Formación docente para prevenir la violencia escolar
Expertos internacionales reclaman autonomía de los centros e implicación
de la comunidad educativa
Reforzar la formación y la autoridad moral del profesorado, además de coordinar los servicios de orientación son algunas de la conclusiones
del Congreso sobre la convivencia en las
aulas, que organizó el Instituto Superior de Formación del Profesorado en Madrid.
Alejandro Tiana se dirige a los parti- cipantes en el encuentro, en presencia de Antonio Moreno González, director del Instituto Superior de Formación del Profesorado, y de Peter Smith, del Goldsmiths College del Reino Unido.
(Foto: Rafael Martínez)

Madrid. ROSAURA CALLEJA
Para combatir la violencia en las aulas, los participantes apostaron por “un modelo global e integral de coordinación y convergencia de recursos, que permitan abordar las soluciones necesarias para una problemática multicasual”. Durante la celebración de este encuentro, se puso en evidencia que ni las medidas ocasionales, ni los modelos punitivos, ni el tratamiento puramente reglamentista de las soluciones conflictivas, sirven para corregir los problemas. De las conclusiones se desprende que las soluciones de carácter inclusivo, basadas en la restauración del daño con tareas al servicio de la comunidad y en una mediación para la reconstrucción de las relaciones personales, son las más eficaces.
Los expertos coinciden en que los proyectos educativos deben establecer normas claras de convivencia, elaboradas con la intervención de todos los sectores de la comunidad educativa. Los centros deben disponer de una amplia autonomía de organización y funcionamiento y es necesario reforzar la relación entre el centro y las familias.

Función tutorial

En el acto de inauguración, Alejandro Tiana defendió un modelo de centro con un grado notable de autonomía, en el que la tutoría constituye un elemento fundamental de relación con alumnos y familias, que propicie la detección y prevención de conflictos de convivencia. Para el secretario general de Educación es importante la recuperación de la autoridad moral del profesor, que debe ejercer de árbitro en la mediación de conflictos. Este modelo se basa en proyectos educativos propios del centro, adaptados a las necesidades de los alumnos, las familias y al contexto sociocultural.
De igual modo, Tiana analizó el valor formativo de la disciplina, entendida como la necesidad de exigir que todos los miembros de la comunidad educativa respeten las normas que han elaborado, para garantizar el respeto y la libertad de todos. Sin embargo, “una vez que aparece el conflicto en los centros, su resolución debe basarse en “restaurar el daño causado y en la reconstrucción de las relaciones personales afectadas”.
En su opinión, “la convivencia, como la educación, es una construcción colectiva que, para que tenga éxito, debe basarse en un esfuerzo compartido por padres, alumnos, administraciones educativas, profesores, centros y el conjunto de la sociedad”.

Bullying

¿A qué llamamos violencia escolar”, se planteaba Peter Smith, del Goldsmiths College del Reino Unido, quien hizo un repaso a distintas definiciones de violencia y bullying. Durante su intervención, reveló los factores individuales, familiares, sociales y naciones que contribuyen al bullying y afirmó que las políticas contra ese maltrato deben abarcar todas las relaciones entre alumnos y entre alumnos y profesores. A pesar de que valoró positivamente los programas educativos, reconoció que su éxito no es total y que “hay que estudiar y aprender mucho más”.
En el transcurso del debate sobre “La violencia escolar desde la administración”, Joaquín Trillo, responsable del área de Educación y Cultura del Defensor del Pueblo, reveló que en el año 1998 de los 24.000 expedientes o quejas presentados, solamente 5 eran de educación y se habían producido en Madrid y desde el 2000 al 2005 el número de expedientes ha sido de 21. No obstante, esta institución realizó una investigación en 300 centros, donde se pasaron cuestionarios a 10 alumnos de dos cursos de ESO. De este informe se desprende que se producían agresiones verbales en un 30%; un 9% de amenazas y un 4% de agresiones físicas. Mientras que el agresor solía ser compañero de la misma clase y, a veces, de cursos superiores, el 60% de las víctimas se lo cuenta a los amigos, el 36% a la familia, solamente un tercio se lo comunicaba a los profesores y el 20% no se sentía ayudado.

Convivencia escolar

Por su parte, José Antonio Luengo, secretario general del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, afirmó que “aprender a convivir debe ser un reto para la escuela” y entre las actuaciones formuló la necesidad de que la administración reconozca el trabajo del profesorado, conciliar los horarios de los alumnos, profesores y familias, favorecer desde los medios de comunicación el conocimiento de la buena convivencia en los centros y promover espacios de trabajo y puntos de encuentro para reflexionar sobre los trastornos de la convivencia.
Para Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada, la escuela reproduce los problemas de la sociedad y reveló que el 95% de los menores que llega al Juzgado presenta fracaso escolar. “Sólo se habla de los derechos de los menores, pero también tienen deberes en la familia, la escuela y la sociedad”, manifestó. 

Diversas actuaciones

Expertos internacionales intervinieron en una mesa redonda, donde analizaron la respuesta de sus respectivos países, ante la violencia en las aulas. En sus conclusiones, puntualizaron que aumentar el respeto por los compañeros aporta un nuevo sentido de responsabilidad y se mostraron partidarios de desarrollar una ética de convivencia. “Se trata de utilizar la solidaridad de los alumnos para superar el bullying”, precisaron. Los representantes de Noruega, Irlanda, Italia y Canadá revelaron que, ante este fenómeno, sus gobiernos han adoptado iniciativas y programas, basados en investigaciones previas.
En su ponencia, Mª José Díaz-Aguado esbozó el perfil del agresor, que presenta una profunda distorsión moral, carece de estrategias para enfrentarse a los conflictos y su prepotencia se basa en el fracaso. Mientras que las víctimas, suelen ser alumnos con necesidades especiales o pertenecientes a minorías étnicas o que mantienen buenas relaciones con los profesores. A su juicio, “todos podemos ser víctimas, siempre que alguien nos elija y que los demás no nos ayuden”.

Medidas preventivas

Para prevenir el conflicto, esta catedrática de Psicología de la Educación apuesta por adaptar la educación a los cambios sociales, diagnosticar los elementos que llevan al conflicto en el centro, por el aprendizaje cooperativo y por desarrollar alternativas para prevenir conflictos. En este decálogo también figuran un rechazo generalizado a la violencia, combatir el racismo y la xenofobia e incrementar esfuerzos contra el sexismo, así como fomentar la eficacia preventiva de la disciplina.
A juicio de Díaz-Aguado es imprescindible que la escuela coopere con familia y administraciones y poner a disposición del profesorado los medios que “permitan cambiar el mundo desde esa escuela que queremos tener”. Como conclusión expresa que “otra educación es posible, porque otro mundo mejor sin violencia es posible, sólo hay que disponer de los medios adecuados para hacerlo realidad”.

 

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