En el presente artículo, su autor, miembro del Comité Español del Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación, expone los objetivos y acciones que el Consejo de Europa pretende impulsar mediante la recomendación transmitida a todos los países miembros de la UE de promover actividades bajo el lema “Aprender y vivir la democracia”.

Año Europeo de la Ciudadanía
a través de la Educación

Antonio Bolívar
Miembro del Comité Español. Catedrático de Universidad

SISTIMOS a un  creciente  inte-

rés, tanto desde la teoría ética y política como de la práctica educativa, por la Educación para la Ciudadanía, en respuesta a la necesidad de contribuir a formar ciudadanos más competentes cívicamente y comprometidos, mediante la participación, en las responsabilidades colectivas. En este sentido, como afirma Guttman en su excelente texto sobre la educación democrática, “podemos decir que en una sociedad democrática la `educación política´ (el cultivo de las virtudes, el conocimiento y las habilidades necesarias para la participación política) tiene primacía moral sobre otros objetivos de la educación pública”.
Conscientes de su relevancia para el futuro de una sociedad, muchas políticas educativas, incluidos los organismos internacionales, cada vez más le dedican una amplia atención en sus orientaciones. En efecto, no es tanto la información lo que nos preocupa, en esta sociedad de la información y del conocimiento, cuanto la exclusión de hecho de amplias capas de la población, los rebrotes de intolerancia y xenofobia, la participación activa de los ciudadanos en los asuntos comunes o una convivencia en paz. Se puede incluso decir que, en todos los países occidentales, el orden de prioridades de la escuela se ha invertido en los noventa, ante el “déficit cívico” que acusan nuestras sociedades actuales y, particularmente, los jóvenes. Por todo ello, el Consejo de Europa ha declarado el año 2005 como el “Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación”, invitando a los Estados miembros a un conjunto de acciones para promover una ciudadanía activa y una cultura democrática. A tal fin se ha constituido en España, el pasado 8 de marzo, un Comité Español que tratará de impulsar los objetivos de esta recomendación europea bajo el eslogan “Aprender y vivir la democracia”.
Si bien precisa conocimientos, éstos no garantizan el ejercicio de una ciudadanía democrática. Por eso, revitalizar la educación para la ciudadanía, formar ciudadanos, significa no sólo enseñar un conjunto de valores propios de una comunidad democrática, sino estructurar el centro y la vida en el aula con procesos (diálogo, debate, toma de decisiones colegiada) en los que la participación activa, en la resolución de los problemas de la vida en común, contribuya a crear los correspondientes hábitos y virtudes ciudadanas. Es la configuración del centro escolar como un grupo que comparte normas y valores la que provoca una genuina Educación para la Ciudadanía democrática.

La Recomendación del Consejo de Europa

El Consejo de Europa considera que, para promover una participación activa en todos los ámbitos de la vida social, la Educación para la Ciudadanía Democrática representa un elemento esencial para la convivencia social por lo que debe ocupar un lugar prioritario en las políticas educativas, reflejada en sus planes de estudio y en la organización escolar, extendiéndose a la educación no formal a lo largo de la vida, en conjunción con las instituciones sociales. La coincidencia de la celebración del año con la actual Reforma educativa española, donde se aboga por una Educación para la Ciudadanía que agrupe toda la educación en valores, creemos, puede -en interacción mutua- contribuir a situar debidamente la acción educativa futura en este ámbito. Si bien no puede limitarse a una asignatura o área, pues es tarea de todo el centro y el profesorado y, más allá, responsabilidad primera de las familias y de toda la ciudadanía; también es preciso asegurar que el sistema educativo ejerce una acción decidida en esta dimensión.
La Recomendación del Consejo de Europa sitúa la tarea en todos ámbitos, siendo prioritaria la acción de la escuela, para conseguir la adquisición de las siguientes competencias clave: resolver conflictos de forma no violenta, argumentar en defensa de los puntos de vista propios, escuchar, comprender e interpretar los argumentos de otras personas, reconocer y aceptar las diferencias, elegir, considerar alternativas y someterlas a un análisis ético, asumir responsabilidades compartidas, establecer relaciones constructivas, no agresivas, con los demás, y realizar un enfoque crítico de la información. Esto no puede adquirirse de un modo efectivo “sin recurrir a métodos y enfoques educativos diversificados en un entorno democrático” que irían desde la participación activa de los alumnos en la gestión democrática de los centros hasta la conexión del colegio y la familia en objetivos comunes, pasando -lógicamente- por las acciones planificadas que se deban hacer en los propios centros educativos. De modo paralelo, la formación inicial y permanente del profesorado debe posibilitar contar con unos profesionales preparados para saber Educar para la Ciudadanía, dimensión prácticamente ausente en España en la formación inicial actual del profesorado. Por último, es una labor de primer orden la contribución que ejercen los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, por lo que conviene dar pasos no sólo para un código ético sino más allá para contribuir a difundir y educar en los hábitos democráticos.

Objetivos prioritarios

Son, pues, objetivos prioritarios del año: elevar la conciencia de cómo la educación puede contribuir a desarrollar la ciudadanía democrática y la participación, hacer de esta educación un objetivo prioritario de las políticas educativas y proporcionar medios y recursos para llevarla a cabo. Cuestiones clave para promover una Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos son, en primer lugar, desarrollar prácticas innovadoras en el gobierno democrático de las instituciones educativas, nuevos contenidos y metodologías para la enseñanza y el aprendizaje activo de la ciudadanía a lo largo de la vida, así como un intercambio de información, recursos y actividades, facilitado por las páginas web respectivas.
El Año Europeo dará lugar, entre otras, a un conjunto de actividades inicialmente planificadas en cuatro bloques: a) campaña de sensibilización en todos los niveles y medios tanto para extender los principios de la ciudadanía democrática como para extender “buenas prácticas”; b) Concursos y ayudas en convocatorias para profesores (materiales curriculares y experiencias educativas) y alumnos (trabajos sobre el tema); c) un Seminario Internacional sobre Educación para la Ciudadanía Democrática, a celebrar en mayo-junio; y, por último, c) Actividades variadas que desde el propio Comité y de las organizaciones representadas se puedan hacer.
Con tal finalidad, el MEC acaba de abrir una página web dedicada al tema [ http://www.educacionciudadania.mec.es ] donde, además de informar del Proyecto, recoge recursos educativos y enlaces, documentos e informará de la agenda de acciones que se lleven a cabo por el Ministerio o Comunidades Autónomas. Se invita a todo el profesorado a participar en su empleo o proporcionando experiencias o recursos. Por su parte, el propio Consejo de Europa también tiene su propia web: [ http://www.coe.int/edc ].
Más allá de la celebración del año, cuyas acciones y medidas deben permanecer en el sistema educativo y en la acción social, la Educación para la Ciudadanía Democrática debe situarse en la agenda de las reformas y de la praxis de las políticas educativas y -al tiempo-  constituirse en un factor de innovación tanto en la gestión de los centros como en los programas y métodos de enseñanza.

Entender la Educación para la Ciudadanía en un sentido amplio

La educación para el ejercicio de la ciudadanía debe ser entendido en un sentido amplio, no referido a alguna materia dedicada específicamente a ello, aunque en determinados niveles educativos (Secundaria y Bachillerato) su presencia quede asegurada si existe un tiempo y espacio, mediante una materia o área, dedicada específicamente. La educación para el ejercicio del oficio de ciudadano comienza, entonces, con el acceso a la escritura, lenguaje y diálogo; continúa con todo aquello que constituye la tradición cultural y alcanza sus niveles críticos en la adolescencia, con el aprendizaje y práctica de contenidos y valores compartidos que posibiliten la convivencia y cohesión política. La integración social supone que el sistema educativo debe asegurar a todo ciudadano la adquisición de todo aquel conjunto de saberes y competencias que posibilitan la participación activa en la vida pública, sin verse excluido. Por eso, en lugar de reducirla a un conjunto de valores éticos y cívicos, cabe entenderla mejor como el “currículum básico” indispensable que todos los ciudadanos han de poseer al término de la escolaridad obligatoria (capital cultural mínimo y activo competencial necesario para moverse e integrarse en la vida colectiva), lo que comprende también -sin duda- los comportamientos y actitudes propios de una ciudadanía activa.
La educación para la ciudadanía puede ser, además, un modo de conciliar el pluralismo y la condición multicultural.  Precisa, por ello,  ser reformulada para incluir la diversidad étnica y cultural, de forma que no sea excluyente sino integrador, en una ciudadanía universal o cosmopolita. La noción de ciudadanía, como ha defendido Habermas, no se debe asociar a una identidad nacional o a un conjunto de rasgos culturales o biológicos, sino a una comunidad que comparte por igual un conjunto de derechos democráticos de participación y comunicación. La tradición liberal, con su acento individualista en el ejercicio de los derechos, se nos ha mostrado insuficiente, aparte de haber dado lugar a una concepción de la democracia como mercado, con unos ciudadanos pasivos y escasos deberes con lo común. La insatisfacción con esta herencia ha provocado, desde distintos frentes (movimiento “comunitarista” en filosofía moral y política), reivindicar la educación para una ciudadanía distinta, más cercana a la “libertad de los antiguos”: la ciudadanía republicana, donde los individuos se sientan (“identidad cívica”) miembros de una comunidad, vinculados por un conjunto de deberes cívicos y no sólo derechos individuales.
Nos encontramos, pues, ante una fuerte reivindicación de una dimensión comunitaria de la vida. Es preciso, entonces, la formación de los ciudadanos en aquel conjunto de virtudes y carácter (hábitos) que hacen agradable (además de posible) la vida en común. Se entiende que la educación de los futuros ciudadanos debe tener como objetivo prioritario capacitarlos, conjuntamente, tanto para ser individuos autónomos (“aprender a ser”) en la esfera pública (herencia liberal ilustrada) como para vivir con aquellas virtudes cívicas necesarias para asumir y profundizar la democracia (“aprender a vivir juntos”), como señalaba el Informe Delors. Una capacidad propia de juicio debe conjugarse con unos marcos comunes, propios de la identidad comunitaria, que conduzcan a solidarizarse, compartir y colaborar. Se trata, conjuntamente, de fomentar de modo no neutral los valores liberales, pero también de promover un bien común compartido (del que forma parte el individualismo), que pueda aportar la necesaria cohesión e identidad social.
El civismo de los ciudadanos comprende todo aquello que hace posible una convivencia en el espacio público. Como comentan Victoria Camps y Salvador Giner en su Manual de civismo, “la democracia es la expresión política del civismo (...), asumir e interiorizar los valores democráticos o cívicos es la condición de la ciudadanía. (...) El civismo, de hecho, es el nombre de una ética laica, una ética de mínimos compartible por cualquier persona que quiera participar en la vida colectiva”. Como la condición de “ciudadanía”, el civismo incluye –por una parte– el conjunto de comportamientos propios de una “buena” educación, y –por otro– todos aquellos modos y valores (cultura o êthos) que conforman una cultura pública de convivencia, al tiempo que son expresión de unos determinados valores morales (laicos), sin los que no es posible la vida en común. Si bien no es la instancia única, y sola no puede llegar muy lejos, la educación escolar tiene un papel clave en la enseñanza de lo que Fernando Bárcena llamó “el oficio de ciudadano”.

La Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo

La propuesta del MEC de apostar por la Educación para la Ciudadanía, planteando la posibilidad de una nueva área o asignatura ha situado la cuestión en el debate curricular. Inicialmente caben dos grandes vías, que no tienen que ser alternativas sino complementarias, para organizar explícitamente la Educación para la Ciudadanía: institucional y curricular. Si bien debe cultivarse de modo explícito en el currículum, asegurando la educación en esta dimensión, no consiste sólo y especialmente en contenidos, sino algo que se tiene que vivenciar implícito en los distintos modos de hacer y proceder, lo que exige de una acción conjunta a través de un proyecto educativo y de la práctica docente cotidiana, especialmente en la acción tutorial. Después de la experiencia de la transversalidad, parcialmente fracasada, al haber quedado como una tarea de todos y de nadie, sin determinar tiempos y responsabilidades; para que no quede diluida, es preciso abrir la discusión sobre el modo adecuado de inserción curricular.
Desde el Proyecto Atlántida de una educación y cultura democrática hemos querido contribuir al debate formulando un análisis y propuestas, incorporando la larga experiencia que venimos desarrollando en los últimos años. Para superar los problemas de sólo una asignatura en horario especial, las acciones de la posible Área de Ciudadanía deben inscribirse en las estructuras y órganos pedagógicos del centro, reforzando igualmente la acción tutorial, y establecer una adecuada articulación con las familias y la comunidad más cercana.  Defendemos,  con las lecciones aprendidas de la implementación de la educación en valores, que el desarrollo curricular de este ámbito debe ser compartido por el Proyecto Educativo, el Plan de Acción Tutorial, y la asignatura o asignaturas afines.  Igualmente, se debiera pensar que el Área/Ambito de Ciudadanía sea coordinada por un profesional con un perfil específico y tiempo-espacio determinado, que en el caso de Primaria parece adecuado asignarlo a una nueva tutoría reforzada en horario y formación.
En Secundaria, si bien los peligros de “asignaturar” el tema son evidentes, tampoco cabe ya volver a un mero planteamiento transversal como hizo la LOGSE. Resulta necesario asegurar su presencia curricular en tiempos y espacios específicos, junto a la necesaria integración curricular para que el trabajo de los contenidos que se consideren relevantes no queden descontextualizados. Por eso, la discusión debiera repensar las posibilidades de un área específica y, en paralelo, qué tipo de contenidos serían los más adecuados para ser asumidos por las estructuras pedagógicas del centro, y cuáles por alguna materia específica. Al tiempo, hay que dejar organizativamente asegurado un trabajo de coordinación para el que es necesario establecer condiciones adecuadas.

Área de áreas

En esta última vía, cabe pensar en un coordinador o equipo que promueva, dinamice y supervise la formación de ciudadanía con los valores morales y cívicos en los centros. Dado que los espacios y tiempos de Educación para la Ciudadanía son diversos y concurrentes (proyecto educativo, tutorías y asambleas, actividades y relaciones cotidianas en los centros, programas específicos de mejora de la convivencia o de resolución de conflictos, asignaturas como Historia o Filosofía, contenidos transversales en las asignaturas, etc.) puede parecer una opción razonable establecer una especie de Área de Áreas, curricular y organizativa al tiempo, que pueda asegurar una acción conjunta y coherente. El único problema, como siempre, es el de no multiplicar los órganos y estructuras, cuando no siempre aseguran la función, aun cuando  —en determinados casos, bien asentados— pueden contribuir a asegurarla. En este sentido, cualquier nueva propuesta de las mencionadas, que aplaudimos por necesaria y urgente, deberá tener en cuenta además del modelo de formación adecuada, el currículum básico necesario para la educación de la ciudadana, donde se inscribe este ámbito, no como algo aparte. 
El diseño del currículum vigente en la ESO debe ser abiertamente debatido, pues no entrar en el suele conducir a supeditar las funciones futuras del sistema educativo, en las que situamos la Educación para la Ciudadanía, a las necesidades de la organización actualmente vigentes. Además, como ha planteado el Ministerio, es preciso un planteamiento comunitario (“entre todos). Si bien el desarrollo profesional de los docentes y el debate en torno al currículum necesario es una prioridad del mundo docente, estamos cada vez más convencidos de que un planteamiento de futuro debe partir de la corresponsabilidad entre los sectores educativos y —por tanto— de una educación compartida y coordinada entre los distintos agentes educativos. De no hacerlo se tiende los planes de mejora se estancan y  las responsabilidades correspondientes quedan diluidas en delegaciones mutuas. Área de conocimiento, acción conjunta del centro y acción comunitaria son, en efecto, el trabajo a tres bandas que deben ser debidamente articuladas para  “Aprender a vivir la democracia”, lema de este año.

 

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