La LOE potenciará el consejo escolar y la autonomía de los centros

El director será designado por la Administración y la comunidad educativa

El anteproyecto de Ley Orgánica de Educación pretende que el consejo escolar recupere la partici-pación en el gobierno del centro. Este consejo, junto con la Administración y los profesores elegirán al director. Asimismo, la futura ley también hace hincapié en la autonomía de los centros públicos.
El título IV del anteproyecto de ley aborda los centros públicos, privados y concertados. (Foto: Rafael Martínez)

Madrid. ROSAURA CALLEJA
El título IV de este anteproyecto de ley aborda los centros públicos, privados y concertados y especifica que “para materializar el derecho de todos a la educación, la programación de la oferta educativa se hará desde la consideración de la educación como servicio público, que se prestará a través de la red de centros públicos y concertados”. Así como, adjudica a  las administraciones la oferta de las enseñanzas, que esta ley declara gratuitas y, como garantía de su calidad, las ratios de alumnos por unidad.
De la norma se desprende que, en la oferta de plazas, los responsables educativos armonizarán las exigencias de la educación, considerada un servicio público, con los derechos individuales de alumnos, padres y tutores, además de conciliar la libertad de elección de centro con el principio de equidad.
Asimismo, las administraciones dotarán a los centros públicos de los medios materiales y humanos, necesarios para impartir una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades, incidiendo en una infraestructura informática para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. También ofrecerán servicios educativos externos y favorecerán la relación de los centros con su entorno. No obstante, recibirán recursos extraordinarios los centros que escolaricen a alumnos que demanden apoyo educativo, en proporción mayor a la establecida o para su zona.

Biblioteca escolar

Otro apartado importante es el dedicado a las bibliotecas escolares, que facilitarán al alumno al acceso a la información y otros recursos de aprendizaje. El texto posibilita que los centros suscriban convenios con los ayuntamientos para el uso de las bibliotecas municipales.
En cuanto al régimen de conciertos, podrán acogerse los centros privados que impartan enseñanzas gratuitas. La cuantía global de los fondos públicos, destinados al sostenimiento de los centros concertados, se establecerá en los presupuestos de las administraciones. El importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las comunidades autónomas. En este módulo se diferenciarán los salarios de los profesores, personal de administración y servicios, mantenimiento y conservación y otros gastos derivados del ejercicio de la función directiva no docente. Otras cantidades se destinarán a atender antigüedad del personal docente y al pago de sustituciones. La remuneración del personal docente se hará, gradualmente, análoga a la del profesorado estatal de los respectivos niveles. La Administración abonará los salarios a los profesores como pago delegado y en nombre de los titulares del centro. El titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la Administración las nóminas y sus eventuales modificaciones. No obstante, la Administración no asumirá alteraciones en los salarios, derivadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios que se especificaban anteriormente.

Órganos de gobierno

Por lo que se refiere a los órganos colegiados de gobierno, los centros públicos dispondrán de consejo escolar, claustro de profesores y equipo directivo, integrado por el director, el jefe de estudios y el secretario. La participación de la comunidad educativa en el gobierno de los centros se efectuará a través del consejo escolar. Mientras que los profesores intervendrán en la toma de decisiones pedagógicas que corresponden al claustro, a los órganos de coordinación pedagógica y a los equipos de nivel, los estudiantes participarán en el funcionamiento de los centros con sus delegados de grupo y curso.
Este anteproyecto establece que los centros dispondrán de autonomía para elaborar y ejecutar un proyecto educativo y de gestión y para las normas de organización y funcionamiento. Las administraciones favorecerán la autonomía, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos se adecuen a los planes de trabajo y organización que diseñen, convenientemente evaluados y valorados.

Proyecto educativo

En este sentido, el proyecto educativo recogerá los valores, objetivos y prioridades de actuación que establezca el consejo escolar, además de incorporar la concreción de los currículos establecidos por la administración educativa y el tratamiento transversal en las áreas, materias y módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.
Las características del entorno social y cultural, la atención a la diversidad, el plan de convivencia deberán reflejarse en el proyecto, así como respetará el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales.
Con objeto de la que la incorporación de los alumnos a la Educación Secundaria sea gradual y positiva, los responsables educativos favorecerán la coordinación entre los proyectos educativos de los centros de Primaria y los de ESO.
Este proyecto de reforma hace hincapié en la autonomía de los centros públicos para la gestión económica, por lo que las administraciones pueden delegar en los órganos de gobierno de los centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros. Además, expresarán la ordenación y utilización de sus recursos materiales y humanos, a través de la elaboración de su proyecto de gestión. A principios de curso, los centros confeccionarán una programación general anual, que incluya la organización y funcionamiento del centro, con los proyectos, el currículo, las normas y los planes de actuación.

Consejo Escolar

La norma especifica la composición de consejo escolar, que contará, entre sus miembros, con el director del centro que actuará como presidente, el jefe de estudios, un concejal o representante del Ayuntamiento, profesores designados por el claustro, padres, alumnos, un delegado del personal de administración y servicios y el secretario del centro, que desempeñará esta función, pero sin voto.
Como novedad, esta norma introduce que, una vez constituido el consejo escolar, éste designará una persona que impulse medidas educativas, para fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
En los centros de Formación Profesional o Artes Plásticas y Diseño se incorporará al consejo escolar un representante de las organizaciones empresariales o instituciones laborales del ámbito de acción del centro. Mientras que en los centros específicos de Educación Especial y en los que tengan unidades para la atención de estos alumnos, también formará parte del consejo escolar un representante del personal de atención educativa complementaria.
Los alumnos podrán intervenir en este órgano a partir del primer curso de Secundaria Obligatoria, pero los estudiantes de los dos primeros cursos no podrán participar en la selección o el cese del director.

Competencias

Entre las competencias del consejo escolar, la ley organiza aprobar y evaluar los proyectos, la programación general anual y conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección de los candidatos. Una de las atribuciones más importantes se materializa en la selección del director, además sus miembros deberán ser informados del nombramiento y el cese del equipo directivo.
De igual modo, el consejo escolar tiene la capacidad de decidir sobre la admisión de alumnos, aprobar las normas de organización y funcionamiento del centro, conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar porque éstas se atengan a la normativa vigente. Para mejorar la convivencia en el centro, los miembros de este órgano plantearán iniciativas, además de favorecer la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. Otra de sus competencias es fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
Asimismo, los miembros del consejo escolar analizarán el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas, además de elaborar informes si se los pide la administración competente.

Claustro

Por su parte, esta norma define el claustro de profesores como órgano propio de participación de los docentes en el gobierno del centro, en el que interviene la plantilla docente en su totalidad bajo la presidencia del director. Entre sus atribuciones, se encuentran formular al equipo directivo y al consejo escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual, así como analizarán el currículo y los aspectos educativos de los proyectos y programación. El claustro coordinará la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los estudiantes y promoverán iniciativas en experimentación e investigación pedagógica y en la formación del profesorado.

Dirección

En su capítulo IV, este documento aborda la dirección de los centros públicos y explica que el equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, siguiendo las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas.
Por una parte, el director formulará la propuesta de nombramiento y cese a la administración educativa de los cargos de jefe de estudios y secretario, elegidos entre los profesores con destino definitivo en el centro. Por otra, las administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva, a través de medidas que permitan mejorar la actuación de los equipos directivos, en relación con el personal y los recursos materiales y organizarán programas y cursos de formación.
Como delegado de la administración educativa, el director ostentará la representación del centro y remitirá a los responsables educativos los planteamientos de la comunidad escolar. También ejercerá la dirección pedagógica, promoverá la innovación educativa e impulsará planes par conseguir los objetivos del proyecto de centro.

Resolución de conflictos

En el ámbito de la convivencia, el director resolverá los conflictos e impondrá las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, así como impulsará la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos, que faciliten la relación del centro con el entorno y fomentará un clima escolar que favorezca el estudio y la formación integral en conocimientos y valores para los estudiantes.
Para la designación del director, intervendrán la administración y la comunidad educativa, en un porcentaje de un tercio cada parte, pero que puede variar según las comunidades autónomas. Este proceso se llevará a cabo mediante concurso de méritos entre profesores funcionarios de carrera de los cuerpos correspondientes a las enseñanzas del centro. Los aspirantes deberán tener una antigüedad de cinco años, al menos, en el Cuerpo Docente, haber impartido docencia directa como funcionario de carrera durante el mismo periodo y prestar servicios en un centro público, por lo menos durante un curso; además, presentarán un proyecto de dirección con objetivos, líneas de actuación y evaluación.

Formación inicial

Los seleccionados deberán superar un programa de formación inicial, organizado por las administraciones educativas, no obstante, estarán exentos, los aspirantes que acrediten una experiencia de dos años, al menos, en la función directiva. El nombramiento tendrá una duración de tres años, aunque podrá renovarse por períodos de igual duración si la evaluación del trabajo es positiva. En ausencia de candidatos, la administración nombrará director, por un período de dos años, a un profesor funcionario.
El ejercicio de cargos directivos y, en especial, el director, percibirá una retribución diferenciada por la responsabilidad y dedicación exigidas y tendrá una valoración especial a efectos de provisión de puestos de trabajo en la función pública docente.

 

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