al actual 4,9% de España. Por el momento la Ley ha aparecido falta de memoria económica, lo que se traduce en un compromiso a conseguir.

Pacto Educativo

Lo cierto es que después de un ajetreado camino, entra la Ley en el Parlamento sin el deseado y reivindicado Pacto Educativo, y no será porque no lo hayamos intentado. Sin embargo y a pesar de esa insistencia, caben dos reflexiones al respecto: la primera, que todas las organizaciones hablamos de Pacto al inicio de la legislatura, porque quedaba bien, aunque luego nadie ha estado dispuesto a rebajar planteamientos. Y la segunda, la radicalidad de algunas asociaciones, que han impedido acercar posiciones.
Sin embargo, el texto trabajado para el Pacto está ahí, y el Gobierno en el Capítulo III del Título II que hace referencia a la escolarización de centros públicos y concertados, recoge los planteamientos que allí se plantean: Comisiones de Garantías de Escolarización y la reserva de plazas a disposición de la Administración para redistribuir la diversidad.

El tratamiento de la diversidad

Desde nuestra organización no percibimos que en su globalidad el anteproyecto mantenga una posición rupturista con la LOCE, salvo en determinados postulados. En algunos casos, las posturas mantenidas son similares a la anterior Ley, como ocurre con algunos aspectos sobre el tratamiento a la diversidad, en concreto los antiguos PIB, ahora denominados Programas de Cualificación, que también llevan a la obtención del título; e incluso el 4º de la ESO, que al remarcar su carácter orientativo, responde a los diferentes intereses del alumno de igual forma que lo hacía la LOCE en los cursos 3º y 4º de la ESO.
Aspectos como la gratuidad de la educación desde los tres años, la evaluación de diagnóstico, las medidas de refuerzo y apoyo, la diversificación a partir de 14 años, la atención temprana, la introducción de los idiomas y las nuevas tecnologías a partir de la Educación Infantil, parecen elementos positivos y demandados desde los claustros, que ya en su momento recogía la LOCE; pero, para que ahora puedan ser creíbles, la Ley debe venir acompañada de la correspondiente  financiación. No podemos olvidar que si la LOGSE fue cuestionada, no lo fue por sus planteamientos pedagógicos, sino que al faltarle la debida financiación, la diversidad recayó sobre el profesorado. Por eso, los claustros ahora están a la expectativa y serán más exigentes con la nueva Ley.
En cuanto a la Formación Profesional, el anteproyecto propone que las Administraciones puedan ofrecer cursos destinados a la preparación a las pruebas de acceso para los ciclos formativos de Grado Medio y Superior.
Desde FETE-UGT consideramos, que se debería ofertar en los centros un curso de acceso directo a la FP de Grado Superior, que permita seleccionar de entre los contenidos del Bachillerato aquellos que constituyan la formación de base de una o varias áreas profesionales. Este acceso se debe diseñar adecuadamente, pues de lo contrario, podríamos volver al antiguo desprestigio de la FP.

Educación para la Ciudadanía

También, vemos razonable el mantenimiento de la asignatura de la Educación para la Ciudadanía, incluso manteniéndola con un informe negativo del Consejo Escolar del Estado. El rigor en la educación en valores, que es exigido por la sociedad a los centros, sólo se dará si una asignatura específica canaliza todos los contenidos, al tiempo que se proyecta en las distintas materias que los alumnos tienen que cursar. Se debe compaginar la transversalidad de la educación en valores con una materia de estas características.
El diseño del plan de estudios de la ESO y del Bachillerato implican un cambio en profundidad. La presencia de algunas materias queda reducida, al tiempo que aparecen otras nuevas. Estos cambios producirán un impacto con consecuencias negativas para la vida cotidiana en los centros, que habrá que paliar.
Cualquier cambio de Plan de Estudios conlleva una redefinición de profesores por especialidad. Uno de los principales problemas de la LOGSE, desde el punto de vista de los profesionales de la enseñanza, fue el número de suprimidos, desplazados y en expectativas de destino, que acarreó consigo dicha Ley. Las tensiones generadas han afectado al profesorado de ciertas especialidades y han enrarecido el trabajo del Claustro. Una nueva sacudida en este sentido debería evitarse a toda costa.
Si el anteproyecto ofrece algún avance en la planificación educativa con respecto a la LOCE, en aquellos aspectos referidos a las mejoras de los profesionales de la enseñanza, es algo que por el momento no se concreta. Esperamos que dicha concreción se realice en la negociación del Estatuto, que ya hemos comenzado.

Negociación

Las mejoras retributivas, el mantenimiento indefinido de la jubilación LOGSE, la reducción de jornada, la promoción profesional, el acceso a la Función Pública… son aspectos que deben negociarse en dicho foro y que han de servir como elementos de motivación y estimulación para que el profesorado se implique, de nuevo, en un cambio de legislación.
Desde FETE-UGT somos plenamente conscientes de que “es la hora del profesorado” y que el Gobierno necesita un Pacto con los profesionales de la docencia. Ese Pacto puede dar mayor credibilidad a la Ley y al Estatuto, si se la dota de la suficiente financiación.

 

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